La Fiscalía marroquí da carpetazo a la investigación de la tragedia de Melilla el día del segundo aniversario

La Fiscalía de Rabat asegura que su investigación ha constado que hubo un «uso proporcional de la fuerza» por parte de los funcionarios marroquíes para contener la avalancha de cerca de 1.700 inmigrantes, en su mayoría de origen sudanés, que trataron ese día de entrar en la ciudad autónoma española a través del paso de Barrio Chino, colindante con Nador.

«Las investigaciones han demostrado que la intervención de las fuerzas públicas fue para repeler el ataque, el peligro que existía y mantener el orden con un uso proporcional de la fuerza, pese al carácter agresivo y violento de los emigrantes, su gran número y que poseían armas blancas», concluye la Fiscalía marroquí.

Fue la mayor tragedia de la inmigración terrestre en la historia de España, pero a este lado de la frontera tampoco hubo una investigación en profundidad de lo sucedido. El Ministerio del Interior (aunque Fernando Grande-Marlaska llegó a comparecer tres veces en el Congreso) se negó a abrir diligencia alguna. Ningún juez reclamó la competencia porque ninguna autoridad se molestó en verificar si, tal y como apuntan los datos del Catastro, las muertes, al menos en parte, tuvieron lugar en territorio español.

Las autoridades españolas no han impulsado ninguna nueva investigación en los últimos meses a pesar que hace un año el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas exigió al Ministerio del Interior que «a más tardar el 28 de julio de 2024» llevara a cabo una investigación «de manera pronta e imparcial» para aclarar hasta dónde la tragedia de Melilla fue en parte responsabilidad de las fuerzas de seguridad españolas y dilucidar otros aspectos claves de aquellos sucesos, como el número real de fallecidos

Interior se negó a actuar tras el parapeto de que la Fiscalía y el Defensor de Pueblo habían llevado a cabo sendas investigaciones. La oficina que dirige Ángel Gabilondo, en octubre de 2022, y tras solo unos días trabajando sobre el terreno, concluyó que Interior expulsó ilegalmente a casi medio millar de inmigrantes, y no 101 como sostenía Marlaska. El Defensor apuntó a que el Gobierno habría mentido al ocultar la envergadura real de la gran operación de deportaciones exprés que llevó a cabo con buena parte de los 'sin papeles' que sí que consiguieron llegar a territorio nacional.

El Defensor, que echó por tierra la versión oficial de Grande-Marlaska, zanjó que la Guardia Civil apedreó a inmigrantes, que las fuerzas marroquíes entraron a España y que el Ministerio del Interior sí que sabía lo que ocurría en directo a través de las cámaras del perímetro.

Pero aquel varapalo tampoco impulsó al Gobierno a abrir una investigación real sobre lo ocurrido. Y es que el 23 de diciembre de 2022 la Fiscalía salió al rescate de Interior con un informe en el que daba carpetazo a la causa sobre la tragedia de Melilla tras hacer suya la versión del ministerio, insistiendo en la «violencia» de los inmigrantes, descartando cualquier irregularidad en la Guardia Civil y esquivando la polémica sobre las posibles muertes en territorio nacional.

El cierre en falso de las dos investigaciones en España dejó sin respuesta un reguero de preguntas. La primera, sin duda, es cuánta gente murió aquel viernes entre las avalanchas humanas y embestidas de las fuerzas marroquíes. Rabat solo dio, y en las primeras horas, una cifra: 23 muertos. Nunca más aportó nuevos datos. Caminando Fronteras, probablemente la institución que más medios y esfuerzos puso para investigar la tragedia, en julio elevó el balance provisional a 72 personas fallecidas. Según la investigación de Amnistía Internacional, se produjeron al menos 37 muertos y no menos de 77 desaparecidos.

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Los desaparecidos se siguen contando por decenas porque Marruecos, al tiempo que recogía los cadáveres de la valla, comenzó una operación en secreto para enviar en autobuses al sur del país, a las estribaciones del desierto del Sáhara, a buena parte de los participantes en el salto masivo. Un asalto en el que tampoco se sabe exactamente cuántos inmigrantes participaron. La Fiscalía apuntó a entre 700 y 800, pero el Ministerio del Interior habló de cerca de una masa «violenta» de 2.000 personas.