Pérez prioriza el desbloqueo de las oposiciones públicas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, tiene «en la primera línea de sus preocupaciones» encontrar una salida «con todas las garantías» a la situación creada después de que el anterior Ejecutivo «aplazara» las pruebas para 17 procesos selectivos tras dos sentencias que declaraban insuficiente la justificación para dar prevalencia al concurso oposición sobre el sistema de oposición.

En este sentido, desde Administraciones Públicas se apunta que están a la espera de un informe de los Servicios jurídicos del Gobierno de Canarias -que se ha solicitado con urgencia- y cuando llegue se adoptará la primera decisión que será «cuanto antes», para que esta polémica esté zanjada «en un plazo razonable». Agrega la Consejería que es preciso este informe jurídico para evaluar el alcance de la medida así como del estado real de todas las convocatorias.

En cualquier caso, desde Administraciones Públicas se envía «un mensaje de tranquilidad» a todos los aspirantes -en torno a 15.000 en las 17 convocatorias- porque lo que está en cuestión «no son los procesos, sino solo la fase de concurso» y se insiste en que su intención es «acelerar» los trámites para que, cuanto antes, se puedan finalizar estos procesos y se incorporen a la Función Pública «activos que son imprescindibles» para la comunidad autónoma.

El actual Gobierno de Canarias reconoce que «no nos gusta la medida» adoptada por el anterior Ejecutivo pero, teniendo en cuenta los intereses de las personas afectadas, quiere «obrar con prudencia y garantizar los derechos de todos los opositores, porque estamos hablando de un gran número de personas y queremos que la resolución que se adopte tenga el aval de los servicios jurídicos».

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Por otro lado, el secretario general de Coalición Canaria y titular de la Consejería de Presidencia, José Miguel Barragán, quiso puntualizar ayer que las bases recurridas ante la Justicia fueron redactadas por el socialista Aaron Afonso -que estuvo al frente de este departamento en la primera parte de la pasada legislatura -hasta que se rompió el pacto CC-PSOE- y aunque se expresaron algunas dudas respecto al artículo cuestionado, se mantuvo porque fueron consensuadas con los sindicatos, explicó.