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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves —con 179 votos a favor y 170 en contra y una abstención— el Real Decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y permite la redistribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas cuando se supere el 150% de la capacidad de acogida. La medida, defendida por el ministro Ángel Víctor Torres como una respuesta solidaria y estructural, llega nueve meses después del primer intento fallido. El texto ha generado un tenso debate en el hemiciclo, con el apoyo de la mayoría del bloque progresista y el rechazo del PP y Vox.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió la convalidación del decreto y pidió al Partido Popular y a Vox que se sumaran al respaldo de la medida, algo que finalmente no ocurrió, según quedó claro tras la intervención de ambos grupos.
«Debemos defender el interés superior del menor, garantizando sus derechos. Ningún representante público debería poner obstáculos. Es un muy buen Real Decreto-ley», afirmó Torres desde la tribuna. El ministro insistió en su llamamiento a la oposición: «Quiero pedir que no se queden fuera. Se lo digo a ustedes, los de Vox. Y se lo pido también al PP». Además, cuestionó si los recursos presentados por gobiernos autonómicos del PP ante el Tribunal Constitucional contaban con el aval de la dirección nacional del partido.
Torres recordó que, desde que Adán Martín presidía el Gobierno de Canarias, hace ya dos décadas, el archipiélago ha asumido en solitario la gestión de la crisis migratoria. Durante su comparecencia en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Martín ya se refirió a los menores migrantes no acompañados como un asunto «especialmente sensible», que representa «la defensa de los valores éticos y morales». Y añadía: «Si la situación en Canarias ya es de por sí dramática, ¿cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida cruzando el Atlántico?».
El ministro también señaló que en Andalucía —comunidad que este miércoles anunció que recurrirá el decreto ante el Constitucional— en 2018, casi el 50% de los menores migrantes no acompañados llegaban a sus costas. Añadió que, en otros momentos, Murcia, la Comunidad Valenciana o Baleares han sido puntos de llegada. Por ello, defendió el cambio en la Ley de Extranjería como una «solución estructural» a un problema que puede desbordar a cualquier comunidad frontera. «Apoyar este decreto es una cuestión de humanidad», afirmó.
Torres anunció también que tras la aporbación del decreto se desarrollaría en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que debe ser convocada como máximo tres meses después de la aprobación de la norma por el Consejo de ministros, es decir, antes del 20 de junio del presente año. «Pero les adelanto que no se agotará ese plazo, al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del Real Decreto», afirmó.
Minutos después la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijo que el próximo 28 de abril reunirá a la comunidades autónomas para fijar los criterios del reparto de menores migrantes no acompañados.
La diputada nacionalista Cristina Valido (Coalición Canaria) agradeció a los grupos que apoyaron la convalidación del decreto por haber entendido que «los niños y niñas que llegan a la frontera sur son un asunto de Estado, y no un problema», reclamando que Canarias lleva 20 años afrontando sola esta crisis.
Valido recordó que este cambio no habría sido necesario si se hubiera cumplido con «la solidaridad interterritorial», algo que, dijo, «no le ha importado a nadie». Afirmó que fue necesario firmar «la Agenda Canaria» para que se respetaran los derechos de los menores migrantes.
La diputada canaria dijo que había oído en el Congreso que les estaban haciendo un favor a Canarias. «No señores, no se olviden que esto es responsabilidad de todos ustedes porque, si no lo entienden, tampoco merecen estar ahí sentados», afirmó desde la tribuna.
También intervino la diputada canaria Noemí Santana (Podemos), quien habló de lo «doloroso» que era ver a comunidades autónomas que, en lugar de «pensar en los derechos humanos», mantienen un doble discurso. Pidió además a los diputados del PP por Canarias que votaran a favor.
Por parte del PSOE, subió a la tribuna Luc André Diouf Dioch, quien pidió al Congreso que entienda que los menores migrantes no acompañados «no son números. Tienen nombre, apellido e historia. Han dejado sus países en busca de un presente y un futuro mejor en España. Quieren estudiar, trabajar y cumplir sus sueños». Y añadió: «Son niños, niñas y jóvenes que en estos años se han convertido en la diana del odio y la xenofobia», en referencia directa a la diputada de Vox, María José Rodríguez de Millán. El grupo de ultraderecha, señaló Diouf, «tiende a intervenir pensando en las redes sociales, generando alarma social desde una posición racista que inocula el odio hacia el otro, una estrategia que estamos viendo extenderse por todo el mundo».
Jon Iñarritu, de EH Bildu, lamentó que hayan tenido que pasar nueve meses para sacar adelante el decreto y denunció la «doble vara» con la que, según él, se trata a los refugiados de Ucrania frente a quienes vienen de África.
En su intervención, el diputado Josep Maria Cervera, de Junts per Catalunya, destacó que su comunidad ha sido «pionera» en el acogimiento y que sabe lo que significa que el sistema esté «tensionado», pues eso «resta oportunidades» a los menores. «Es imprescindible no tensionar el sistema y proporcionar recursos para la integración de niños y adolescentes, y acompañarlos cuando dejan de ser menores de edad», dijo, anticipando así el voto favorable de su grupo.
Desde Sumar, Vicenç Vidal Matas defendió el cambio en la ley como una «solución estructural» y criticó duramente al PP por «abandonar a Ceuta y a Canarias a su suerte, pese a que gobiernan allí». También cargó contra la diputada de Vox por utilizar el término «mena», que, dijo, «deshumaniza a niños y niñas que están solos y merecen un proyecto de vida digna».
El diputado de UPN, Alberto Catalán, justificó el voto en contra de su formación alegando que, aunque sienten «solidaridad» por Canarias, no tienen «confianza en el Gobierno».
Para el Partido Popular, el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería que contempla el decreto es «un parche», según afirmó la diputada Ana Isabel Alós López. Tildó de «hipócritas» a quienes defienden la modificación y aseguró que «nadie va a dar lecciones al PP». Criticó al Gobierno por haber «cedido al chantaje de los independentistas» para excluir a Cataluña del reparto.
Alós también denunció que el mecanismo de reubicación de menores es «unilateral» e «impuesto» por el Ejecutivo, y aseguró, como ya han hecho las seis comunidades gobernadas por el PP que han anunciado un recurso ante el Constitucional —Valencia, Andalucía, Baleares, Murcia, Cantabria y Aragón—, que el decreto «vulnera competencias autonómicas».
Además, pidió que se verifique la edad de los adolescentes que vayan a ser trasladados y calificó el decreto como «la constatación del fracaso de la política migratoria del Gobierno de Sánchez», anunciando, además, el voto negativo de su grupo.
1.008 Son los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y a los que afecta el auto del TS.
Nueve meses Es el tiempo que ha transcurrido desde que se rechazó por pirmera vez la reforma de la Ley de Extranjería.
Tres meses Es el tiempo que tiene el Gobierno para establecer un plan de contingencia una vez se apruebe el decreto.
Un año En base a ese plan se establece una periodo máximo de un año para concretar las reubicaciones necesarias.
El texto ha llegado a la Cámara Baja nueve meses después de que el primero que se presentó no saliera adelante por falta de apoyo parlamentario. Fue a principios de julio de 2024 cuando el PSOE, Sumar y CC registraron una proposición de ley para la reforma de la Ley de Extranjería. A finales de ese mes se rechazó por 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención.
La norma establece que, en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor, se aprobará un plan de respuesta solidaria ante situaciones de contingencia migratoria que afecten a la infancia y adolescencia migrante no acompañada. A partir de ahí, las reubicaciones necesarias deberán completarse en un plazo máximo de un año.
Actualmente, Canarias acoge a unos 4.500 menores migrantes no acompañados, muchos de los cuales podrían verse directamente afectados por esta reforma. El nuevo sistema permitirá al Estado intervenir cuando una comunidad autónoma supere el 150 % de su capacidad de acogida, redistribuyendo a los menores entre otras regiones para evitar el hacinamiento en los centros.
Tras la convalidación del decreto, el Ejecutivo informará al Tribunal Supremo de las medidas adoptadas en relación al auto de medidas cautelares positivas emitido el pasado 26 de marzo. En él, el alto tribunal exigía garantizar la protección internacional de 1.008 menores migrantes no acompañados que tutela Canarias y que han solicitado asilo en España o que ya han sido reconocidos como refugiados. El plazo para responder a esta resolución judicial vence precisamente este jueves.
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Efe. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía instó este miércoles a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a iniciar las actuaciones necesarias para interponer el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto sobre el reparto de migrantes menores a las comunidades autónomas.
La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la decisión del Ejecutivo andaluz de recurrir el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Se convierte así en la sexta comunidad donde gobierna el PP que acude al TC tras Madrid, Valencia, Aragón, Baleares y Cantabria.
El Gobierno andaluz considera un agravio el reparto de menores migrantes, así como que se invaden las competencias de las comunidades autónomas y el Ejecutivo central no aporta los fondos suficientes para poder atender a los menores, según ha apuntado la portavoz del Gobierno andaluz. Los fundamentos del recurso son la invasión de competencias por parte del Gobierno, según la consejera, quien ha añadido que la decisión adoptada este miércoles supone el «pistoletazo de salida» del recurso.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, apuntó este jueves que con la convalidación del Congreso de los Diputados del decreto ley que permite dar una solución para la distribución de los menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas «se ha hecho justicia con Canarias». Clavijo reconoció que «hoy hemos dado un gran paso, ya que, España se dota de un sistema nacional de acogida de menores no acompañados». Asimismo, manifestó que «es una batalla que Canarias con unidad ha ganado» e incidió que llega para «hacer justicia con esos niños y niñas y para hacer justicia con Canarias».
En este sentido, el presidente Clavijo se mostró convencido en que «la ley se cumpla». Sobre los anuncios de inconstitucionalidad el jefe del Ejecutivo aseguró que «defenderemos este decreto ley en los tribunales y no permitiremos que se utilicen tácticas dilatorias para garantizar los derechos y el bien superior de los menores».
El jefe del Ejecutivo canario señaló que «hoy Canarias ha hecho posible por primera vez en 30 años -desde la llegada de la primera patera a Fuerteventura- lo que otros insistían en afirmar que sería imposible, dar una respuesta de Estado a un fenómeno estructural que va a seguir en el tiempo y que no podíamos seguir gestionando en solitario».
No obstante, el presidente Clavijo subrayó que la respuesta al drama migratorio de la Frontera Sur es resultado del «diálogo, la unidad y el consenso con el que Canarias lleva gestionando una situación de emergencia en los últimos 18 meses».
Precisamente, en este contexto tuvo palabras de agradecimiento para «el tercer sector, a los medios de comunicación y a todos los grupos políticos que a excepción de Vox siempre tendieron la mano y sumaron esfuerzos para exigir al Estado la solución que ha llegado hoy». Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a todas las administraciones canarias, «a los 7 cabildos, a los 88 ayuntamientos, a las entidades sociales, a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, y, en definitiva, al conjunto de la sociedad canarias porque una vez más hemos demostrado que cuando luchamos y defendemos esta tierra juntos, Canarias avanza».
El jefe del Ejecutivo canario hizo especial atención al pueblo herreño que «ha dado todo un ejemplo de solidaridad y convivencia en situaciones límites que han afectado su día a día». También hizo mención especial a Lanzarote, que se vio obligada a declarar la emergencia social.
El Decreto Ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratorias extraordinaria llega 18 meses después de la declaración del Gobierno canario de la emergencia social por la situación migratoria en las islas.
A lo largo de estos meses el Gobierno de Canarias lideró una ofensiva ante el Estado y ante la Unión Europea con el fin de recabar respuestas a la emergencia migratoria en la Frontera Sur de Europa y lograr una «gestión corresponsable y solidaria» del fenómeno migratorio.
En esa ofensiva, que ha tenido como principal objetivo la reforma legislativa, también se incluye desde la solicitud de un mando único al Gobierno de España que permitiera una gestión más «eficaz y eficiente» del drama humanitario o la ampliación hasta los 100 millones de euros de las partidas destinadas por el Gobierno estatal a la Comunidad Autónoma de Canarias para compensar la gestión de los recursos destinados a los menores no acompañados.
De forma paralela, el Gobierno de Canarias mantenía una línea de trabajo con las entidades sociales con el fin de garantizar la atención de una red de recursos de acogida saturada que ha llegado a albergar a casi 6.000 menores no acompañados en las islas.
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