La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias comunicó al Hogar de Mayores Monte Blanco de Tafira el informe de sus inspectores que ordena el cierre y desalojo de esas instalaciones el pasado 23 de enero, hace casi cuatro meses, por distintos incumplimientos de la normativa vigente para este tipo de centros sociosanitarios y de la licencia de apertura concedida en el año 2017.
La decisión de proceder al cierre del centro, que tiene una capacidad máxima de 15 usuarios y actualmente cuenta con 10, obedece tanto a que las instalaciones de Tafira Alta no reúnen las características técnicas obligatorias para este tipo de edificaciones (anchura de pasillos y baños por planta, entre otras) como a que los servicios que viene prestando no se ajustan a la concesión otorgada por el Gobierno de Canarias.
Así, entre otras carencias en materia de servicios, el centro no dispone del personal cualificado que es necesario para la prestación de los servicios de atención sociosanitaria a personas dependientes, según informa el departamento regional.
Además, la orden de desalojo del Hogar, una residencia privada, proviene de la Fiscalía de Mayores de Canarias, aclaran fuentes de la Consejería, que lamentan que el propietario de Monte Blanco no comunicara con mayor antelación a los usuarios del centro la obligación de cerrar las instalaciones de Tafira notificada desde enero.
Usuarias de la residencia sociosanitaria que será desalojada en breve.
Arcadio Suárez
Será la Policía Local, por encargo de la Fiscalía, la que proceda al cierre del Hogar en las próximas jornadas si el propietario de la residencia no acata la orden, explican las citadas fuentes sobre la posible fecha de desalojo de las instalaciones sitas en una antigua casona.
Realojo de los últimos usuarios
El traslado a otras residencias de los últimos 10 usuarios del Hogar de Mayores Monte Blanco compete al propietario y a sus familiares al tratarse de un centro privado, pero aún así el servicio de inspección de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha facilitado el ingreso de tres usuarios en otras instalaciones.
En cualquier caso la orden de desalojo que se ejecutará próximamente mantiene en vilo tanto a los familiares como a los trabajadores del centro sociosanitario de Tafira, a los primeros porque no resulta fácil encontrar hueco en alguna residencia privada (menos aún al precio que cobra Monte Blanco) y a los segundos porque en tal caso se quedarán sin su actual puesto de trabajo.
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