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La muerte de una niña de 12 años ha conmocionado al norte de Tenerife. La pequeña, con necesidades educativas especiales, se suicidó en la tarde del jueves en Puerto de la Cruz y desde su entorno más cercano se afirma que sufría acoso escolar. Ahora, la Policía Nacional investiga las circunstancias de su muerte.
La menor era alumna de sexto curso de Primaria en el colegio César Manrique que este viernes suspendió las clases.
La Consejería de Educación ha puesto a disposición del colegio un equipo de psicólogos para afrontar el duelo a partir del lunes, día que se retomarán las clases. Además, desde el departamento del Gobierno regional se afirma que no se activaron los protocolos de acoso ni de prevención del suicidio en el colegio porque la convivencia en el centro era normal, no había formulada ninguna denuncia y tampoco se habían detectado en la niña autolesiones ni indicios de ideación suicida.
Educación tiene establecido un protocolo antisuicidios en todos los centros, según el cual cuando los profesores o el personal no docente detecta cualquier sospecha se activan sus medidas, algo que no sucedió en este caso.
El Ayuntamiento de la localidad turística convocó este viernes un minuto de silencio en memoria de la niña, al que se sumó un nutrido grupo de personas de la asociación Visión Azul Autismo. «No había ninguna denuncia, no había ningún dato alarmante que pudiera poner en sobreaviso a la comunidad educativa, por extensión al Ayuntamiento, para poder actuar. Por lo tanto nos ha cogido a todos por sorpresa», indicó ayer a RTVC, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso.
Por su lado, la vicepresidenta de la comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Parlamento de Canarias, Tamara Raya, señaló este viernes que hechos tan dolorosos como la muerte de esta niña deben llevar a los diputados regionales a reflexionar sobre «el suicidio de niños y niñas en edades muy tempranas», indicó Raya que transmitió las condolencias del órgano parlamentario a los familiares y amigos de la pequeña fallecida.
En lo que va de curso, el protocolo ante el riesgo suicida en los centros educativos de Canarias se ha activado en 45 casos que requieren especial atención.
Respecto a la aplicación del protocolo contra el acoso escolar, se ha activado por 90 posibles casos, de los que se han resuelto 63. En total se han confirmado doce casos de acoso, seis en cada provincia, según informaron fuentes de la Consejería de Educación.
En el año 2023, el último del que se disponen datos, en Canarias se suicidaron 241 personas, de las que 20 tenían entre 15 y 29 años. «El suicidio es la principal causa de muerte en esta franja de edad», indica Felipe Lagarejo, coordinador de la Comisión de Suicidio del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife.
En opinión del experto, el protocolo diseñado por el Gobierno regional para detectar las conductas suicidas en el ámbito escolar tiene escasas posibilidades de éxito en la medida que deja en manos del profesorado la responsabilidad de detectar a los menores en riesgo. «Los pobres profesores no tienen ni tiempo ni capacidad para hacer de psicólogos. La evaluación psicológica debería hacerla un profesional», explica Lagarejo quien asegura que, con este documento, las autoridades educativas han transferido su responsabilidad en este ámbito a los docentes con un protocolo que sirve para salvar la imagen pública de la administración, «no para ayudar a las personas que sufren».
En su opinión, si realmente se busca detectar los comportamientos suicidas en las aulas, habría que dotar a cada centro educativo de un psicólogo.
Además, recuerda que un estudio reciente concluyó que «entre un 28% y un 29% de los menores de Canarias ha coqueteado con las ideas sucidas y cerca del 15% lo ha intentado», cifras que merecen una actuación más seria.
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