La Fiscalía solicita el alejamiento para los agresores del menor con parálisis cerebral

Esta es la última novedad del caso que ha conmocionado a la sociedad y que, tal y como señala el propio Ministerio Fiscal en un comunicado, se investiga como causa de posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación. La petición de medidas cautelares de la Fiscalía se resolverá conforme a la Ley del Menor, Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero una vez oídas las defensas.

En los alrededores del instituto santanderino, se concentraron este viernes a mediodía decenas de personas bajo el lema 'No a las agresiones'. Muchas de ellas quisieron arropar a Antonio, alumno de Secundaria en este centro público, cuya agresión destapó su madre hace tres días en un programa de televisión.

Las reacciones se multiplicaron a partir de ese momento: la Consejería de Educación, partidos políticos, sindicatos y asociaciones han condenado los hechos y han abogado por que no se vuelvan a repetir. Tras encontrar un vídeo en el móvil de su hijo, Vita denunció lo ocurrido ante la Policía y ha sido la apertura de la vía penal lo que ha paralizado, por el momento, el procedimiento ordinario que había abierto previamente la Administración educativa.

En declaraciones a El Diario Montañés, la madre lamentaba que los protocolos y procedimientos no permitan actuar con «inmediatez», que se solapen, y que, en muchas ocasiones, dejen a los alumnos en una especie de «limbo». La madre, de hecho, considera injusto que Antonio tenga que compartir aula con los alumnos que presuntamente participaron en los hechos que ahora se investigan.

La Consejería, no obstante, mantiene activo en el centro un protocolo de acoso con medidas para garantizar que el estudiante no tenga contacto directo con esos cuatro compañeros de aula implicados en el suceso. El protocolo también servirá para determinar «posibles situaciones que se puedan calificar de acoso escolar», un fenómeno que, según ha explicado hoy mismo el consejero, Sergio Silva, se «caracteriza por una situación continuada en el tiempo». Es decir, el «episodio de agresión» que se observa en el vídeo que la familia de Antonio ha dado a conocer puede estar «inmerso» o no en un «contexto de acoso». Y eso es lo que el protocolo quiere investigar.

El consejero de Educación volvió a pronunciarse este viernes sobre los hechos. Silva, que ayer por la mañana visitó el colegio Menéndez Pelayo de Santander, avanzó que se está «trabajando en todas las líneas», si bien la «prioridad absoluta» es «garantizar la seguridad de la víctima» y que no haya interacción física entre ella y los agresores, que de momento siguen compartiendo aula tras lo ocurrido.

Por otro lado, el consejero ha revelado que la Administración trabaja con las familias de los cuatro implicados en la posibilidad de su cambio de centro. Se trata, según Silva, de tener «todas las opciones abiertas para intentar normalizar la situación».

El consejero también puso sobre la mesa una cuestión sobre la que ha alertado en los días previos: garantizar la seguridad de los menores. No se debe obviar, ha incidido Silva, en el «potencial problema de seguridad» creado con la puesta en circulación de los datos personales de los menores. Por lo tanto, es necesario estar «atentos y alertas» para que no ocurra ningún hecho que «haya que lamentar». En aras de que impere la seguridad, la Policía está presente en el centro educativo desde el jueves.