El jurado popular ha declarado probado que Manuel Ramón Campillo es el autor del homicidio de la que era su pareja sentimental Mariam Ibarlucea después del veredicto dado a conocer este jueves. En el mismo, se determina que el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima, por lo que se le aplicará la agravante de parentesco, como así solicitaron las tres acusaciones. La decisión no recogió la agravante por razones de género.
En el texto leído ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el Tribunal del Jurado consideró probado que Campillo tenía sus facultades cognitivas y volitivas conservadas, es decir, no estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.
La discrepancia surgió en lo que respecta a la atenuante pedida por la defensa de confesión, ya que fue interpretada de forma dispar por las partes: las acusaciones, al escuchar el veredicto, entendieron que la presunta colaboración no fue tal, mientras que la defensa sostuvo que si se había apreciado al darse como probado que Campillo había reconocido el crimen por teléfono a un agente de la Guardia Civil.
No apreció la agravante de género al considerar que el proceder de Campillo no fue una «exteriorización de una situación de dominación y control sobre ella que puso de manifiesto como expresión de superioridad y desigualdad sobre la víctima por ser una mujer mayor que él y con una salud debilitada», recogió el veredicto.
En cambio, fueron unánimes a la hora de determinar que Mariam y Campillo eran pareja, por lo que aceptaron la agravante de parentesco.
En este escenario tan atípico, al finalizar la lectura del veredicto, las partes procedieron a interesar la cuantía de las penas que deben imponerse al acusado. Por una parte, el fiscal Jesús Lomba y la acción popular del Gobierno de Canarias pidió 15 años y cinco meses por los delitos de homicidio y profanación de cadáver. La acusación particular sostuvo que Campillo debe de ser penado a 20 años –a pesar de ser un homicidio– y cinco meses, además del pago de 200.000 euros de responsabilidad civil a la que entiende que es la familia que le queda a Mariam en tierras peninsulares. Por último, la defensa interesó una condena de cinco años y tres meses al entender que el jurado dio por válida la atenuante de confesión.
El procedimiento queda a la espera ahora de que la magistrada presidente Pilar Parejo dicte sentencia.
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