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Las mujeres canarias ya pueden decidir dónde y cómo pueden interrumpir su embarazo, según indicó ayer la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, durante el pleno del Parlamento de Canarias.
«Como consejera y como mujer, para mí es una absoluta prioridad aplicar nueva instrucción de la interrupción voluntaria embarazo», señaló Monzón, que nada más ocupar el cargo, el pasado mes de julio, convocó una reunión con los jefes de los servicios de ginecología de los hospitales canarios y constató que la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de mayo de 2022, no se estaba aplicando.
«Fue una sorpresa comprobar que no se había hecho nada todavía», señaló Monzón a colación de una pregunta de la diputada socialista Nayra Alemán.
«Hemos sido nosotros (el grupo de gobierno de CC-PP) los que hemos hecho realidad esta instrucción y ahora las mujeres pueden decidir dónde y cómo pueden hacerlo», recalcó la titular de la Consejería de Sanidad.
En este sentido, Monzón señaló que a partir de ahora las mujeres de Canarias que decidan interrumpir su embarazo tendrán «los mismos derechos que las mujeres vascas, que desde hace cinco años pueden elegir dónde abortar y cómo, con una intervención química o quirúrgica».
Además, la consejera acusó al anterior Gobierno canario –formado por los partidos del Pacto de las Flores– de «no haber hecho nada privando a la mujer de tener la opción de decidir».
«El anterior Gobierno derivó a todas las mujeres que querían abortar a clínicas concertadas. Mi gobierno no las va a derivar ni a concertadas ni a públicas sino que va a respetar la decisión de las mujeres», señaló Monzón.
La aplicación de la nueva norma que permite a las mujeres elegir dónde se le practicará la interrupción del aborto supone un reto para el Servicio Canario de Salud (SCS), reconoció la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón.
«Al SCS se le puede venir encima una avalancha 4.000 y pico abortos al año», dijo en su comparecencia. Por ello, se están intentando optimizar los recursos con los que dar respuesta a este previsible aumento de demanda.
«Se está desarrollando un protocolo que se está poniendo a prueba, sobre todo, en Gran Canaria», añadió sobre una prestación que se quiere brindar «con garantías, de forma universal y respetando los valores tanto de la mujer como de los profesionales».
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