Las críticas a las aulas enclave llegan al Parlamento: «Les cortan las alas al impedirles un título de ESO»

«A mi hija le enseñan en el aula enclave a mirar a los ojos, lo que no va a conseguir nunca porque es autista, al mismo tiempo que le cortan las alas al impedir algo tan básico para su futuro como un título de la ESO«, ha afirmado este jueves en el Parlamento una representante de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva.

En la comisión parlamentaria de Educación han comparecido este jueves Irene Valerón y Carolina Buriticá, de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, para exponer la situación de injusticia y vulneraciones sistemáticas del derecho a la educación que a su juicio sufren los niños con necesidades específicas de apoyo educativo.

Al respecto, Irene Valerón ha señalado que llega al Parlamento en nombre de muchas familias que se sienten desprotegidas y cuya voz no siempre es escuchada para reclamar que se cuente con ellas en la elaboración de una nueva normativa en este ámbito en Canarias.

En su opinión, la actual normativa supone una discriminación al alumnado de las aulas enclaves que, ha dicho, es expulsado «sistemáticamente» de los servicios de comedor y transporte escolar, por lo que ha reclamado su derecho a quedarse en el mismo horario que el resto de escolares.

Valerón ha señalado que la Consejería invirtió el año pasado 733.000 euros en el comedor pero este elevado coste no soluciona, a su juicio, el problema real y en realidad es «un parche y una discriminación directa a los alumnos por su discapacidad».

Se necesita profesorado de apoyo porque la inclusión no sólo es beneficiosa para el alumnado con necesidades educativas especiales sino para el resto, que aprenderán a convivir con estudiantes con otro tipo de habilidades y esto beneficia a la sociedad, ha indicado la representante de la plataforma.

Por ello ha reclamado la derogación de la normativa canaria «obsoleta y contraria a la Lomloe y a la Constitución» y que tengan en cuenta a las familias a la hora de redactar una nueva norma, a lo que Carolina Buriticá ha advertido de que están dispuestos a presentar un recurso contencioso-administrativo al respecto.

También ha pedido una reunión con el Gobierno de Canarias para que las familias presenten sus propuestas de manera detallada y se pueda diseñar un sistema «que cumpla de verdad con el marco legal».

«Esto es un llamado a la acción. No estamos para quejarnos, estamos para aportar soluciones y convertir a Canarias en referente en algo en lo que ahora estamos a la cola en Europa: la discriminación a nuestros hijos«, ha subrayado Buriticá.

La plataforma también ha abordado el derecho de este alumnado a obtener el título de la ESO, pues se le niega la posibilidad de obtener dicha titulación al derivarlos a aulas enclave centradas en ámbitos limitados, como la comunicación, la autonomía social y la personal que, en su opinión, pertenecen al currículum de Infantil.

«Esto es completamente injusto porque se priva a nuestros hijos de una educación digna y de su derecho a titular«, ha expuesto Irene Valerón, mientras que Carolina Buriticá ha enfatizado el hecho de que »nos venden la moto de que les están enseñando a comprar el pan y poner la lavadora, cuando no les dejan optar al título para poder acceder a un trabajo remunerado que les permitirá comprar ese pan en el futuro«.

«Mi hija tiene el mismo derecho que cualquier otro alumno a obtener una titulación», ha subrayado Buriticá, quien ha incidido en que si para facilitar la inclusión de personas con discapacidad física se eliminan rampas, para los alumnos con discapacidad intelectual «la rampa es la adaptación curricular».

A muchos los derivan con 3 o con 6 años al aula enclave «y les están cortando las alas e impidiendo algo tan básico como un título de la ESO», ha reiterado la representante de la plataforma, quien ha reclamado para estos niños no que se centren «en que reconozcan la sonrisa social, sino en enseñarles a leer y escribir».

Además ha criticado el que, en su opinión, los informes psicopedagógicos «no hay por donde cogerlos y son todos un copia y pega porque ya tienen la visión de que ese niño va a ir al aula enclave«, lo que a su juicio se traduce en informes »viciados donde nunca se admite su derecho a una educación inclusiva«.

Para la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, sería preciso «quitar esos informes y la evaluación» para el alumnado con necesidades educativas especiales «porque el resto de niños no tienen que demostrar que tienen capacidad para acceder a la educación».

Asimismo, han reclamado libertad de elección del centro escolar, que en su opinión es un derecho que está siendo vulnerado de manera sistemática y se está sometiendo a las familias «a un sufrimiento emocional innecesario».

También han criticado «la denegación sistemática de ajustes razonables», es decir las adaptaciones necesarias para que el alumnado tenga un sistema educativo inclusivo, al tiempo que han señalado como uno de los obstáculos en este ámbito la falta de formación específica para el profesorado.

«Obviamente hace falta más dinero pero si las familias no ven el que hay porque no llega, quizás deberíamos sentarnos y ver donde está el fallo, ya que a lo mejor está en sitios en los que a las familias no les interesa», han concluido las representantes de la plataforma.

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