«Ser dependiente en Canarias es tener un problema gravísimo de desatención. Esas personas no tienen quién les apoye», aseguró este viernes el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del dictamen de 2024 del Observatorio de la Dependencia.
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El informe es demoledor. Canarias es la segunda comunidad con un peor sistema de dependencia, solo por detrás de Murcia, mientras que en 2023 ocupaba la cuarta posición por la cola. Además, las islas son la región con menor cobertura de dependencia, ya que solo el 14,7% de la población potencialmente dependiente se beneficia de un Programa Individual de Atención (PIA), frente a la media nacional del 23,6%.
La reducción del presupuesto estatal destinado al sistema de dependencia en 3,8 millones de euros se ha apreciado en los indicadores. Así, Canarias aumentó en 3.006 personas el 'limbo' de la dependencia, es decir, quienes tienen reconocido su derecho a una prestación -económica o de servicios- pero no la reciben, y el año se cerró con 7.478 personas en esa situación.
Según el informe, el archipiélago presenta la mayor 'tasa de limbo' del país, que se sitúa en el 28,9%, triplicando la media nacional del 8,7%.
Además, en las islas, de un total de 75.761 solicitantes, 31.672 están pendientes de resolución, lo que hace que su porcentaje de lista de espera sea del 41,81%, el más elevado de España. «Canarias ha aumentado la lista espera pese a que muchas personas han fallecido», recalcó Ramírez.
En este sentido, durante el año pasado, murieron en las islas 7.179 personas solicitantes de dependencia. De ellas, 2.489 formaban parte de la lista de espera; 1.728 personas estaban pendientes de resolución de grado cuando fallecieron y otras 761 ya tenían el derecho reconocido y aguardaban por la prestación.
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Entre los aspectos positivos, está que Canarias ha logrado reducir en 86 días el plazo medio para la tramitación de los expedientes. Actualmente, la resolución de la dependencia tarda una media de 561 días, es decir, un año y seis meses y medio. Esta demora solo la supera Andalucía, donde el trámite se prolonga durante un año y ocho meses de espera.
Otro dato esperanzador es que, durante el año pasado, la Dirección General de Dependencia logró resolver un total de 4.328 expedientes, un 10,63% más que en el ejercicio anterior. Además, el informe destaca el esfuerzo realizado en las islas para situarse como la comunidad donde más se ha incrementado la tramitación de expedientes de grado III respecto al año anterior, con un aumento del 12,8%.
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Sin embargo, pese a los esfuerzos, la situación de la dependencia en las islas sigue siendo lamentable. «Lo de Canarias viene de lejos por la desidia e incompetencia de los gobernantes canarios» desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, afirmó Ramírez durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados.
Panorama estatal
En el conjunto del territorio, el sistema de la dependencia atendió en 2024 a 1,5 millones personas, y aunque se redujo la lista de espera, aún 270.325 personas siguen pendientes de algún procedimiento. Cada día fallecen 94 dependientes sin haber recibido prestaciones o servicios: 34.252 personas el pasado año.
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Así las cosas, al ritmo de reducción actual, harán falta como mínimo diez años y medio para que las administraciones públicas españolas consigan acabar con la lista de espera de la dependencia. Un atasco que obliga a los potenciales beneficiarios a soportar retrasos de casi un año de media para recibir las prestaciones y ayudas solicitadas, a las que tienen derecho por ley, informa Alfonso Torices.
En 2024, la lista de espera solo se rebajó en 26.106 personas. Del cuarto de millón de personas que siguen pendientes de que las autonomías les reconozcan sus derechos, unas 142.000 tenían certificado algún grado de dependencia, pero aún no recibían ni ayudas ni prestación.
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La asociación atribuye este atasco a tres razones; una inversión pública insuficiente, el exceso general de burocracia y un especialmente escaso desarrollo del sistema de dependencia en algunas autonomías, entre las que figura Canarias.
Línea correcta, según el Gobierno regional
«Es obvio que Canarias tiene que seguir haciendo esfuerzos para mejorar la situación de la dependencia, pero los datos de los últimos tiempos indican que vamos en la dirección correcta», señaló la directora general de Dependencia del Gobierno regional, Concepción Ramírez , respecto al último dictamen ofrecido por el Observatorio de la Dependencia.
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La responsable autonómica en esta materia destacó la reducción del tiempo medio de la resolución de los expedientes a los 556 días actuales y que Canarias, durante el 2024, resolvió un 10% más de procedimientos, atendiendo a 4.328 personas.
Sobre el aumento del limbo –personas con una resolución favorable que no han recibido las prestaciones–, destacó que «es evidente que, si habían solicitudes sin tramitar y gestionar y se han incorporado al sistema, el número de personas que están esperando para que se les resuelva el expediente aumenta» y precisó que el año pasado se recibieron 12.641 nuevas peticiones. «No escondemos solicitudes en cajones. Lo importante no es que no haya lista de espera, porque siempre va a haber, todos vamos a ser dependientes en algún momento: lo importante es seguir reduciendo los tiempos de tramitación de un expediente para resolver en seis meses una solicitud», afirmó Ramírez.
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Con respecto a la financiación del sistema, el dictamen precisa que el Estado aporta el 28% de los recursos de la dependencia en Canarias, lo que implica un incumplimiento de la legislación actual, ya que la administración central y autonómica deben aportar el 50% respectivamente.
Además, los cabildos aportan una parte importante de la financiación de la dependencia, que no es tenida en cuenta por parte del Estado.
En concreto, el Gobierno regional destina 390 millones de euros, a los que se suman otros 89 aportados por los cabildos.
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