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La resolución judicial que anula el último concurso de traslados del personal de enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS) solo ha sorprendido a los 422 profesionales que tomaron posesión de su cargo esta semana tras participar en la convocatoria.
Tanto los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad -Intersindical Canaria, UGT, CCOO, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) y Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería (Cemsatse)- como los responsables del SCS eran conscientes del riesgo que suponía excluir las plazas cubiertas de forma temporal en comisión de servicios, según denuncia Sepca, que asesoró a varios de sus afiliados para que reclamaran el cumplimiento de la ley.
El secretario general en materia de Sanidad de Sepca, Joaquín Franco, asegura que durante la negociación de la convocatoria del concurso su sindicato advirtió a la Mesa Sectorial de que no se había incluido la totalidad de plazas previstas en la ley. «Tenían conocimiento de ello todas las organizaciones sindicales y la administración. Incluso hubo una corrección y, en base a nuestra propuesta, se incrementaron las plazas que pasaron de unas 300 a las 422 finales», dice Franco.
Sin embargo, Sepca seguía echando en falta la inclusión de cerca de 70 plazas ocupadas temporalmente en comisión de servicios, sin que tuvieran una reserva legal en favor de sus titulares.
«Les dijimos que esas plazas no estaban observándose y la dirección optó por no ofertar las cubiertas en comision de servicios dentro de una misma gerencia. De eso tenían conocimiento las organizaciones», señala el portavoz en materia sanitaria de Sepca sobre este bloqueo arbitrario de puestos que se ha dado, sobre todo, en atención primaria y en las islas no capitalinas.
Las plazas afectadas por el concurso anulado por la justicia, que condena al SCS a repetirlo, se adjudicaron de forma definitiva el 18 de septiembre, en lo que Franco considera un acto «imprudente».
De hecho, al día siguiente, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS emitió una resolución admitiendo el recurso interpuesto por cuatro afectados contra el concurso de traslado, comprometiéndose a incluir en el próximo concurso de traslados 16 plazas excluidas del área de salud de La Palma para satisfacer su demanda.
Un día después, el miércoles 20, la justicia resolvió anular el concurso y obligar al SCS a repetirlo.
Ahora, los servicios jurídicos del SCS buscan una fórmula para que las 422 enfermeras que acaban de tomar posesión de sus nuevos puestos no se vean afectadas.
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