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El Gobierno de Canarias está más cerca de modificar el decreto con el que se prevé acelerar los trámites para el reconocimiento del grado de dependencia y las correspondientes prestaciones fijando una intervención única para resolver ambos aspectos.
En concreto, Bienestar Social espera poder aprobar a finales del mes de marzo la norma con el que se busca acortar los plazos de espera, de manera que de los 556 días actuales que se tarda en este proceso se pase a entre 214 y 136 como sucede en Castilla y León, País Vasco y Cantabria, donde aplican este sistema, señaló este lunes la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
«Reducir las listas de espera para acceder a la dependencia es una prioridad absoluta para este Gobierno. Estamos haciendo un esfuerzo para reducir los tiempos en los que resolvemos los expedientes y hemos pasado de los más de 800 días de espera del principio de la legislatura a la actual media de 556 días de espera», indicó la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó elevar el documento al Consejo Consultivo para recabar su preceptivo dictamen, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, y así poder proceder a su aprobación definitiva.
Según Delgado, este sistema monofásico, que resuelve en un solo acto la determinación del grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), ha logrado reducir los tiempos de espera en otras comunidades que lo vienen aplicando desde que el Ministerio de Servicios Sociales lo aprobara en el año 2012.
«Lo que buscamos es dar una respuesta real y efectiva a los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago en situación de dependencia», insistió respecto a la modificación del decreto que llega al final de su tramitación, tras haber sido sometido a consulta pública y recibir el visto bueno del Consejo General de Servicios Sociales.
La consejera está convencida de que la aplicación de este nuevo sistema logrará una mejora en los datos de la gestión de la Dependencia que maneja el Imserso. El último informe emitido sobre este asunto, con fecha de 31 de enero, señalaba que en Canarias se han resuelto cerca de 65.100 prestaciones, de las cuales 21.410 se han tramitado durante el último año y medio.
La modificación del decreto de Dependencia ha suscitado el rechazo del colectivo de trabajadores sociales que, hasta ahora, eran los únicos profesionales habilitados para evaluar el grado de dependencia y resolver las prestaciones a recibir.
«Tal y como está planteado, el decreto es poco garantista con los derechos de las personas usuarias», señaló la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Lola Fabelo, que entiende que la norma solo está pensada para reducir la lista de espera sin tener en cuenta la calidad del servicio.
Además, Fabelo desconfía de la eficacia del nuevo sistema, ya que, en su opinión, la mejor forma de acortar los tiempos de espera sería ampliando el personal y el presupuesto de la Dirección General de Dependencia. «En otras comunidades estos cambios tan drásticos no han mejorado el sistema y solo han conseguido alejar más a las personas usuarias», indica la portavoz del colectivo que lamenta que no se atendiera la opinión de los colegios profesionales de trabajo social de Canarias a la hora de modificar el decreto.
Por otra parte, Delgado anunció que reclamarán al Estado que aumente la financiación destinada a este fin, ya que la Ley de Dependencia determina que el Gobierno central debe sufragar el 50% de las prestaciones. «Canarias solo recibe del Estado el 28% de la financiación de la Dependencia. En otras comunidades ese porcentaje es del 40%. Demandamos que se financie el porcentaje establecido por ley», recalcó Delgado.
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