El sector educativo replica a Clavijo que invertir el 5% del PIB en Educación es «obligatorio y necesario»

«Inaudito e inaceptable». Son los términos que emplea Bernardino Ruiz, portavoz de la Plataforma por el 5% para Educación, para calificar las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, «negando la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley Canaria de Educación (LCE)». El mandatario regional señaló en el Debate del Estado de la Nacionalidad que destinar el 5% del PIB a Educación, objetivo que recoge la norma, no es «ni vinculante ni obligatorio», sino una «recomendación».

Tal es el malestar de la Plataforma que solicitó reunirse este lunes con la diputada del Común, Lola Padrón, para que traslade al Ejecutivo canario y a su presidente la ejecución de la normativa y para extender su queja por los presupuestos de 2025.

La intervención de Fernando Clavijo levantó más de una ampolla en el sector educativo y los sindicatos docentes tampoco tardaron en reaccionar. El STEC, ANPE y CC OO emitieron sendos comunicados exigiendo el cumplimiento de la LCE y exponiendo la necesidad de una mayor inversión en Educación.

Previamente al encuentro con Padrón, el portavoz de la Plataforma por el 5% señaló que Clavijo demostró con sus palabras, «de forma asombrosa, una falta de sensibilidad e incluso de información de cuáles son sus obligaciones como gobernante».

También destacó que la inversión en Educación respecto al PIB vuelve a bajar, coincidiendo con Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo. La idea original era que aumentara progresivamente desde 2014, año en el que se aprobó la ley.

«El anterior Gobierno parece que se tomó más en serio esta obligación legal, ya que la inversión en Educación con respecto al PIB pasó del 3,6% al 4,6%. Ahora, otra vez con Clavijo, se ha vuelvo a la senda de la desinversión. La Educación no es prioridad para este Ejectuvo», agregó, para seguidamente matizar que la financiación ha pasado del 4,63% al 4,20% en 2024 y que actualmente está en un 4,05%.

Ante esto, señaló que han solicitado citarse con el presidente canario, sin éxito. Sí que lo han hecho en reiteradas ocasiones con el consejero de Educación, Poli Suárez, a quien le reconocen que «hace buena propaganda» y es un «buen divulgador de lo poco que le dan para administrar». A su juicio, si bien, no está desarrollando «la política educativa que necesita Canarias», ya que «en casi todos los campos, plantilla, escolarización de 0 a 3 años, infraestructuras... las inversiones han decrecido de forma escandalosa un tercio».

Para finalizar, recordó que son necesarios 250 millones al año para cumplir la norma y que, a día de hoy, el presupuesto ronda los 62, lo que implica «continuar en la senda del descenso en inversión en Educación». «Nosotros seguiremos insistiendo y pidiendo a la sociedad que exija a este Gobierno que cumpla las leyes, entre ellas la LCE. En el 2024 ya debimos estar en el 5% de inversión», concluyó el portavoz.

Desde el STEC, tildaron de «insensatez» el discurso del líder de CC, ya que «invita de manera muy peligrosa a que la ciudadanía adquiera la idea de que las leyes se pueden incumplir sin ningún tipo de consecuencias».

Los representantes del profesorado arguyeron que toda la LCE se articula en torno al artículo 72, el que recoge la necesidad de invertir al menos el 5% del PIB en Educación, por lo que «no se trata de un artículo opcional, ni de una recomendación, ni del preámbulo de la Ley o una cláusula adicional sin valor efectivo», sino de obligado cumplimiento.

Por su parte, ANPE Canarias subrayó la «importancia de incrementar en los próximos años el esfuerzo inversor en la enseñanza pública a partir de indicadores objetivos», así como que la comunidad educativa en su conjunto comparte el objetivo de llegar al 5% de financiación.

Lo que es más, insiste en que la inversión educativa «tendrá necesariamente que incrementarse en lo que resta de legislatura» para afrontar retos ya anunciados como la reducción de ratios anunciada recientemente por la Consejería de Educación, el nuevo plan de infraestructuras o la ampliación de la enseñanza de 0 a 3 años en centros públicos.

Para CC OO, las declaraciones de Clavijo demuestran «una falta de compromiso, seriedad y profesionalidad con la Educación de las islas», lo que calificaron de «inadmisible». En consecuencia, exigió al Gobierno de Canarias «que deje de lado las peripecias y triquiñuelas políticas y cumpla con la ley, garantizando la inversión necesaria para ofrecer a las futuras generaciones una Educación digna y de calidad».

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