Caso Mascarillas

Torres, sobre el registro en Sanidad: «Todo lo que tengan que hacer, que lo hagan»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mostró este viernes su colaboración con la justicia en la investigación de la Fiscalía Europea sobre el caso Mascarillas y que motivó que este jueves, durante unas doce horas, la Policía Nacional registrara las dependencias de la Consejería de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria.

«Todo lo que tengan que hacer, que lo hagan», señaló en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha dejado claro que es un asunto que «está judicializado y en investigación» y que ayer se inspeccionaron básicamente documentos internos y cuentas de correos, entre otras cosas.

El ministro apuntó que la compra de material sanitario durante la pandemia «fue una labor tremendamente complicada en un momento muy difícil» y dijo que acudirá a las comisiones de investigación si le cita con «absoluta tranquilidad» a exponer lo que se realizó.

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«Creo que se hizo una buena gestión», puntualizó, remarcando especialmente los datos de número de fallecidos, ingresos en hospitales o PCR que se hicieron en las residencias en comparación con otras comunidades autónomas.

«Dicho esto, y con toda la presunción de inocencia, si ha habido desalmados o personas que han incumplido la ley, que caiga todo el peso de las mismas sobre ellas«, explicó.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, manifestó que al actual Ejecutivo regional le «toca gobernar» y «no» va a estar en el «y tú más». «La parte política es en el Parlamento, en las comisiones, donde se tiene que determinar; la parte judicial, en los juzgados», apostilló, para aclarar que la colaboración del Ejecutivo canario con las autoridades será «total».

El caso Mascarillas afecta a la gestión del Gobierno canario de Torres en la pasada legislatura por el que se investiga el pago de cuatro millones de euros a una empresa no especializada en material sanitario por un millón de mascarillas que no llegaron a ser entregadas -fueron eliminadas por Aduanas al ser falsas-.

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Entre los investigados del caso se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, a quien se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.