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La violencia machista siempre ocurre de puertas para adentro. De puertas afuera, los maltratadores suelen ser personas encantadoras y perfectamente normales. Solo quienes han sufrido sus gritos, ataques de ira, amenazas y abusos saben cómo se las gastan. Sobre todo, cuando el maltrato es principalmente psicológico y las huellas que deja son invisibles e indemostrables ante un tribunal de justicia.
Ellas, tras descubrir la naturaleza oculta de sus parejas, huyen, pero sus hijos siguen expuestos al maltrato y a ser empleados como un arma con las que seguir dañándolas. Una realidad que, sin embargo, no es contemplada por las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los menores.
«Cuando tu expareja te dice que no volverás a ver a tu hijo, te mata», afirma Virginia Gallego, una de las integrantes de Madres VIVA, un colectivo que agrupa a mujeres canarias que desean visibilizar la violencia vicaria y la complicidad de las instituciones para perpetuarla.
«Madres VIVA es un grupo de madres de Canarias que llevamos años viviendo violencia de género, violencia vicaria –el maltratador nos hace daño haciendo daño a nuestros hijos– y también violencia institucional, que se produce cuando el sistema que debería apoyarnos y protegernos a nosotras y a nuestras criaturas, no lo hacen», explica Nanda Santana sobre un colectivo que se comenzó a gestar hace casi dos años a través de un grupo de WhatsApp donde mujeres con problemas similares compartían sus inquietudes.
«Las siglas de VIVA significan madres valientes, insistentes –porque no vamos a parar hasta conseguir para nuestros hijos la infancia sin violencia a la que tienen derecho y las instituciones reparen el daño que les hacen–, madres veraces, porque no se nos cree y nosotras decimos la verdad, y le hemos añadido la 'a' de amorosas, porque el amor hacia nuestros hijos es la energía que nos mueve», comenta Santana.
«La importancia del grupo es saber que no estás sola. Cuando ves que no solo a ti te están intentando arrancar a tus hijos y empiezas a ver que es algo más común de lo que crees, encuentras ese apoyo, no sentirte tan sola y ser escuchada. Juntas somos más fuertes», añade Gallego.
Y es que estas mujeres viven momentos muy duros que las desgasta física, económica y emocionalmente. «Hay quien está jugándose en un juicio la custodia de tu hijo con una persona que ha sido condenada por violencia de género, cuando el Código Civil, reformado recientemente, dice que esto no puede ocurrir», resalta Santana.
«Vives en un estado de constante alerta, viendo por dónde te va a llegar el golpe. En mi caso, no era un golpe físico, pero podía venir de cualquiera de mis testigos», recuerda Santana sobre la batalla jurídica que tuvo que librar con su expareja tras sufrir maltrato psicológico.
Los juzgados acaparan buena parte de la vida y la energía de estas mujeres, obligadas a acudir a la justicia para trámites tan normales como viajar con sus hijos, llevarles a especialistas, cambiar de colegio o apuntarlos a una actividad extraescolar. Esta judicialización de la vida supone una extensión de la violencia vicaria.
Dicen que les tortura ver cómo las instituciones obligan a sus hijos a ver a sus progenitores, incluso cuando han sido condenados por violencia de género o por una agresión sexual infantil intrafamiliar. Supuestos, todos ellos, que incumplen la legislación.
«En la península hay cientos y cientos de mujeres que viven viendo cómo les arrancan a sus hijos por custodias compartidas impuestas cuando o un régimen de visitas incluso cuando el padre les ha agredido sexualmente», comenta Santana sobre un trance devastador.
«Como madre tienes que obligar a tu hijo a ver a su padre porque, si no, estás contraviniendo la sentencia que dice que tiene derecho a ver al niño en el punto de encuentro familiar», comenta la periodista respecto a lo que considera un típico ejemplo de violencia institucional.
«En Tenerife hay un caso de una madre cuya expareja está condenado por violencia de género. Pues esa madre tiene que llevar a su hijo al punto de encuentro familiar (PEF) para verlo. El niño está fatal. La madre está fatal. ¿Cómo va a estar?», relata la autora del libro 'Te haré la vida imposible. Cómo sobrevivir a la violencia machista psicológica y vicaria', donde refleja el infierno invisible que sufrió.
«Es una violencia vicaria e institucional que, vale, no te asesina, ni asesina a tu hijo, pero quienes somos madres sabemos lo que duele ver a tu hijo mal porque le están haciendo mucho daño», comenta Gallego.
Y es que las instituciones tampoco ayudan mucho y estas mujeres, completamente devastadas, se tienen que enfrentar a la incomprensión de algunos médicos, pediatras, psicólogos, fiscales, jueces y el propio personal de los puntos de encuentro familiar, empeñado en que prevalezcan los derechos del padre frente al bienestar del menor.
«Hay profesionales que nos acusan de sobreproteger a los hijos. Soy sobreprotectora porque miro los dientes a mi hijo, porque me quejo de que lleva ocho meses con piojos, porque cuando está con el padre solo come comida basura o por preguntar por su estado de salud», explica Gallego.
Este régimen de visitas impuesto en contra de la voluntad de los menores suele acabar con la adolescencia. «Mi hijo mayor, en cuanto cumplió 14 años, dijo que no quería volver a ver a su padre. El padre me decía que tenía que obligarle a irse con él porque era lo que decía la sentencia», relata Santana sobre el momento en el que su hijo tomó la iniciativa.
«A una niña de 16 años no hay manera de obligarle a nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandarme a la policía?», sostiene Gallego.
En algunos casos, sí se recurre a las fuerzas de seguridad para obligar a cumplir el régimen de visitas. «A nivel nacional hay muchas custodias compartidas impuestas a maltratadores cuando el Código Penal, ha sido reformado recientemente en la línea de que, si hay condena por violencia de género, no hay régimen de visitas que valga. Sin embargo, los jueces siguen dándolas», recalca Santana con perplejidad.
Los casos de violencia psicológica son difíciles de demostrar. Es la palabra de uno contra la de otra y prevalece la presunción de inocencia. «Es tan sutil que nunca llegas a denunciar. ¿Para qué? Si no tienes pruebas. ¿Qué pruebas tienes de que él salió de la casa jurando que no va a parar hasta que te quite el niño?», añade la educadora canina.
Madres VIVA echa en falta formación especializada en el ámbito de la violencia de género en los profesionales encargados de velar por los menores. Además, se quejan de que no hay una supervisión del trabajo del personal, en ocasiones poco cualificado, de empresas subcontratadas por la administración para gestionar los puntos de encuentro familiares.
También el grupo se ha percatado de que son los mismos forenses los que informan positivamente de las custodias compartidas con maltratadores. «Vemos patrones que se repiten en ciertos profesionales», apunta Santana que recuerda que, cuando hay violencia de género, los menores también son víctimas que deben ser protegidas de sus victimarios.
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