Europa abre la puerta a sanciones por la ley de la vivienda vacacional que se debate en Canarias

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) fue citada esta semana por la Comisión Europea en Bruselas para plantear de primera mano las «flagrantes ilegalidades» en las que consideran, incurre el Proyecto de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, cuyo principal objeto es regular la actividad del alquiler vacacional en Canarias. Fue el 10 de febrero cuando la Ascav acudió presencialmente a la capital europea para presentar la denuncia ante el Proyecto de Ley.

Durante la reunión, que tuvo lugar el pasado martes, la Ascav recalcó ante la Comisión que la Consejería de Turismo está omitiendo una cuestión esencial en la tramitación del Proyecto y que exige la normativa comunitaria, la Directiva Bolkenstein del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior cuyo art. 15.7 establece que los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier nueva disposición legal, reglamentaria o administrativa en la que se prevean requisitos contemplados en el apartado 6 de la directiva.

Aquí se hace referencia, entre otros, a la introducción de limitaciones al ejercicio de las actividades de servicios, como ocurre con el Proyecto de Ley de vivienda vacacional.

Durante el encuentro, la Comisión confirmó que el Gobierno de Canarias hasta la fecha no ha cumplido el trámite. «El ejecutivo canario, pese a haberse comprometido a ello ante la Comisión, hasta la fecha no ha procedido al envío formal de la normativa en proyecto», señala la Ascav en un comunicado.

En caso de que la Comisión compruebe, tras el proceso correspondiente, que la normativa canaria introduce limitaciones al ejercicio de la actividad de vivienda vacacional, se puede abrir un procedimiento de infracción contra España por vulneración de las normas de la Unión.

Según el vicepresidente y asesor jurídico de la Ascav, Javier Valentín, este procedimiento de infracción no afectará a la vigencia o a la validez de la norma si finamente resulta aprobada en el Parlamento pero sí podrán acarrerar, en última instancia, ingentes sanciones económicas a España por incumplimiento de la normativa europea.

Además, Valentín destaca que la Ascav ha conseguido que se abra la fase de consulta pública en trámite parlamentario, algo inusual en estas instancias. Un logro que no tiene como intención retrasar la entrada en vigor de la Ley ya que el plazo, todavía por determinar solo será de cuatro días, seis menos de lo que correspondería en estos casos. «Entendemos que el trámite de urgencia reduce a la mitad los plazos, por ello debería pasar de veinte días a diez, no a cuatro.

Ascav también reveló que durante la comparecencia ante la Comisión Europea también se trataron otras dos denuncias, cuya relevancia en el momento actual requiere «máxima confidencialidad» a fin de no perjudicar la instrucción del proceso.

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