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Para el Gobierno de Canarias es un hito, después de 18 meses de negociaciones, el decreto ley que establece un sistema nacional de acogida de menores extranjeros no acompañados basado en «criterios objetivos y científicos».
Pero resta saber qué pasará cuando la cascada de recursos anunciados por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) lleguen al Tribunal Constitucional (TC). La clave está en conocer si se paraliza la distribución de menores migrantes mientras resuelve el TC; o por el contraio se inicia el reparto de niños y niñas entre las distintas regiones españolas.
El Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias supone para la Comunidad Autónoma de Canarias una respuesta de Estado frente a un problema estructural como es la emigración. Y, además, un alivio para la administración canaria, saturada tras llevar en solitario la tutela de más de 5.000 menores llegados sin familia a las islas.
Tras conocerse que Madrid, Aragón, Andalucía o Baleares no descartan acudir al Constitucional, el presidente canario Fernando Clavijo ha expresado que «ojálá» no sea así. Y es que, además, su vicepresidente Manuel Domínguez y líder del PP canario forma parte del llamado Pacto Canario por las Migraciones, que conforman los grupos políticos con representación en el Parlamento canario, salvo Vox. Así que la postura del PP a nivel nacional, a priori contraria a los interés de Canarias, puede marcar el rumbo de la aplicación del decreto ley que como ya dijo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, «es constitucional».
Precisamente este viernes Torres estimó que el reparto de los 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias comenzará «en los próximos meses», una vez que se convalide el decreto en el Congreso y Canarias prepare esta derivación. No hay precisión de fechas pues Canarias y Estado quieren asegurar la legalidad del proceso, que incluye que la documentación de los niños y niñas esté en regla para proceder al reparto entre comunidades.
En una entrevista en Antena 3, recogida por Efe, el ministro Torres señaló que los datos que ofreció Junts per Catalunya (JxCat) sobre el reparto de menores «son una simulación» porque en el real decreto ley «no aparece ni un solo número».
El ministro de Política Territorial sí recordó que las comunidades tienen hasta el lunes 31 de marzo para aportar el número de menores que están atendiendo en sus autonomías y después se celebrará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para establecer la redistribución de los menores.
El ministro precisó que la Abogacía del Estado recomienda que el reparto comience de manera efectiva una vez que se convalide el decreto en el Congreso, en la primera quincena de abril, y también habrá que esperar a que Canarias tenga «todos los papeles regulados», para lo que se calcula dos o tres meses.
A partir de ahí, habrá un año de plazo para distribuir a los 4.000 jóvenes desde las islas y, los que vayan llegando, se podrán derivar a diferentes territorios «en unos 15 días», cuando tengan toda la documentación preparada.
En todo caso, la propia Comunidad Autónoma de Canarias ha asegurado que no hay prisas ni plazos, de tal modo que el traslado de menores no se llevará a cabo hasta que cumplimenten todas las garantías legales.
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