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Canarias se encuentra a 572 millones de alcanzar el 5% de inversión educativa, porcentaje que recoge la Ley Canaria de Educación (LCE) de 2014. Así lo denuncia la Plataforma Canaria por el 5% en Educación en un comunicado, en el que pone de relieve que en la anterior legislatura llegó a estar a 183 millones, lo que implica un «grave retroceso».
Ante este escenario y tras reunirse con la Diputada del Común de Canarias, Dolores Padrón, la Plataforma ha decidido ampliar la queja registrada en este organismo por el imcumplimiento de la ley educativa canaria.
La entidad recuerda el «compromiso claro» que supuso la aprobación de la Ley Canaria de Educación de 2014, por parte del Gobierno de Canarias, de aumentar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo. En concreto, la normativa estipula que la inversión en Educación debe alcanzar al menos el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en un plazo de ocho años.
Si bien, 11 años después de su entrada en vigor, «los datos reflejan un incumplimiento sistemático de esta meta, que se ha agravado sustancialmente en esta legislatura».
La Plataforma reseña que el presupuesto educativo ha fluctuado en niveles inferiores a este 5%, en relación con el PIB, desde el año 2014. En los primeros años, enfatizan, la inversión fue decreciendo, pasando del 3,70% en 2014 al 3,46% en 2017. Posteriormente, se observó una ligera recuperación, alcanzando el 4,63% en 2023, pero en 2024 y 2025 vuelve a descender al 4,20% y 4,05%, respectivamente.
La Ley Canaria de Educación tenía como finalidad mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar una educación equitativa y de calidad para toda la población. Sin embargo, la insuficiencia de recursos ha dificultado la consecución de estos objetivos. Desde la Plataforma del 5% enumeran algunos de los impactos más negativos:
Infraestructuras Educativas Deficientes: la falta de inversión ha impedido la modernización de centros educativos, afectando la calidad del aprendizaje y las condiciones de trabajo del profesorado.
Recursos Insuficientes para la Atención a la Diversidad: la ley contemplaba medidas para atender a la diversidad del alumnado, incluyendo programas de apoyo y refuerzo. Sin embargo, la escasez de fondos ha limitado su implementación efectiva.
Estancamiento en la Innovación Educativa: la digitalización y la innovación pedagógica requieren una financiación adecuada. La falta de inversión ha supuesto una barrera para la actualización tecnológica en los centros.
Menor Dotación de Personal: la contratación de más docentes y especialistas en orientación y apoyo ha sido insuficiente, lo que repercute en la atención individualizada del alumnado.
Por otro lado, destacan las consecuencias negativas en la puesta en marcha de diversas actuaciones, como son:
Planes de refuerzo educativo: Programas para reducir el abandono escolar y mejorar el rendimiento académico han tenido recursos limitados.
Formación docente: La capacitación continua del profesorado es clave para mejorar la calidad educativa, pero la financiación insuficiente ha restringido las oportunidades de formación.
Accesibilidad y equidad: Se han visto limitados los programas de becas y ayudas a estudiantes en situación vulnerable, lo que amplía las brechas de desigualdad.
Implantación de la Educación Infantil Temprana: Se ha visto frenada por falta de recursos manteniendo a Canarias a la cola y alejándose del resto de las comunidades autónomas.
Por último, desde la entidad enfatizan que el incumplimiento del financiamiento educativo en Canarias está teniendo consecuencias directas en la calidad y equidad del sistema educativo. Lamentaron a su vez que, pese a algunos incrementos A pesar de algunos incrementos en la inversión, la meta del 5% del PIB sigue sin alcanzarse, comprometiendo el desarrollo de las actuaciones y medidas previstas en la ley. Es imprescindible que el Gobierno de Canarias tome medidas urgentes para cumplir con sus compromisos y garantizar un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad canaria y de su infancia y juventud.
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