La falta de respuesta del Estado obliga a Canarias a ampliar la emergencia con los menores migrantes

Con 5.860 menores migrantes bajo su tutela y sus centros de acogida sobrepasados (al 123% de ocupación), el Gobierno de Canarias decidió este lunes ampliar la declaración de emergencia en la atención de los chicos y chicas que llegan al archipiélago sin la compañía de un familiar.

«Desde el primer momento el Estado podría estar haciendo mucho más, movilizando más recursos, tanto económicos como humanos, y poniéndose del lado de quienes más lo necesitan», opinó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria. Cabello indicó que la sensación que tiene es que las «prioridades del Estado pasan por otro lado, como la financiación de Cataluña, y muchos otros temas que no son el de los menores».

Con la ampliación de la declaración de emergencia, lo que se permite es que «al ritmo en el que están llegando los migrantes y con las oscilaciones entre el 120% y el 160% de ocupación» en los centros, se pueda dar una respuesta más rápida. Todo ello, debido a que se consigue «agilidad administrativa» y que se facilite que los recursos permanezcan abiertos para dar atención a los menores migrantes que llegan a las costas de las islas.

Cabe recordar que desde agosto de 2023 el archipiélago declaró la situación de emergencia migratoria debido a la llegada de migrantes al territorio.

Así, el Gobierno reclama al Estado que dé una respuesta al drama humanitario que se vive en las islas. De ahí que el archipiélago siga apostando por la derivación extraordinaria, entre el resto de regiones, de 4.000 chicos y chicas para descongestionar sus recursos. Sin embargo, la cuestión se está demorando.

En principio, la intención de Canarias era tener las dos cuentas que quedan pendientes (el mecanismo legal a través del que se materializará y la financiación) durante los primeros días de marzo. Pero el archipiélago «sigue esperando y sin tener respuesta» por parte del Estado para tratar de dilucidar estas cuestiones.

Hace casi dos semanas que la reunión prevista entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid, tuvo que ser cancelada por motivos de salud de Montero. Sin embargo, aún sigue sin haber nueva fecha para el encuentro donde se fijaría la ficha financiera para que las comunidades autónomas hagan frente a la atención de los menores.

Tampoco hay información sobre el informe en el que está trabajando la Abogacía del Estado que determinará el mecanismo legal para llevar a cabo esta distribución extraordinaria (la proposición de ley, lo que defiende en Estado, o el decreto ley, propuesta de las islas).

En cualquier caso, la medida necesitará el respaldo de las fuerzas políticas que conforman el Congreso de los Diputados. La posición de los partidos, explicó Cabello, se conocerá una vez se tenga el texto cerrado y se viaje a Madrid en busca de apoyos. Con respecto a la decisión el Partido Popular, el portavoz del Ejecutivo autonómico defendió lo firme que se ha mostrado su socio de Gobierno, el líder de los populares en Canarias y vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, «en el sentido en el que se ha estado llevando a cabo la negociación».

Precisamente, durante este mes estaba previsto que se convocara una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Ceuta para que las comunidades autónomas, que son las que tendrán que compartir la responsabilidad de estos chicos y chicas, conocieran el contenido del texto. Sin embargo, este encuentro aún no ha sido convocado, lo que se suma a la lista de cuestiones a pendientes.

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