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El acuerdo firmado por Junts y el Estado para transferir competencias en materia migratoria a Cataluña ha despertado recelo en el archipiélago. El Gobierno canario se encuentra inmerso en la búsqueda de mejoras para la gestión de la migración en las islas, y una de sus propuesta principales, la derivación de los menores migrantes acogidos por el territorio entre el resto de comunidades autónomas, sigue demorándose. Por ello, el secretario de organización de Coalición Canaria, David Toledo, recriminó ayer que el Gobierno central, con el acuerdo que ha cerrado con los independentistas en el que delega el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, entre otras cuestiones, haya demostrado ser «tan diligente con transferencias de dudosa legalidad», pero, bajo su punto de vista, «tan pasivo en la solución de un drama humanitario que está atentando contra los derechos de los niños y niñas».
Esto se debe a que, desde hace más de un año, el archipiélago ha intentado negociar una reforma en la ley de extranjería para derivar, de manera obligatoria, a los menores migrantes que llegan a los territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. Sin embargo, este plan inicial no ha logrado cuajar.
Respecto a esta cuestión, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, remarcó que se está trabajando «de manera intensa» para que la modificación «vea la luz pronto», según declaraciones recogidas por Europa Press tras el Consejo de Ministros. Recalcó que «siempre ha sido voluntad del Gobierno tender la mano» para que se modifique la norma.
El plan ahora más cercano es aprobar una distribución extraordinaria de 4.000 menores migrantes acogidos por el archipiélago y 400 que están en Ceuta. El próximo lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Ejecutivo central, María Jesús Montero, para abordar la agenda canaria y la financiación para llevar a cabo la distribución de estos chicos y chicas por las regiones.
Para el secretario de organización de CC, lo que ha hecho el Estado es «poner pegas» para una solución que «sí se ajusta a la Constitución, con un informe de la Abogacía del Estado en la mano», mientras que, en la transferencia de competencias a Cataluña, «se saltan todas las normas para poder garantizar su futuro en la Moncloa». Este hecho, dijo, es una «evidencia más de que lo que está ocurriendo en Canarias es una cuestión de voluntad política». Se preguntó «dónde están los socialistas canarios» en toda esta situación.
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Cabe recordar que en los intentos por materializar un cambio en la norma el Partido Popular ha puesto trabas en el camino, puesto que en julio del año pasado votó en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería. No obstante, desde el Ejecutivo canario remarcan la postura favorable de su socio de Gobierno, ya que lo que defiende el PPcanario va en consonancia al planteamiento que hace el archipiélago en peso.
Por su parte, la secretaria de organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, reprochó a Toledo su acto «absolutamente temerario e irresponsable», puesto que sus críticas, valoró «ponen en riesgo el apoyo de Junts a una solución para los niños y niñas». Sin el apoyo del Partido Popular, el voto del partido catalán en el Congreso es determinante para que tanto la reforma de la ley de extranjería como el reparto extraordinario de los niños y niñas salga adelante. Apuntó que el presidente canario «debe corregir» a su secretario o, de lo contrario «será Clavijo el que esté atacando a Junts».
El Gobierno de Canarias ha abierto, desde que comenzó la legislatura de Fernando Clavijo en julio de 2023, 49 centros de menores más que los que había antes. Todo ello, debido al incremento en el número de llegadas de menores migrantes que han arribado a las costas canarias sin la compañía de un familiar que pueda hacerse cargo de ellos. Según la consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional, se prevé, durante estos meses, abrir dos centros más.
En total, la red de acogida del archipiélago está compuesta por 88 recursos alojativos en los que se da un hogar a estos chicos y chicas que se han jugado la vida en el mar, y en muchas ocasiones, como ya ha denunciado el Gobierno canario, se hace inviable poder darles una atención digna debido a la saturación que existe en los centros.
Sin embargo, como ha defendido el Ejecutivo canario, la solución para poder garantizarles una atención digna no pasa por abrir nuevos centros.
Desde hace más de un año Canarias reclama que se modifique el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución entre las comunidades autónomas de los chicos y chicas cuando la red de acogida esté saturada, como es el caso de Canarias. No obstante, este cambio en la norma no se ha llevado a cabo por ahora.
En julio del año pasado, los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts tumbaron la toma en consideración de este cambio normativo. Desde entonces, Canarias y Estado se han reunido con el PPpara que los de Génova dieran su apoyo a la medida. Sin embargo, en diciembre se levantaron de la mesa de negociación, y no han vuelto a sentarse desde entonces, lo que ha llevado a que se planteen otras medidas como la distribución extraordinaria.
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