El Gobierno busca dinero para realizar los pagos y evitar el cierre de centros

El Gobierno de Canarias asegura que las entidades afectadas por la falta de financiación para atender a los menores migrantes que llegan a las costas canarias recibirán la próxima semana los pagos atrasados. Esto incluye al centro de la Fundación Canaria Cepsocial, que denunció este jueves que se verá obligada a cerrar las puertas de su centro, ubicado en Teror, al ser una entidad de nueva creación que no tiene capacidad financiera para hacer frente a los gastos derivados de la atención de estos niños y niñas.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno autonómico, Sandra Rodríguez, apuntó que la semana pasada se aprobó un incremento de 24 millones en varias partidas de la Consejería de Bienestar Social, y que «una parte fundamental» será destinada a la atención de estos menores. Explicó que se ha hecho «un esfuerzo» para dar respuesta «de inmediato» y ponerse «al día en los pagos».

En la misma línea se manifestó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, en comisión parlamentaria, pues reconoció que hay «problemas» para garantizar los pagos a las ONG.

Rodríguez puntualizó que en aquellos contratos que se han realizado por la vía de emergencia, «se ha tramitado más rápido» el pago, mientras que aquellos que tenían plazas abiertas antes del 1 de agosto «van por otro procedimiento», por lo que se ralentiza más. En cualquier caso, indicó que a algunas entidades se les deben pagos desde el mes de mayo.

Sin embargo, Rodríguez remarcó en declaraciones a los medios de comunicación este viernes que no se tienen «suficientes plazas» para atender a estos niños y niñas, razón por la cual se pide desde hace meses la modificación de la ley de extranjería, que hará que los niños y niñas sean distribuidos entre las comunidades autónomas. Todo ello, con el fin de poder garantizar sus derechos, que se ven en peligro en territorios saturados, como es el caso de Canarias, que da acogida en torno a «5.000 menores» en recursos que dependen del Ejecutivo y a 400 en la red de centros de los cabildos insulares.

La directora general informó de que, en caso de que el centro de Teror tenga que cerrar sus puertas, se buscará otros centros donde poder realojarlos y se valorará «cuál es la forma que tienen de trabajar con ellos». Trasladó que su intención es reunirse con la fundación para conocer de cerca la situación.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, apuntó que, lo que ocurre en estos momentos, es que no se está llegando al pago de las ONG «con la agilidad necesaria para poder ellos afrontar los gastos» derivados de la atención de estos jóvenes.

No obstante, remarcó que no se ha querido hacer «casus belli del tema económico» porque se está hablando de personas, en concreto, «de niños y niñas». Sin embargo, resaltó que el Estado «tiene que asumir su responsabilidad y costear ese dinero».

En este sentido, el Ejecutivo estatal había anunciado una inyección de 50 millones de euros para ayudar en la acogida de estos chicos y chicas. Una partida presupuestaria que todavía no ha llegado. «A medida que pasa el año, 10 meses después, soportando 15 millones de euros al mes Canarias en solitario, se han ido retrasando los pagos», indicó Clavijo.

Para el Ejecutivo autonómico, esta partida es «insuficiente», y cifra en 150 millones de gasto al año los que requerirían para poder dar una respuesta digna a estos niños y niñas.

La situación que se dibuja ahora preocupa. La titular de la dirección de Infancia apuntó que prevén que las próxima semanas podrán ser «bastante importantes» debido a las buenas condiciones del mar. Indicó que el año pasado, «El Hierro recibió, en octubre, una media de 1.000 personas, de las que el 20%eran menores de edad».

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