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Todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias, salvo Vox, celebraron este miércoles la aprobación del decreto ley para hacer obligatoria la derivación a otras regiones de los menores migrantes que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias o Ceuta, sin la compañía de un familiar que pueda hacerse cargo de ellos y ellas.
Eso sí, los grupos lanzaron una advertencia: se mantendrán vigilantes ante cualquier 'boicot' que las regiones u otras fuerzas políticas puedan realizar a la medida. Es la promesa que han hecho los grupos parlamentarios que forman parte del Pacto Canario por la Inmigración, que se reunió ayer en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dejó caer que en caso de que se presenten recursos de inconstitucionalidad al decreto, el Gobierno de Canarias se personará «para la defensa de su constitucionalidad». Espera que, de darse esta situación, se mantenga «la unidad» que demuestran en estos momentos las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias, a excepción de la ultraderecha. Una unidad que ha sido «fundamental» para conseguir este acuerdo.
Después de 18 meses de trabajo, la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería es una realidad, pero el pacto es consciente de que el trabajo «no acaba aquí». Ahora queda que, en el plazo de un mes, el decreto sea convalidado en el Congreso de los Diputados. Y, con el apoyo de Junts, su refrendo estaría garantizado con los votos a favor de los grupos que avalaron la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Junts, ERC, EH Bildu, Sumar, PNV, BNG y Coalición Canaria), por lo que no se necesitaría el respaldo del Partido Popular.
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Para Clavijo, atrás queda lo que sucedió en julio del año pasado, cuanto los votos en contra del PP, Vox y el partido independentista tumbaron la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la norma de extranjería. Todo ello, debido a que fue el partido de Carles Puigdemont el que anunció el acuerdo alcanzado con el Estado. «Cuando hemos hablado con ellos han mantenido su palabra», apostilló. No obstante, aunque el PP (su socio de Gobierno en Canarias) rechaza el decreto, abre la puerta a hablar con ellos «para que haya un amplio acuerdo como en otros sitios de Europa».
Como recordó Clavijo al término de la reunión del pacto, las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para comunicar su «capacidad ordinaria», esto es, de cuántas plazas disponen y cuál es su cupo mínimo. Ahí se podrá comenzar a hablar de las derivaciones desde los territorios con su red de respuesta saturada, como es el caso de Canarias o Ceuta.
Tras tantos meses de espera, el presidente canario trasladó que el archipiélago se mantendrá «paciente», puesto que ahora se inicia un trabajo por parte de los funcionarios, valoradores, la Fiscalía, entre otros, para velar por el interés superior del menor. Los niños y niñas serán escuchados, y se estudiarán sus casos en particular para decidir qué es lo mejor para ellos y ellas y evitar que se vean expuestos a otro proceso de desarraigo. Por tanto, Clavijo espera que «de aquí al verano se pueda estar funcionando en pleno rendimiento».
El decreto establece que cuando un menor llega a un territorio con su red de acogida saturada, lo que minimiza la posibilidad de poder darle una respuesta digna, se tienen 15 días para que la comunidad autónoma pueda reubicar a este niño o niña en otro territorio.
Algunas regiones ya han mostrado su descontento con la medida e incluso han elevado la posibilidad de recurrir este decreto ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, desde Canarias no se achantan. Como remarcó el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, el documento está «sólidamente construido». Mientras, el portavoz de Nueva Canarias–Bloque Canarista, Luis Campos, incidió en que ahora comienza «una segunda etapa» después de que el Consejo de Ministros aprobara la reforma este martes. Una etapa, dijo «que no es sencilla», debido a que su despliegue en su totalidad» tardará «meses» y por los anuncios que han emitido algunas regiones y fuerzas políticas de que «van a intentar boicotearlo y poner palos a las ruedas». Ante esta adversidad, apuntó, tocará «enfrentarse en su momento».
Durante la reunión del pacto, las fuerzas políticas remarcaron su compromiso en desarrollar políticas de cooperación con países como Mauritania, Senegal o Marruecos, desde los que parten la mayoría de cayucos con personas que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor.
Desde el pacto, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, incidió en que hay que seguir impulsando «políticas grandes vinculadas a Europa y también a África para reducir un fenómeno que indudablemente existía antes, ahora y existirá en el futuro».
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, espera que el PP no ponga «dificultades para que el acuerdo se desarrolle en el Congreso, y sobre todo, en la gestión con las diferentes comunidades autónomas con más reparo». Criticó que el Gobierno de Canarias haya utilizado el argumento de sentirse «sola», cuando la realidad, apuntó, es que en «los últimos tres años», el Gobierno de España ha derivado «a más de 101.000 personas migrantes».
Si hay que hablar de una isla que ha hecho grandes esfuerzos para dar respuesta a este drama humanitario es El Hierro. Por ello, el portavoz de Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, celebró que la medida llega para «descongestionar los centros». En la isla, dijo, «se ha llegado a tener 300 menores».
Claves del decreto ley
El decreto recoge la introducción en la ley de Extranjería de un nuevo artículo (el 35 bis) que prevé que la Conferencia Sectorial de Infancia acordará por unanimidad los requisitos para declarar la contingencia migratoria, el plan de respuesta (en 3 meses desde la entrada en vigor del decreto) y los criterios de aplicación para el traslado de los chicos.
Se declarará para la protección del interés superior de los menores en aquellas regiones cuyo sistema de protección exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Esta declaración se hará en un plazo de cinco días naturales desde la comunicación por parte de cada región y se trasladará a todas las comunidades autónomas.
Se declarará para la protección del interés superior de los menores en aquellas regiones cuyo sistema de protección exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Esta declaración se hará en un plazo de cinco días naturales desde la comunicación por parte de cada región y se trasladará a todas las comunidades autónomas.
Se añade otro artículo a la ley (el 35 quarter) que recoge que una vez decidido el lugar de traslado se escuchará al menor y a la comunidad autónoma de destino y se dará conocimiento a la Fiscalía, garantizando los derechos de los chicos. La resolución se inscribirá en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados.
El traslado a la región de destino se tendrá que producir en 15 días naturales a contar desde la inscripción del menor en el citado Registro de Menores Extranjeros no Acompañados. Un artículo más (el 35 quinquies) recoge los criterios de aplicación de respuesta solidaria ante la emergencia migratoria extraordinaria.
Se añade a la ley de Extranjería una disposición adicional undécima que regula la capacidad ordinaria de cada región y se incluye la creación de un Fondo con el Ministerio con competencia en menores para compensar los costes ocasionados por la sobreocupación y el traslado de los menores de unas regiones a otras.
La disposición adicional segunda recoge que las reubicaciones de los menores deben hacerse en el plazo máximo de un año, a contar desde su entrada a vigor y por tanto, hasta marzo de 2026. La final segunda protocoliza las actuaciones que deberán seguir las regiones para coordinar la ubicación de los menores.
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