El profesorado ante el protocolo antisuicidio: «No nos pueden cargar esa responsabilidad»

Lucía, de tan solo 12 años, se suicidó el pasado 20 de febrero en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. La escolar tenía un trastorno del espectro autista y, según su entorno, sufría acoso escolar. Pero el centro no detectó ningún indicio de acoso o problema que le llevara a activar el protocolo de prevención del suicidio elaborado por las consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno canario, activo desde el inicio de este curso tras dos años de trabajos.

El trágico suicidio de la alumna de sexto de Primaria ha vuelto a poner el foco en este documento y se han intensificado las dudas del profesorado. Muchos se sienten «señalados, presionados y faltos de recursos» ante tragedias de esta envergadura.

Ya los sindicatos docentes consideraron desde el inicio que el protocolo es complejo, con un alto enfoque sanitario y que deposita en los docentes una responsabilidad exacerbada. «Para aplicarlo, hace falta la carrera de Psicología y un máster en Psicología clínica», reflexiona Iván Morales, del STEC.

Otro aspecto que resalta es que se fraguó de espaldas a los sindicatos docentes, algo en el que coincide ANPE: «Si no hubiera sido así, tendríamos un protocolo menos engorroso, más sencillo de aplicar y más adaptado a las particularidades de los centros educativos».

«Supone más un conflicto que una solución», añade Morales. El principal punto de fricción que señala es que «los docentes indaguen en la salud mental del alumnado, cuando no son profesionales. Pueden tener la formación o no en este campo, algo que, en todo caso, no se les exige para dar clases».

«Vemos bien que se haga un protocolo, pero no que se responsabilice al profesorado. Hacen falta más orientadores, psicólogos y psiquiatras, y si no los hay, que los busquen», resumen desde ANPE.

El texto, que lleva por título 'Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias', implica a «todos los y las profesionales del centro», según reza, y consta de dos fases: por un lado, su activación en el caso de que se identifiquen señales de alerta directas de riesgo suicida y, por otro, la realización de una entrevista con valoración provisional de riesgo suicida, a tavés del método 'escala Columbia'. «Este último punto es muy delicado, llevar un test con estructura de examen clínico a una criatura supone analizar su salud mental sin la preparación adecuada», matiza el miembro del STEC.

El protocolo, de 123 páginas, apunta que estas entrevistas deben liderarlas el orientador u orientadora del centro, que puede ser el psicólogo, pedagogo o psicopedagogo del mismo. En su ausencia, o hasta su incorporación, ya que muchos colegios o institutos no cuentan con este personal, puede desarrollarla la persona coordinadora para el bienestar del alumnado, el enfermero o enfermera, el tutor o tutora, o el profesorado «con relación empática y de confianza con el alumnado».

«Los docentes solemos apechugar con todo, pero el tener que encerrarme con un alumno, de espalda a los padres, y realizar un test de salud mental... Yo puedo ser muy agradable, pero basta que lo enfoque mal o pronuncie una mala palabra, para que cometa el acto (suicida) al llegar a casa», ejemplifica Morales. Lo cierto es que a las familias no se les comunicaría la activación del protocolo hasta la detección del nivel de riesgo, es decir, hasta después de la entrevista.

La Consejería de Educación ha instado a los sindicatos a subrayar los puntos que consideran conflictivos del texto para revisarlos con las propuestas que aporten. El viceconsejero José Manuel Cabrera asegura que se trata de un «documento vivo, porque los protocolos no se cierran, se aplican y se mejoran» y que con «más formación y recursos adicionales para los centros» se mejora la aplicación del protocolo, además de la coordinación con Salud Mental.

Pero ANPE reclama la retirada del documento «hasta que se negocie debidamente con la representación del profesorado». El STEC propone uno de apenas «tres líneas». Sería así: «Yo detecto e informo a la dirección, que por un lado informa a las familias y por otro a la administración, y que desde esta hablen con Servicios Sociales o Salud Mental».

En lo que sí coinciden sindicatos docentes y Educación es en la necesidad de que haya un protocolo que aborde esta realidad y su prevención desde las aulas. El actual ya mantiene 45 casos en seguimiento.

«Se ha quitado la vida por vuestra culpa», «denunciamos públicamente la inacción de los centros educativos», «los llamados profesores son ya funcionarios, cobran su sueldo y pasan de los niños». Son algunos de los mensajes publicados en redes sociales a raíz del suicidio de Lucía, que llevó a la maestra de Primaria Elena García Regalado a escribir una carta señalando la desazón y el miedo que se respira entre el profesorado.

«Nos tachan día sí y día también de incompetentes, poco profesionales y malas personas; pero nadie sale en nuestra defensa. Al contrario, la Consejería los atiende y parece que muchas veces les dan la razón», reza la misiva.

La maestra echa especialmente en falta ese respaldo por parte de la administración y que desde esta se actúe de oficio denunciando estos mensajes: «Echa balones fuera de que nunca tiene conocimiento de nada, pero soltándonos a los y las docentes, que estamos dentro del aula dejándonos la piel en que nuestro alumnado salga adelante, con todo lo que tenemos en contra».

García considera que estas publicaciones en internet son claras incitaciones al odio y se cuestiona si no será necesario personal de seguridad en los centros.

Lamenta que en estas se generalice y se meta a la totalidad de los docentes en el mismo saco: «No todos, pero sí la mayoría nos preocupamos por el bienestar del alumnado», señala a este periódico.

Sobre el último caso de suicidio notificado en las islas, repara en que el claustro de profesores del centro donde cursaba la niña, también es superviviente de un suicidio, y que es atrevido afirmar si el colegio actuó o no, cuando la investigación su curso.

En todo caso, celebra los protocolos que sean necesarios, pero incide que deben llegar acompañados de recursos y no servir para «echar balones fuera». Sus últimas palabras son para el profesorado del César Manrique: «Calor y apoyo, no están solos».

Lea aquí la carta completa de la docente.

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