El Gobierno cierra una residencia en Gran Canaria y tiene «más expedientes» abiertos

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de mayo 2024, 12:13 | Actualizado 17:19h.

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La Consejería de Bienestar Social procedió este viernes al cierre definitivo de la residencia privada de mayores Monte Blanco, en Tafira Alta, en Gran Canaria. Un centro que había sido advertido desde 2017 sobre las deficiencias que presentaba su atención a las personas residentes y sus infraestructuras. «Creo que hemos sido hasta excesivamente prudentes a la hora de ejecutar el cierre intentando, sobretodo, evitar una situación de desprotección a los mayores» que estaban internados. «Hemos sido prudentes para que el centro efectuara los traslados», afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Además, reconoció que la Consejería tenía «más expedientes abiertos», algunos de ellos en Gran Canaria. «Estamos trabajando codo con codo con la Fiscalía. Este centro que hemos cerrado hoy lo hemos hecho con la intervención y compartiendo información con la Fiscalía. Vamos a seguir ejecutando inspecciones y si hay orden de cierre o de sanción lo haremos. Lo que queremos es que tengamos la garantía de que todos los centros de mayores cumplen la normativa», dijo Candil.

El centro Monte Blanco, que para evitar las sanciones llegó a cerrar y a abrir cambiando el nombre por el de Asociación Social Josephine sin subsanar las deficiencias, estaba ubicado en un inmueble que «no reúne las condiciones de seguridad exigibles a este tipo de establecimientos y que carece de sistema de detección de incendios, los baños no cuentan con pulsadores de llamada de emergencia y la vivienda no está adaptada para personas con movilidad reducida, que es una exigencia requerida a los hogares funcionales», explicó Bienestar Social en una nota de prensa. Además, «contaba solo con dos aseos para los 16 usuarios que tenía entonces (2017), no tenía estancias básicas preceptivas de residencias para mayores dependientes y no disponía del personal debidamente cualificado para la atención de las personas usuarias ni de recursos como sala polivalente, sala de rehabilitación, enfermería y aseos comunes diferenciado por sexo», añade. Así mismo, no disponía de personal sanitario no ofrecía servicios como fisioterapia o terapia ocupacional.

A juicio de la fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en Canarias, Rosa Rubio, la preocupación es que estas personas «están ahí sin estímulos», lo que no se considera un trato digno. Tras el cierre Rubio reconoce que sigue habiendo centros similares y muestra su «preocupación» especialmente por otros dos en la isla de Gran Canaria.

Según la memoria de la Fiscalía de 2023, el año anterior detectaron en las varias visitas a centros de atención a personas con discapacidad y personas mayores centros similares proponiendo al Gobierno canario su cierre por la «nula asistencia que se procura a las personas residentes más allá de un sustento y habitación básicos». A ello se suma la preocupación por «el número de centros que aún no asume la filosofía del cuidado centrado en la persona como modo de funcionamiento y organización y de la no aplicación de sujeciones físicas o farmacológicas».

Francis Candil explicó que se habían encontrado plazas, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, en otras residencias privadas con precios similares para las personas que estaban en Monte Blanco, una decena, y que por ello se había tardado en cerrar la residencia. Con todo, añadió, «somos conscientes del déficit de plazas sociosanitarias en Canarias, y es a lo que estamos buscando solución desde el ámbito público y privado. Pero tiene que quedar claro que la justificación de que tenemos déficit de plazas no sirve para que cualquier cosa sea una residencia porque si no un garaje con una cama será una residencia y por ahí no vamos a pasar», advirtió.

Al mismo tiempo señaló que otros centros, en cambio, si van adaptándose a los cambios que deben hacer según constatan por las inspecciones.

La residencia, además, según la nota de prensa de Bienestar Social, no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y carecía de cédula de habitabilidad, de tratarse de una vivienda.

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En aplicación de la normativa vigente y velando por la protección de las personas usuarias de esta instalación, con fecha 13 de noviembre de 2023, la Consejería de Bienestar Social dictó una orden en la que se confirma la medida de cierre definitivo además de imponer una multa de 232.000 euros al propietario de la instalación.