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La gestión de la emergencia por la persistencia de altas concentraciones de dióxido de carbono (CO2) de origen volcánico en La Palma está adquiriendo tintes surrealistas y peligrosos.
Alrededor de unas 30 personas se han saltado la prohibición de acceder Puerto Naos y La Bombilla y llevan meses viviendo en estos núcleos de la costa palmera desalojados desde septiembre de 2021 por prudencia y prevención ante los altos niveles de CO2
«En La Bombilla hay unas 20 personas. Empezaron a instalarse hace unos cinco meses, en junio. En Puerto Naos hay menos y han llegado hace poco tiempo», indica una persona vinculada a la gestión de la emergencia volcánica.
Al parecer los lugareños han ido instalándose paulatinamente y son conscientes de los riesgos de respirar aire con porcentajes de oxígeno inferiores a los normales, ya que han sido informados del peligro que corren.
«Hacen mediciones con sensores de bajo coste que compran en internet», asegura el testigo del regreso de estas personas, una de las cuales reside en una cueva donde se vienen registrando altas concentraciones de C02, superiores a los 20.000 ppm (partes por millón), siendo nocivo para el ser humano por encima de los 5.000 ppm.
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El retorno de los vecinos a los núcleos costeros desalojados tras la erupción volcánica ha sido alentado de forma insistente por los nuevos miembros del comité de expertos del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal); el médico y profesor de Fisiología de la Universidad de La Laguna, Aldo González Brito, y el químico Francisco Rodríguez Pulido.
Este último, en un artículo publicado por 'El Time' el pasado mes de junio, afirmó «de manera rotunda que ya no hay excusas jurídicas ni científicas para que no volvamos a vivir en Puerto Naos y La Bombilla».
Fuentes cercanas al Cabildo de La Palma reconocen que la institución tuvo conocimiento de la presencia de estas personas viviendo en las zonas afectadas por las altas concentraciones de CO2 hace varias semanas.
De hecho, la Corporación insular intentó disuadir a los vecinos de acceder a una de las zonas más afectadas abriendo un socavón con una pala en el camino de entrada hace unos 15 días. Sin embargo, los vecinos procedieron a rellenar la zanja para poder seguir accediendo a sus viviendas. Una acción grabada en un vídeo que circula por las redes sociales.
Según las mismas fuentes, la Corporación insular no está autorizada para desalojar a los vecinos en pro de su propia seguridad y esta medida solo podría adoptarla un juez atendiendo a una denuncia que, aseguran, le correspondería interponer a las fuerzas de seguridad, en concreto, a la Guardia Civil.
En todo caso, al Cabildo palmero solo les consta la presencia de unas cinco familias que acuden a las zonas afectadas por los gases nocivos a pernoctar.
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