El traslado de los solicitantes de asilo 'topa' con una red de acogida estatal que no está preparada

La obligación del Gobierno de España de hacerse cargo de casi 1.400 menores migrantes acogidos en Canarias tras el fallo del Tribunal Supremo se 'topa' con un gran problema: la falta de recursos del Estado para alojar a estos chicos. Ante esta situación las oenegés se han ofrecido al Gobierno para hacerse cargo de estos menores. Hay que tener en cuenta que el Estado cuenta desde hoy con ocho días para hacerse cargo de estas personas, un margen demasiado corto que juega en su contra. Técnicos de distintos ministerios se reunieron ayer para coordinar la respuesta ante la medida impuesta por el Supremo.

Los migrantes de menos de 18 ños que han solicitado protección internacional han crecido de forma sustancial en los últimos dos años por los conflictos en países como Malí y Senegal, pero hasta ahora se han quedado 'atrapados' en las comunidades de llegada, como Canarias, por el rechazo del Gobierno de España a hacerse cargo de ellos. Los casi 1.400 que hay en las islas llevan en algunos casos casi 500 días viviendo en el archipiélago sin que el Estado los asumiera. El fallo del TS viene ahora a confirmar que la competencia es estatal.

Quizás por esta razón el Estado incluye a estos 1.400 chicos dentro del cupo de los más de 4.000 que serán derivados desde las islas a otras regiones en el marco de la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, aprobada la semana pasada por decreto, como apuntó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió ayer tras ser preguntada sobre la posibilidad de crear un centro específico para estos 1.300 menores que el Ejecutivo trabaja «con un sistema absolutamente flexible para dar respuesta, analizando jurídicamente cada uno de los territorios y de los procedimientos que tienen que llevarse a cabo». Y sentenció: «La relación con diferentes administraciones, locales o autonómicas, es un 'modus operandi' a lo largo de todo el país y en este momento se analizan todas las situaciones, todos los procedimientos, todos los espacios, con todo el rigor. Son muchos los protocolos y los requisitos absolutamente exhaustivos. Estamos hablando de atender a personas, somos muy escrupulosos con todos los requisitos y, cuando se toman las decisiones, se comunican», según recoge Europa Press.

Desde el Gobierno de Canarias, su presidente, Fernando Clavijo, rechazó ayer de lleno las intenciones de Madrid y dejó claro que los 1.400 menores que han solicitado protección internacional no tienen nada que ver con los incluidos en el decreto de reparto. «El fallo del Supremo lo que viene a determinar es que todos los menores que son susceptibles de asilo o protección internacional y lo soliciten tienen derecho, y es el Estado el que tiene que prestarlo. Lo que le viene a decir al Gobierno de España es lo que llevamos diciéndole año y pico, que todos los menores no acompañados procedentes de Mali, unos 1.400, no son competencia de la comunidad autónoma, sino de la Administración del Estado», dijo.

Clavijo confía en que en los próximos días, el Gobierno de España se ponga en contacto con él para organizar la nueva tutela de estos chicos, ahora en manos del Estado. En el caso de Mali, más allá de las circunstancias particulares que alegue cada menor, hay una recomendación general de protección emitida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dada la situación de guerra, terrorismo yihadista y violencia que vive desde hace años ese país del Sahel.

A juicio de Clavijo, el Alto Tribunal «ha sido contundente diciéndole al Estado que ha hecho dejación de funciones porque es su responsabilidad y le da diez días (ocho a fecha de hoy) para que pasen al sistema nacional de refugiados», según recoge Efe.

• Temas
• España
• Gobierno de España