Un profesor sordo de las islas denuncia su «cese injustificado»

Miguel Ángel Sampedro, profesor de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria y primer doctor sordo en Filología Hispánica de España ha denunciado «la falta de adaptación en su puesto de trabajo como docente y el incumplimiento de la legislación vigente en materia de inclusión laboral por parte de la Consejería de Educación de Canarias», según se destaca en un comunicado difundido por Ilunion.

Sampedro sostiene que, desde 2020, la administración ha incumplido reiteradamente su obligación de proporcionarle un intérprete de lengua de signos desde el inicio del curso, lo que ha tenido consecuencias en su salud mental, incluyendo episodios de ansiedad y bajas laborales.

Este curso su intérprete se incorporó poco antes de Navidad, permitiéndole trabajar con normalidad, «pero el pasado 29 de enero la Consejería decidió cesarle alegando supuesta ocultación de una enfermedad preexistente en referencia a la ansiedad provocada, según explica Sampedro, por la falta de ajustes razonables en el entorno laboral», sostiene el comunicado. «Cuando firmé el nombramiento no la padecía y cuando dispongo de intérprete en el instituto, tampoco», afirma el docente.

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno canario afirma que la declaración de no aptitud para el ejercicio de la docencia de este profesor son provenientes del informe de la Inspección Médica que es el órgano que ostenta la competencia para determinar tal capacidad para la docencia. «Educación», añaden las fuentes de la Consejería, «no puede rebatir el señalado informe pues el Decreto regulador de la Comisión para la valoración de la capacidad establece que será esta la que determine si se reúne este requisito».

Sobre la no incorporación de personal intérprete de lengua de signos, Educación sostiene que la contratación del mismo «se demoró por no disponer de efectivos con el perfil señalado debiendo realizarse una selección». «No obstante, una vez incorporado el personal seleccionado y comunicado al docente que ya disponía del citado efectivo, no se incorporó a su puesto de trabajo debiendo efectuarse una adscripción provisional de la persona contratada a otro centro educativo», explica.

«El informe de la Inspección médica cita que la patología que el docente presentaba era preexistente a su incorporación al inicio del curso escolar, por lo tanto, desconocemos el motivo o la patología a la que tal informe se refiere», añade Educación.

Sin embargo, para el docente este cese vulnera los derechos recogidos en la legislación española e internacional. «La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España, establece en su artículo 27 la obligación de los Estados de garantizar un entorno laboral accesible para las personas con discapacidad, incluyendo ajustes razonables», sostiene.

También están la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social obliga a las administraciones a garantizar la accesibilidad y los apoyos necesarios en el empleo público; el Estatuto Básico del Empleado Público contempla para los trabajadores con discapacidad que se implementen medidas de adaptación para evitar que su desempeño laboral se vea afectado; y la ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la necesidad de proteger a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, explica el comunicado de Ilunion, vinculado a la ONCE.

La Consejería de Educación de Canarias promueve también políticas de inclusión de personas con discapacidad que «se quedan en papel mojado» cuando, tal y como manifiesta Sampedro, «no se garantizan los medios necesarios para que un docente sordo pueda ejercer su labor en igualdad de condiciones».

El docente ha presentado un recurso potestativo de reposición exigiendo que se revierte su cese, se respeten sus derechos como trabajador con discapacidad, y se refuercen los mecanismos de supervisión para evitar futuras vulneraciones. «El mío no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que exige respuestas inmediatas», asegura.

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