La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha emitido un contundente informe crítico sobre el Proyecto de Ley de Ordenación del Uso Turístico de la Vivienda que actualmente tramita el Parlamento de Canarias por vía de urgencia, según ha informado la propia CNMC.
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El organismo regulador advierte que las medidas restrictivas contempladas en este proyecto legislativo provocarán que «la actividad de la vivienda vacacional va a ser residual en Canarias», lo que podría generar «graves consecuencias en la competencia de los servicios turísticos« del archipiélago.
El informe señala que la normativa perjudicará especialmente a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales. «Muchas viviendas actualmente destinadas a uso vacacional podrían quedar fuera del mercado y será complicado que las VUT (Viviendas de Uso Turístico) de particulares y de pequeños tenedores de viviendas puedan instalarse», afirma la CNMC.
La Comisión considera especialmente preocupante que el proyecto de ley pueda provocar «una sustitución en el futuro de VUT de pequeños propietarios por unas VUT de propietarios 'profesionales' o por otros establecimientos hoteleros o extrahoteleros», un aspecto que, según la CNMC, «parece incentivar el propio APL (Anteproyecto de Ley) con las medidas propuestas en las disposiciones transitorias cuarta y quinta«.
Entre las medidas cuestionadas, destaca la reserva del 90%-10% (o del 80%-20% para las Islas Verdes) para uso residencial, porcentaje que la CNMC considera injustificado, ya que deberían ser los municipios quienes determinaran «el porcentaje más adecuado para su ámbito territorial» en función de sus características específicas.
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El organismo también critica otras restricciones como la antigüedad mínima de 10 años para que una construcción pueda dedicarse al alquiler vacacional, la limitación de la capacidad alojativa o la prohibición de VUT en asentamientos agrícolas, medidas que según la CNMC «limitan de manera considerable la oferta potencial de VUT y desvirtúan nuevamente su naturaleza».
Por su parte, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León cargó contra el informe de la CNMC al entender que aunque esté «sobrecargado el mercado y esté una zona tensionada», demostrada sobre el precio de los alquileres, defiende que se sigan otorgando licencias de alquiler vacacional.
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En esa línea, expresó ser consciente de que «el mercado es importante pero para el gobierno las personas lo son aún más y el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea opinan igual que este gobierno».
Además, señaló que fue el Gobierno el que se sometió de forma voluntaria al informe de la CNMC a sabiendas de cuál iba a ser su veredicto sobre un hecho que es «obvio» y es que el proyecto de ley intenta limitar limitar el número de viviendas de alquiler vacacional que accedan al mercado porque a día de hoy, en la práctica, con el Decreto 113 de 2015, 1,1 millón de viviendas son susceptibles de incorporarse a la actividad turística y la ley lo que busca dejar ese total en 110.000.
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La CNMC señala que algunas disposiciones buscan claramente la «desaparición en un corto período de tiempo» de las viviendas vacacionales existentes, como la prohibición expresa de transmisión en caso de fallecimiento del titular, que impide a los herederos continuar con esta actividad.
El informe concluye que incluso los incentivos previstos para ampliar la oferta de alquiler de larga duración resultan «desproporcionados y muy restrictivos«, por lo que la Comisión recomienda »flexibilizar los requisitos«.
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A pesar de este y otros informes críticos, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha decidido continuar adelante con el proyecto legislativo, una decisión que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) interpreta como la confirmación de que «el objetivo es eliminar paulatina pero inexorablemente las viviendas vacacionales de Canarias», afectando principalmente al 90% de titulares que son pequeños propietarios.
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