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El Consejo de Ministros aprobó esta semana el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de Otros Fenómenos Geofísicos que contempla el desarrollo de 58 medidas para reforzar las redes de vigilancia y detección de fenómenos naturales destructivos, como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis o tormentas espaciales, y para mejorar los sistemas de comunicación, coordinación y respuesta de los organismos científicos implicados en estas emergencias.
En la elaboración del documento, coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), han participado 54 entidades académicas y científicas, entre ellas el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y las dos universidades públicas del archipiélago.
La participación canaria en la confección del plan se centró en cómo afrontar una crisis volcánica y contó, además, con la participación de otras instituciones científicas como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) o la Universidad de Granada, según explicó el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez.
La iniciativa de diseñar esta hoja de ruta ante emergencias geológicas nació tras la experiencia de la erupción volcánica del Tajogaite (2021). «En La Palma hubo una buena coordinación en general pero también se vieron algunas carencias», señala Domínguez que pone como ejemplo el hecho de que, a la hora de analizar las muestras de materiales eruptivos, cada institución las enviaba a un laboratorio distinto.
En el ámbito volcanológico el plan tiene como objetivo determinar las infraestructuras y labores críticas creando protocolos para realizar un seguimiento más ágil, coordinado y eficaz de una erupción. El fin, explica el responsable del IGN en Canarias, canalizar y ordenar el flujo de datos para favorecer su disponibilidad de cara a la gestión de la emergencia.
El mantenimiento del instrumental que se defina como crítico para la vigilancia volcanológica y el uso de los datos también se determinará en virtud de este documento que nace del consenso de más de medio centenar de instituciones científicas.
«A la erupción de La Palma fueron muchos científicos nacionales e internacionales, coordinarnos fue complicado. Este documento establece protocolos para la toma de muestras y que los resultados se usen para mejorar la generación de informes dirigidos a Protección Civil», resalta el sismólogo canario, quien valora el acuerdo alcanzado por un «gran grupo de trabajo» para definir las acciones a realizar frente a un fenómeno geológico y qué entidades asumirán cada tarea.
«Es en los momentos de tranquilidad es cuando hay que hacer esta planificación para, cuando ocurra algo, estar preparados y tener protocolos de coordinación con todas las instituciones con interés y capacidad de respuesta y, de este modo, mejorar los sistemas de vigilancia nacionales», señaló Domínguez sobre esta hoja de ruta que identifica todos los recursos disponibles para maximizar su eficacia.
La disposición de buques oceanográficos, estaciones sísmicas, redes geodésicas, laboratorios, instrumentación geoquímica o sistemas encargados de elaborar mapas de peligrosidad se ordenarán gracias a este plan encargado en 2022 por el Gobierno central al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) fue el encargado de coordinar la elaboración del plan nacional de vigilancia de fenómenos geológicos y, para ello, constituyó cinco grupos encargados de abordar los cinco peligros considerados: sísmico, volcanológico, tsunami, inestabilidad del terreno y meteorología espacial (tormentas y eventos geomagnéticos). El documento, ahora, deberá ser desarrollado atendiendo a las líneas maestras trazadas gracias al consenso de 54 entidades científicas y académicas.
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