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L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria.
Viernes, 18 de octubre 2024, 02:00
El cierre de la comunidad terapéutica del Proyecto Esperanza en Agaete que gestiona Cáritas Diocesana de Canarias sigue dando que hablar. Mientras que el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, cree que las deficiencias de las instalaciones son subsanables y pide a la ONG «hablar» con las instituciones para solventar el déficit del programa, Cáritas continúa con su plan de «cambiar el modelo» y apostar por un centro de día.
Este jueves el director general de Salud Mental y Adicciones, dependiente de la Consejería de Sanidad, Fernando Gómez-Pamo, visitó las instalaciones de Cáritas en Lomo Blanco para «analizar el cambio de modelo del Proyecto Esperanza y el cierre de la comunidad terapéutica del Valle Agaete», según explicó la ONG en una nota de prensa. Cáritas, señala el comunicado, «viene manteniendo diferentes encuentros con administraciones y organizaciones para seguir analizando alternativas viables que permitan continuar ofreciendo respuestas a personas vulnerables en situación de adicciones».
1.500 Personas ha atendido Cáritas en la comunidad terapéutica del Proyecto Esperanza en los 33 años que lleva abierta en el Valle de Agaete.
La secretaria general de Cáritas, Caya Suárez, explicó a este periódico la pasada semana que los problemas económicos que arrastra la ONG desde hace años debidos a «la inflación, la subida de los costes salariales y el aumento de la demanda», eran uno de los principales motivos para decidir el cierre de la comunidad terapéutica del Valle de Agaete del Proyecto Esperanza, que se hará efectivo en diciembre.
La idea, añadió, es «un cambio de modelo de atención» que se materializará en la creación de un «centro de día» en el que seguir tratando a las personas con problemas de adicción.
El miércoles en una reunión de la Mancomunidad del Norte Teodoro Sosa, que colgó su intervención en redes sociales, dijo que se había arrancado el apoyo de los alcaldes para instar a Cáritas a «sentarse con las administraciones competentes» y que «se busque una salida» para que la comunidad terapéutica siga abierta.
Teodoro Sosa llegó a decir que dos de los problemas que aducía Cáritas, la falta de agua de abasto y al accesibilidad del edificio, se podían solucionar con una aljibe prefabricada y buscando fórmulas adecuadas porque «hay otros BIC» que se han adaptado. Y sobre el déficit, 300.000 euros según dijo Caya Suárez, «debe contestar Política Social» pero que sabía que se subvencionaba con dinero del Gobierno de Canarias y el Cabildo grancanario y que entendía que «si se pone sobre la mesa la defensa de ese servicio sociosanitario y salvar los puestos de trabajo para que ese servicio no se cierre» era un tema que podía «ser discutido entre tres administraciones: la Diócesis, el Cabildo y el Gobierno de Canarias».
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