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El Gobierno de Canarias logró este miércoles alcanzar otra de las metas para dar una atención digna a los menores migrantes que llegan al archipiélago sin la compañía de un familiar que pueda hacerse cargo de ellos y ellas. El Tribunal Supremo requirió al Estado que se responsabilice, en un plazo «improrrogable» de 10 días, de los niños y niñas que han solicitado protección internacional, o que han manifestado su voluntad de hacerlo, y que en estos momentos son atendidos por los servicios de protección de menores de Canarias.
Según datos recogidos por Efe, el Ejecutivo regional tutela a 1.250 menores que han solicitado refugio, asilo o protección internacional. La mayoría de ellos son de Mali y Senegal. Además, según remarcó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras conocerse el auto, habría en torno a 1.345 chicos de Mali susceptibles de ser solicitantes de protección.
Como indicó Clavijo, estos chicos y chicas, que suponen el 20% de los 5.800 niños y niñas tutelados por el archipiélago, no entrarían en la distribución obligatoria entre las regiones alcanzada con el decreto ley que modifica la ley de extranjería, aprobado la semana pasada.
A partir de este punto, los menores que manifiesten su intención de acceder al sistema de protección serán tutelados por el Gobierno estatal, si bien, como remarcó Clavijo, el archipiélago ofrece plena colaboración para velar por el interés superior del menor.
Con esta medida cautelar positiva, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS determinó que es «imprescindible» que los niños y niñas solicitantes de asilo sean tutelados por el Estado para «corregir la actual situación de hacinamiento» que sufren en la red de acogida del archipiélago. Para el presidente canario, la decisión del TS viene a ratificar «la imposibilidad» de las islas de poder atender a los niños y niñas, y la vulneración «por parte del Estado de su deber de solidaridad y de acoger».
Desde el Ejecutivo central, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indicó que los servicios jurídicos del Ministerio del Interior, de Infancia y de Inclusión «están estudiando» el auto. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, exigió al Estado que atienda esta situación «como merecen estos niños» y espera que no haya recursos por parte del Ejecutivo central para «escurrir su responsabilidad».
El auto es el resultado de la petición de esta medida cautelar que la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario elevó al Gobierno de España en octubre del año pasado. En ella requería al Ejecutivo estatal que le proporcionara a estos menores migrantes el acceso inmediato, y la permanencia, al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
Sin embargo, la Abogacía del Estado se opuso a la petición y solicitó a la Sala que se denegara al entender que la petición respondía a una incorrecta interpretación de la norma, puesto que es la comunidad autónoma «la única competente» en la acogida de niños y niñas.
Diversos son los motivos que llevan a estos niños y niñas a jugarse la vida para huir de situaciones tan dramáticas como la guerra, discriminaciones o vulneraciones graves de sus derechos, sobre todo en el caso de las niñas. Según un informe elaborado por Acnur a través de 576 entrevistas a niños y niñas acogidos por el archipiélago durante el primer cuatrimestre de 2024, el 55% de los menores que llegan a las costas canarias podrían ser candidatos a refugio o asilo.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico sostuvo en su requerimiento que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de derecho de asilo. Con datos de Acnur a los que hace referencia el auto del Tribunal Supremo, entre enero de 2023 y noviembre de 2024 546 menores presentaron su solicitud de protección internacional. A ellos se suman los que estaban a la espera de ser atendidos, 350 y otros 325 que manifestaron su voluntad de solicitaron y quedaron a la espera de una cita.
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