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La postura del Partido Popular tanto en la reforma de la ley de extranjería como en la distribución extraordinaria de 4.000 menores migrantes acogidos por las islas ha sido contradictoria, desde el principio, a nivel nacional y regional.
Por un lado, el vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP, Manuel Domínguez, se ha mostrado a favor de ambas medidas desde que comenzaran las negociaciones para el cambio en la norma. Además, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha elogiado en reiteradas ocasiones la «valentía» de Domínguez al «plantar cara» a su partido, despejando cualquier sospecha de una posible fractura en el pacto de Gobierno entre CCy el PP debido a esta cuestión. Mientras, la postura de los de Génova a nivel nacional ha estado marcada por el rechazo a unas medidas para descongestionar la red de acogida del archipiélago y dar una respuesta digna a estos menores.
Sin embargo, ayer Domínguez, en un acto en Fuerteventura, quiso dejar claro que sus palabras no le han llevado «a enfrentamientos con la dirección nacional, nada más lejos de la realidad». Así, defendió la necesidad de Canarias de «achicar la situación de presión» que se vive en el territorio. Indicó que es necesario «cerrar la salida de pateras y cayucos desde el continente africano hacia las islas». De no ser así, dijo, «dentro de un año se estará en el mismo debate» en el que se encuentran en la actualidad. Además, cargó contra el Gobierno de España, al que echa «en falta». Reclamó «acciones más contundentes de la Unión Europea» y del Estado que puedan «controlar las salidas y las fronteras» para «ayudar a las personas que se juegan la vida cada día».
Precisamente, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebró ayer el respaldo del comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, a la búsqueda de soluciones para poder garantizar una atención adecuada a los menores migrantes que llegan en solitario al archipiélago. Clavijo remarcó que es un «empujón positivo» que la UE traslade la necesidad de resolver esta cuestión a las autoridades españolas ya que, opinó, «esta presión no la puede soportar una comunidad autónoma por el hecho de estar más cerca».
Consciente de esta realidad, el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, insistió, en declaraciones recogidas por Efe, en la necesidad de que haya una reforma en el reglamento de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para que se pueda facilitar el despliegue en las zonas desde las que parten las personas migrantes, hacia las costas de España.
La distribución extraordinaria de 4.000 chicos y chicas acogidos por Canarias y 400 que están en Ceuta continúa en el aire. Aún queda por determinar la vía legal a través de la que se materializará la medida (decreto o proposición de ley) y la ficha financiera para la acogida.
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