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El análisis detallado de las cuentas revela una serie de movimientos financieros que, según los investigadores, podrían estar relacionados con la muerte violenta de María Dolores Illán Méndez y los presuntos intentos de su esposo Miguel Gallego Pousada -investigado por estos hechos y el porterior descuartizamiento de su cadáver- por ocultar rastros. Entre el 31 de marzo y el 17 de abril de 2020, un día antes del crimen machista, se registraron seis retiradas de efectivo por parte de la mujer, sumando un total de 18.000 euros.
Esta secuencia coincide con los testimonios de la gestora bancaria sobre las frecuentes visitas de la víctima al banco. En estos días, María Dolores acudió en reiteradas ocasiones a la sucursal, retirando importantes cantidades de dinero, lo que llamó la atención de los empleados bancarios.
Mostraba una actitud «muy nerviosa y desequilibrada, acudiendo a la sucursal sola y llevando en muchas ocasiones un carrito de la compra», manifestó la testigo trabajadora de la entidad.
Llamó la atención a la instrucción de la causa que meses después de matar supuestamente a su esposa, transfiriera 62.000 euros de la cuenta que tenían los dos en el Deutsche Bank a la suya propia.
El 23 y 24 de abril de 2020, apenas días después del crimen y descuartizamiento de María Dolores, Miguel Gallego realizó ingresos en efectivo de 18.280 y 8.000 euros, respectivamente. En sus declaraciones a los investigadores, alegó que había encontrado el dinero en su casa, un dato que, según los agentes, resulta significativo en la línea de tiempo del caso. Estos movimientos bancarios, además de ser atípicos respecto a las transacciones anteriores de la pareja, se realizaron en un momento clave en la instrucción del caso.
El 18 de agosto de 2020, cuatro meses después del crimen, el ex guardia civil realizó una transferencia de 62.000 euros desde la cuenta conjunta del matrimonio a la suya personal. Con esta operación, el ahora investigado eliminó cualquier vínculo financiero con su esposa, asegurándose el control exclusivo de los fondos que antes compartían.
Finalmente, el 1 de diciembre de 2020 se produjo la cancelación definitiva de la cuenta compartida, lo que marcó el punto final en la desvinculación económica entre Miguel Gallego y la fallecida, que oficialmente aún no figuraba como desaparecida ya que denunció su supuesta marcha voluntaria el 11 de marzo de 2021.
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Además, en estas pesquisas identificaron la compra de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Juan Rejón, por 80.000 euros en marzo de 2023, lo que se suma a otros movimientos financieros de relevancia. En este contexto, se registraron pagos regulares de deuda y transferencias de ingresos por alquiler, lo que sugiere un posible intento por parte del investigado de reorganizar sus finanzas.
Estos datos, que forman parte de la investigación en curso, fueron analizados minuciosamente por los agentes en su trabajo de esclarecer el origen y la intencionalidad de estos movimientos bancarios.
Este rastro financiero se ha convertido en una de las pruebas analizadas en la instrucción del caso, sugiriendo que el móvil económico podría haber sido un factor a tener en cuenta en la muerte de María Dolores Illán Méndez.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas interesó este jueves que Miguel Gallego Pousada siga siendo investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato, después de la comparecencia celebrada este jueves en los juzgados de Maspalomas. Ahora, la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Bartolomé de Tirajana, Ana Moreno Valenciano, deberá tomar una decisión al respecto.
El investigado por haber acabado con la vida de su mujer, para luego descuartizar su cuerpo y esparcirlo por varios puntos de Playa del Inglés, fue trasladado a primera hora desde la prisión de Juan Grande hasta sede judicial para asistir a esta comparecencia convocada con el objeto de concretar la imputación y pedir la práctica de nuevas diligencias de investigación.
En esta jornada, la defensa de el ex Guardia Civil -representada por el letrado Juan Rafael Martín Hernández, del despacho de Legalius Group-, solicitó que el procedimiento se continuara, no por los trámites del Tribunal del Jurado, sino por un presunto delito de homicidio por imprudencia, algo a lo que se opuso la Fiscalía. La magistrada tendrá que resolver vía auto.
Entre las diligencias que solicitaron las partes, están la aportación a la causa de las grabaciones del 112 cuando el investigado llamó en 2018 al ser supuestamente agredido por su esposa, la declaración del empleado de la vivienda de la calle Helsinki que lo vio llorando, también la de una de sus hijas con la que aún mantiene relación, el atestado policial referente al momento en el que la víctima fue interceptada el 18 de abril de 2020 por la mañana por la policía al saltarse el confinamiento, que el exagente sea examinado por un perito psicológico de parte y, por último, que este preste nuevamente declaración.
Miguel Gallego Pousada sigue en el centro penitenciario sureño catalogado como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), aunque en los últimos días se ha quedado sin medidas de Protección Penitenciaria (PPs), lo que supone una flexibilización de su régimen dentro del centro. Sin embargo, la dirección de la prisión ha dictado una orden para que permane
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