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El secretario general del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, fue ayer el gran ausente de la reunión convocada por Alberto Núñez Feijóo a la que estaban llamados los barones regionales y en la que se cargó duramente contra el decreto ley pactado entre PSOEy Junts para derivar a otras regiones, de manera obligatoria, a los menores migrantes que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias.
Desde el PP de Canarias se justificó su ausencia argumentando que Domínguez no había asistido a la reunión para asistir al Consejo de Gobierno.
Su falta se enmarca en la distinta postura que tiene Domínguez frente al resto del partido en lo que a la distribución de los chicos se refiere. Domínguez ha defendido en todo momento la derivación, mientras que el PP está dispuesto a llevar el decreto a todas las instancias judiciales que sean necesarias para frenarlo.
De hecho, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el comité ejecutivo de «convertir a los menores en monedas para comprar su permanencia en el Gobierno» y de «repartirlos a su conveniencia, no por sus necesidades, ni por las capacidades de este país».
Desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno hace una semana al cambio en la ley de extranjería, las voces de las comunidades gobernadas por el PP se han manifestado en contra de la medida. A ellas también se une Castilla–La Mancha, con el socialista Emliano García–Page a la cabeza, que tildó de «insultante» la reforma en la norma.
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Otra de las líderes críticas fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo, incluso, que llevaría la modificación ante la Unión Europea, si bien, días después declaró que acataría la norma «aunque no le guste» porque es la ley.
Ante este revuelo, el domingo pasado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el decimoquinto congreso insular del PSOE, pidió al Ejecutivo regional (con CCy PP en primera línea) que tratara de evitar cualquier intento por parte de las comunidades autónomas de recurrir el decreto.
Sin embargo, en respuesta al ministro canario, el Gobierno de Canarias pasó la responsabilidad al Estado y reclamó al Ejecutivo central, «a quien le corresponde articular su mayoría», que tome las medidas oportunas para lograr el respaldo mayoritario, en el Congreso de los Diputados, al decreto ley. Así lo manifestó el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer.
Este tendrá que ser convalidado en un plazo de 30 días en la Cámara Baja, y será ahí, apuntó Cabello, donde cada partido «pondrá encima de la mesa cuál es el sentido de su voto con respecto al drama humanitario» que vive el archipiélago.
En este sentido, el panorama es distinto al de julio del año pasado, cuando la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la norma no salió adelante porque PP, Vox y Junts votaron en contra. Sin embargo, el partido catalán ha garantizado su respaldo al cambio en la norma gracias al acuerdo cerrado con el Ejecutivo estatal para la delegación de competencias a Cataluña en materia migratoria.
Desde Canarias, remarcó el también viceconsejero de Presidencia, «lo que se ha hecho es adelantar el trabajo todo lo posible». Así, puso en valor los movimientos realizados por el archipiélago desde el inicio de las negociaciones y hasta que se materializara el acuerdo el martes pasado, y que ha hecho que el Ejecutivo haya ido «mucho más allá de lo que le correspondía».
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá el próximo miércoles 2 de abril con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y algunos consejeros del Ejecutivo regional para abordar la situación que vive este territorio, que es uno de los principales puntos de llegada de los migrantes que logran superar la ruta canaria. Durante le encuentro, se responderá a una de las principales peticiones de los vecinos de la zona y de aquellos que desempeñan su actividad económica en este enclave:trasladar los cayucos que arriban a las costas de la isla al puerto de La Estaca, cuya titularidad es estatal.
Se responde así a las peticiones de los vecinos de la zona, que basan su economía en la actividad pesquera y turística, y que han visto como el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, recibe a «casi el 50%»de las embarcaciones que llegan a Canarias, según especificó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer. Esto, justifican, ha originado un «detrimento»en la actividad económica y social del municipio, por lo que desde el Cabildo de la isla se ha ido solicitando, a lo largo de estos meses, que se liberara espacio en el muelle.
Así, en febrero, su presidente, Alpidio Armas, anunció que el dispositivo de atención de migrantes se trasladaría a un terreno de propiedad privada ubicado a 400 metros del espacio actual para minimizar el impacto social y económico.
Además, el mes pasado la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, estuvo en La Restinga para estudiar nuevos emplazamientos, cerca de la zona, para dar una primera atención digna a las personas migrantes que llegan al archipiélago después de superar la ruta canaria.
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