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El jueves 10 de abril se vota en el Congreso de los Diputados el decreto ley para que las comunidades autónomas se corresponsabilicen, de manera obligatoria, de los menores migrantes que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. Es el último paso que le queda por dar a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, si bien, tras ello comenzará el trabajo por parte de las regiones para poder llevarlo a la práctica.
«No tenemos miedo a los recursos ni a los que quieran ir al Constitucional», remarcó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado este martes, ante el rechazo a nivel nacional del Partido Popular (su socio de Gobierno) al texto. Los populares, desde que se aprobara la medida en el Consejo de Ministros la semana pasada, anunciaron que recurrirían el decreto ante los tribunales, pero el Gobierno canario se mantiene firme ya que cree que el cambio en la norma «es una cuestión de moralidad y justicia».
Clavijo trasladó en la sesión plenaria su deseo de que las fuerzas políticas que suscriben el Pacto Canario por la Inmigración en el archipiélago (todas salvo Vox) acudan a la Cámara Baja el 10 de abril para dar un ejemplo de «unidad» al resto de España. Todo ello, en una comparecencia en la Cámara regional, por petición propia, en la que dio cuenta del acuerdo alcanzado con el Gobierno de España tras 18 meses de trabajo.
Las comunidades autónomas tienen ahora hasta el 31 de marzo para aportar los datos sobre la ocupación de sus plazas de acogida. A partir de ahí, se determinará el número de menores que serán derivados a otras regiones a través de los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que participan todas las regiones, y que tendrá lugar en abril.
En la Cámara regional, el presidente de Canarias destacó la lealtad «de todas las instituciones canarias» implicadas en la acogida de estos niños y niñas que han emigrado sin la compañía de un adulto que pueda hacerse cargo de ellos y ellas:desde los municipios y cabildos hasta las ONG.
Los portavoces de los grupos que apoyan al Ejecutivo (AHI, CC, ASGy PP) celebraron este «hito». Como valoró el portavoz de la agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, el decreto ha supuesto un «triunfo para Canarias y un fracaso para el Estado», ya que debido a él ha relucido la derrota «de la solidaridad entre los territorios».
Por su parte, el líder de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, instó al Gobierno a que exija una «mayor implicación de Europa» ya que, bajo su punto de vista, no se puede permitir que «Bruselas continúe de perfil».
Desde la oposición, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, echó en cara al líder de CC que en su día (en septiembre del año pasado) asumiera el pacto migratorio del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Además, dijo haber echado en falta más palabras de reconocimiento hacia el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente durante este tiempo de la Comisión Interministerial de Inmigración.
Durante el pleno de este martes se puso en valor el papel jugado por El Hierro y su sociedad, ya que a esta isla, en concreto al muelle de La Restinga, llegan la mayor parte de las personas que sobreviven a la ruta canaria.
Precisamente, la próxima semana Clavijo y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se reunirán con vecinos de la zona para estudiar el traslado de los cayucos al puerto de La Estaca, medida a la que Comisiones Obreras se opone debido a que, argumentan, «esto incrementaría las horas de trabajo» de unas tripulaciones que han manifestado en reiteradas ocasiones estar «sobrecargadas».
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Europa Press. El Partido Popular cumplió ayer con su advertencia de llevar a todas las instituciones el decreto para distribuir a los menores migrantes entre las regiones. Así, los de Génova pidieron a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si el reciente acuerdo entre el Gobierno y Junts para repartir a menores migrantes no acompañados respeta el principio de solidaridad, tal y como establece el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En una pregunta parlamentaria, presentada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, subrayan que el reparto «amañado» prevé que Cataluña, que cuenta con ocho millones de habitantes, acoja «únicamente» entre 20-30 de los 4.000 menores migrantes no acompañados actualmente en Canarias.
Mientras, Montserrat criticó que la Comunidad de Madrid, con sus siete millones de habitantes, o Andalucía con sus ocho millones, deberá recibir más de 700. En este sentido, indicó que la diferencia es que «Cataluña está gobernada por el partido socialista, mientras Madrid está gobernada por el PP». Sin embargo, hasta que las regiones no se presenten sus datos de acogida, estas cifras no son definitivas, puesto que se calcularán una vez las comunidades aporten información sobre sus plazas.
«Las cifras muestran claramente que este reparto con tintes racistas y xenófobos se basa en criterios políticos espurios en lugar de principios objetivos de solidaridad y proporcionalidad, aseguró.
Además, la portavoz preguntó qué medidas va a adoptar la Comisión para garantizar que la reubicación de menores migrantes en España se realice de acuerdo con criterios objetivos, capacidad de las regiones y respeto al interés superior del menor, tal como establece el Derecho de la UE y la Convención de Derechos del Niño.
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