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La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario elevó este lunes al Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa para la toma en consideración del proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, así como la propuesta de iniciación del procedimiento de elaboración, tramitación y realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.
El Gobierno informa en un comunicado que el objetivo de la nueva normativa es reconocer a los menores como sujetos de pleno derecho y otorgarles un estatus activo dentro del tejido social, lo cual es esencial para construir comunidades más justas e inclusivas.
«Con el impulso de esta nueva normativa, la Consejería de Bienestar Social cumple con el compromiso de dotar a la infancia y a la adolescencia de un marco legal adecuado para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones», explicó la consejera del área, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Queremos que sea una normativa ampliamente consensuada con los grupos políticos, las entidades y las diferentes administraciones, que tendrán su oportunidad de hacer llegar sus aportaciones a lo largo del proceso participativo», añadió.
El Gobierno explica que la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia introdujo cambios jurídicos-procesales y sustantivos con los que se buscaba mejorar los instrumentos de protección, para continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado. De esta manera, la ley proporcionaba un marco a las autonomías para el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación administrativa, en el caso de los menores extranjeros. La ley orgánica contempla en su disposición final sexta que las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivo lo dispuesto y ordenado en la norma.
Por ello, y en cumplimiento de la legislación estatal, procede aprobar una ley por parte del Parlamento de Canarias con el fin de adaptar normativamente la norma autonómica a la vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Además, añade el Ejecutivo, la entrada en vigor también de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) supuso un cambio en el paradigma de la concepción de la infancia y adolescencia como sujetos plenos de derecho, abordando, entre otros aspectos, la violencia dirigida a la infancia y la adolescencia, la emergencia de protección infantil debido a los movimientos migratorios, las carencias estructurales del sistema de protección y su necesaria reforma y los retos de la participación infantil.
Respetar los derechos
Igualmente, la Lopivi introdujo principios y directrices que deben ser reflejados en las normativas autonómicas, por lo que la nueva ley canaria permitirá asegurar que los derechos establecidos a nivel estatal sean implementados y respetados en el ámbito local. La nueva norma autonómica incluirá, por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en el que, en algunos casos, se han adaptado algunos de los ya existentes y redefine la actuación administrativa de las instituciones competentes.
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