Monzón: «El SCS puso todas las facilidades del mundo a la UDEF para que se sepa qué pasó»

Técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) pusieron este jueves a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que registraron uno de sus despachos «todas las facilidades del mundo para que se pudiera hacer un buen trabajo» y que se sepa «qué es lo que pasó finalmente» en el llamado caso Mascarillas.

Así lo ha asegurado este viernes la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, al ser preguntada por Efe por cómo se vivió el registro desarrollado este jueves en su sede durante 12 horas por orden de la Fiscalía Europea, en busca de correos y archivos relacionados con su exdirector Conrado Domínguez y su exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez.

Unas diligencias que, según ha dicho, se vivieron «con mucha calma», ya que «el ambiente en la Consejería fue el de un día normal, salvo en un despacho, donde se encontraba la UDEF con técnicos del SCS, que facilitaron toda la información que fueron demandando a lo largo de una larga jornada».

«Fue un trabajo minucioso y por parte de la Consejería pusimos todas las facilidades del mundo para que se pudiera hacer un buen trabajo con el fin de saber qué es lo que pasó finalmente«, ha referido.

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Al ser preguntada por si Domínguez estuvo presente en el registro de ese despacho, Monzón ha manifestado que «no lo vio» durante la jornada en las dependencias sanitarias del Gobierno canario, en Las Palmas de Gran Canaria.

En esta causa se pretende averiguar el destino de los cuatro millones de euros que el SCS adelantó en 2022 a una empresa sin experiencia alguna en suministros médicos, la firma de importación de coches RR7, para adquirir un millón de mascarillas 3M que nunca se entregaron, ya que las que intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana por tratarse de falsificaciones.

La Policía sospecha de que Conrado Domínguez, que dimitió en noviembre de 2022 tras su imputación en este asunto, podría haberse llevado parte de una comisión de 100.000 euros de ese contrato suscrito en 2020 en favor de la empresa RR7 United, según consta en un informe de la UDEF.

A comienzos de esta semana, el lunes, Domínguez se acogió a su derecho a no declarar al ser citado por la Fiscalía Europea en Madrid, según informaron fuentes jurídicas tras su comparecencia.

Pese al primer incidente ocurrido con RR7 (el bloqueo en Aduanas de las mascarillas falsas), el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó que se diera la oportunidad a la empresa de suministrar otra partida de mascarillas, pero tampoco esta llegó.

La Fiscalía Europea reclamó la instrucción de este caso porque en el expediente de compra de las mascarillas a RR7 consta que se le pagaron con fondos europeos. Hasta ese momento, se encargaba el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que ya tomó declaración como imputado a Domínguez el 29 de septiembre de 2022.

Dos meses después, con el caso todavía en Gran Canaria, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez detener al exdirector del SCS y acceder a sus correos electrónicos y a la memoria de su teléfono móvil, por temor a que destruyera pruebas, pero el juez no lo aceptó.

Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez ha sido imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias, de los que también se acusa a la exdirectora de Recursos Económicos del SCS.

Además de Domínguez, el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro presuntos comisionistas en el caso Mascarillas: los intermediarios de la operación Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras.

Este es el segundo registro que la Policía Judicial realiza en el SCS en menos de un mes para indagar sobre los fondos gastados en compras de material sanitario en los primeros meses de la pandemia de covid-19, que son objeto ya de tres causas penales (el 'caso Mascarillas', el 'caso Koldo' y un presunto fraude a Hacienda que implica al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez).

La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, confirmó el pasado 11 de abril que agentes de la Guardia Civil en funciones de la Policía Judicial se habían personado la víspera en su departamento por orden de la Fiscalía Europea para requerir más documentos, informes y datos relativos a la etapa de 2020-2021.

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Según Monzón, en ese primer registro los agentes se llevaron expedientes adicionales a los que ya tenía la Fiscalía, pidieron información al detalle sobre las personas que intervinieron en las distintas fases de tramitación de cada uno de ellos y quisieron visitar los almacenes donde había material sobrante de aquella etapa.