Exigen la renuncia de Clavijo ante el «colapso» en la Consejería de Bienestar Social

Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han exigido este miércoles la dimisión del presidente, Fernando Clavijo, por su «inacción» frente al «caos y hostigamiento» que, según afirman, se está produciendo en el departamento.

Durante una rueda de prensa, los representantes sindicales alertaron sobre una «posible estrategia de desmantelamiento» de los servicios públicos que se caracteriza por «un deterioro del clima laboral, una carga excesiva de trabajo que afecta a la ciudadanía, el cierre de servicios debido a la ineficaz gestión del departamento de personal, la falta de recursos humanos para afrontar el constante aumento de la demanda y reiteradas vulneraciones de derechos laborales».

Los trabajadores advierten que esta situación «parece ser la antesala de una posible externalización y privatización de servicios».

Asimismo, han destacado la crítica situación de las escuelas infantiles, donde la consejera, Candelaria Delgado, no ha cumplido su compromiso de crear una comisión de seguimiento ni se han celebrado las reuniones solicitadas con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

El personal ha señalado «graves problemas» en los centros por falta de personal, ya que no se sustituye adecuadamente a quienes causan incapacidad temporal, lo que provoca el cierre de aulas y deja a menores sin atención.

Otra consecuencia destacada es «la obligación de contratar catering, lo que supone un sobrecoste añadido a pesar de tener cocinas propias y con personal cualificado donde se elabora diariamente el menú por un nutricionista».

Igualmente, han denunciado un «agravio comparativo» entre la Consejería de Bienestar Social, donde se exige el abono de una cuota mensual, y la Consejería de Educación, donde la matrícula es gratuita.

Los comités también han expuesto que no hay auxiliares en el aula «ni siquiera para asistir durante el horario de comedor» y que no se ha respetado el compromiso de utilizar fondos Next Generation para rehabilitar los centros, sino que «estos fondos han sido destinados a la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil en centros docentes de la Consejería de Educación, evidenciando el abandono y la desidia de la administración hacia un recurso existente».

Los trabajadores han criticado además los retrasos en la atención y registro de documentos (más de dos meses), el aumento de denuncias ante la Inspección de Trabajo y tribunales en el área de dependencia «debido a un clima laboral de crispación y persecución», y que en discapacidad la lista de espera alcanza casi los cuatro años.

Han alertado también de una carga de expedientes «inasumible» en el área de Menores, retrasos en la gestión de la renta de ciudadanía —con más de 7.000 expedientes pendientes de revisión— y la falta de mejora en instalaciones solicitadas por la Inspección de Trabajo.

Por todo ello, reclaman «liderazgo» al frente de la Consejería «para gestionar equipos con empatía, tomar decisiones eficaces y garantizar un clima laboral saludable, cuestiones claves para la correcta prestación de los servicios públicos».

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• Candelaria Delgado (CC)