«Solo cuando vi el decreto publicado en el BOE me lo creí; pensaba que no era cierto»

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, llegó al Ejecutivo de Fernando Clavijo después de una larga trayectoria como trabajadora social y al frente de numerosas reivindicaciones. Cuando el presidente le propuso formar parte de su equipo, se lo dejó claro: «¿Te acuerdas de todo lo que me dijiste sobre lo que había que solucionar en esta tierra en material social? Pues venga, vamos a por ello». Y uno de los retos marcados, la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución entre las regiones de los menores migrantes no acompañados acogidos por Canarias, ya se ha materializado.

–En junio del año pasado dijo que Canarias estaba viviendo una «situación de guerra» con respecto a la atención de los menores. Con la aprobación del decreto, ¿llega ahora la paz?

–Yo creo que sí, que se vislumbra esa luz al final del túnel, sobre todo, porque no es una norma que sea para materializar ese reparto extraordinario de 4.000 menores sobre el que hablábamos las últimas veces, sino ya es un real decreto ley que modifica la ley de extranjería, sus aspectos ordinarios. Con lo cual nos da ámbito jurídico de ley, y eso es muy importante.

–Sin embargo, algunas comunidades han anunciado que recurrirán el decreto ante el Tribunal Constitucional.

–El decreto está sólidamente construido. El Constitucional ya se ha pronunciado en esta materia cuando se emitió el recurso hacia nuestro protocolo de menores, y ahí hablaba de que esto era una realidad supraautonómica, que debía establecerse a nivel de todo el estado español, y eso es lo que ha hecho el Ejecutivo estatal junto a Canarias. Para preservar esos preceptos nos personaremos con los servicios jurídicos en los recursos de inconstitucionalidad que se presenten, porque Canarias tiene que defender sus derechos y, sobre todo, los derechos de los niños y niños que tenemos bajo nuestra responsabilidad.

–¿Por dónde empezarán ahora a reorganizarse?

–Nos toca dar las cifras, los números reales de los menores que estamos tutelando en esta comunidad autónoma, y para ello tenemos un plazo que finaliza el 31 de marzo. Todo ello, para que se pueda establecer ese 'contingente migratorio' del que habla el real decreto. Eso se llevará a una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y ahí también se determinarán los criterios que se seguirán para establecer qué chicos, de los que ya acogemos, se reubicarán a otros territorios.

–Se han abierto casi 50 centros más durante estos 18 meses para dar respuesta a este drama humanitario. ¿Qué pasará ahora con ellos y con sus trabajadores?

–Nosotros hemos realizado unos contratos de emergencia con las entidades, y las contrataciones que se han hecho en materia de personal son extraordinarias en base a esa coyuntura. Evidentemente, si hay un reparto entre las comunidades autónomas, que todavía no se sabe en qué plazo se da, habrá que reorganizar esos centros, reacondicionar el sistema para aquellos niños y niñas que se quedarán en Canarias. Y, sobre todo, buscaremos que sean centros estables. No te puedo decir si vamos a cerrar 20 centros, 30 centros o 40 centros. Eso nos lo dirán los números y los recursos que necesitemos.

–¿Cuáles serán los principales objetivos en esa búsqueda de un sistema estable?

–Vamos a tener dos visiones. Una para los recursos de primera acogida, que están pensados en el tiempo que permanecen los chicos y chicas en Canarias antes de ser trasladados a otra comunidad autónoma, ya sean 15 o 20 días, y otra visión para los menores que ya tenemos aquí y el tiempo que tardemos en trasladarlos a otras regiones. Eso es lo que tiene que trazar el Estado e imagino que todo ello se llevará a la Conferencia Sectorial.

–¿Cómo se encuentran, a nivel psicológico, los trabajadores que han estado al pie del cañón durante este tiempo?

–Todas las entidades están trabajando no solo en ese apoyo emocional y psicológico a los niños y niñas que vienen, sino también en el apoyo al propio personal. De hecho, una de las problemáticas que tenemos es la alta rotación del personal. Hay que tener preparación suficiente y un estado emocional fuerte para estar todos los días tratando con estos menores, que vienen con situaciones emocionales muy fuertes que hay que ayudarles a atravesar.

–¿Se podrá acabar con los macrocentros en los que ha llegado a haber 300 niños?

–Esa es la idea, y a lo mejor alguno de ellos sí tenemos que conservarlo, pero de cara a los recursos de primera acogida. Algunos de ellos sí son propiedad de esta comunidad autónoma, y los tendremos que remodelar y actuar sobre ellos para poderlos mantener.

–A nivel personal, ¿cómo recibió la noticia de que el decreto había salido adelante después de tanto tiempo?

–Hasta el martes por la noche no fui capaz de enviarle un mensaje al presidentedándole las gracias. Estuve todo el día sin terminar de creérmelo, y sobre las 23.10, cuando ya lo vi publicado en el Boletín Oficial del Estado, me lo creí. Ahí si le trasladé al presidente las felicitaciones, aunque había hablado con él a lo largo del día, pero no terminaba de asimilarlo.

–¿Cuál ha sido para usted el día más duro de estos 18 meses de negociación?

–El día más duro fue en julio del año pasado con el 'no' en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley para reformar la ley de extranjería. Después de todo el trabajo que se había hecho, que se venía abajo, te preguntabas: «¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo seguimos?». Es verdad que el presidente enseguida tomó el mando de la situación y empezó a explorar diferentes fórmulas, diferentes vías que podíamos seguir para no quedarnos atascados en ese 'no'. Por eso se buscaron otras alternativas como el reparto extraordinario de 4.000 chicos y chicas.

–¿Por qué no se pudo dar el acuerdo antes? ¿Por qué se esperó tanto tiempo?

–Todo pasa en el momento que tiene que pasar. Es verdad que se parte de un documento prácticamente similar al de la proposición de ley que se llevó al Congreso en julio del año pasado, pero hay matices nuevos que creo que dan una mayor estabilidad y profundidad al cambio normativo.

–Con el compromiso cerrado entre el Estado y Junts, no harían falta los votos del PP. ¿Confía en que se mantenga la palabra?

–Yo confío en las labores que habrá hecho el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para atar muy bien esos votos de Junts. Y esperaría que el PP nacional se sume a este acuerdo como sí se ha sumado el PP desde Canarias. Espero que nos sirva para reflexionar a todos y para pensar en el bienestar de la ciudadanía española y canaria.

–Es contradictorio que el PP en Canarias defienda una cosa y a nivel nacional otra...

–Creo que son reticencias propias a lo mejor por no conocer totalmente el documento. Una vez revisen el texto verán que esas cuestiones que el PPexpuso en su momento están en el documento, como la suficiencia financiera, poner los instrumentos al servicios de las comunidades para que puedan agilizar sus trámites y puedan abrir los centros cuanto antes... También se incluye que se reconozca a los niños y niñas que de verdad se están atendiendo. Creo que son pasitos puestos en la norma y ayudarán a que todos se sumen al acuerdo.

–¿Se ha hecho bien el trabajo desde Canarias?

–En Canarias ha prevalecido la unidad para velar por estos menores y por la sociedad canaria. Creo que hemos hecho una buena gestión de la crisis migratoria, hemos tirado para adelante, hemos puesto todo de nuestra parte, llamadas, reuniones viajes, con tal de tener esta realidad siempre en la mirada pública. Es el camino que debe seguir toda la sociedad, tanto la canaria como la española y europea.

–¿Tenía constancia la Consejería del traslado de dos jóvenes a la península que, cuando cumplieron 18 años, se quedaron en la calle?

–Si alguien los deriva hacia otra comunidad autónoma con sus medios, no tenemos por qué tener la constancia de ello. Nosotros normalmente lo que hacemos es que si hay, dentro de la reunificación familiar, familiares en la península, nos encargamos del procedimiento para que estén con ellos. Pero es verdad que cuando cumplen la mayoría de edad tienen que salir de nuestros recursos porque está por ley y no podemos tener mayores de edad en un centro de menores. Nosotros los derivamos a los recursos de extutelados que tiene el Ejecutivo regional, pero tampoco es una obligación puesto que ya tienen esa libertad de tránsito.

–¿Se plantean potenciar otras medidas para los menores como el acogimiento familiar?

–Estamos volviendo a potenciar esa figura para que los niños de Canarias que han sido retirados de su familia no estén en un centro, sino en otro núcleo familiar. También entran los menores migrantes para que, después de todo lo que han pasado, no tengan que llegar a un centro, sino a una familia. Ahí se podría trabajar mucho mejor esa integración la aportación que le debemos a todos ellos.

• Temas
• Congreso de los diputados
• Gobierno de Canarias
• familia
• Junts per Catalunya
• Partido Popular (PP)
• Gobierno de España
• Unión Europea
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
• Isabel Díaz Ayuso
• Fernando Clavijo Batlle
• Pedro Sánchez
• Menores
• Migrantes
• Centro de menores