Los centros de menores entran en quiebra ante la incapacidad de Canarias de pagar sus facturas

La saturación en los centros de acogida de menores migrantes en Canarias y la falta de recursos económicos ha llevado a algunas organizaciones a plantearse cerrar sus puertas. Uno de ellos es el centro D.E.M.E.N.A. Fincaventura, ubicado en Teror y que da acogida a 50 menores migrantes, asegura estar al borde del «k.o. técnico» al no recibir «ni un solo euro» desde que abrieron, el 12 de agosto de este año, para hacer frente a los gastos derivados de la atención de los niños.

El Gobierno de Canarias, que tiene bajo su tutela a más de 5.500 niños y niñas migrantes, ya advirtió de las dificultades para el pago de las facturas. Así, solicitó 150 millones de euros al Gobierno estatal para hacer frente a este drama humanitario, pues el Ejecutivo autonómico cifra en «14 millones» el gasto derivado de la atención de esos jóvenes. De momento, el Estado se comprometió a inyectar 50 millones, que aún no han llegado.

Desde la Fundación Canaria Cepsocial, que gestiona uno de los centros afectados, trasladan que, en vista del retraso en los pagos, se dan de margen entre 15 o 10 días. De lo contrario, tendrán que cerrar sus puertas «de manera inminente». «Es una pena, los chicos ya están ubicados y con una rutina» indica el subdirector del centro, Adrián Díaz, que cuenta que han podido escolarizar, al menos, a 10 de ellos. Otros están cursando Formación Profesional en Guía, y algunos forman parte de equipos de fútbol. En definitiva, están consiguiendo que se integren, poco a poco, en la sociedad canaria, por lo que «cambiar ahora sería complicado para ellos», indica Díaz.

Los jóvenes que conviven en este centro tienen entre 15 y 17 años. Tras sobrevivir a la ruta canaria, la más mortífera de todas, fueron derivados al centro Tagoror, que dirigía la hija de Rafael Hernández, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) de Canarias, y que está siendo investigado por un presunto delito de trata de personas y explotación laboral.

Con el desalojo de las instalaciones gestionadas por Hernández, los chicos fueron trasladados a Teror, donde han encontrado una oportunidad. En la actualidad, como comenta Adrián Díaz, en este inmueble se les dan todas las atenciones y les dan acogida «de forma digna e integral». Pero no han podido pagar a sus 35 empleados desde hace tres meses: «Algunos ya han tenido que renunciar». El presupuesto, en este caso «está saliendo del bolsillo del presidente de la fundación, que lleva ya destinados «más de 60.000 euros».

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, apunta que casos de este estilo son el fruto «de la saturación de los servicios y de las entidades» y de la dificultad «en la obtención de los recursos económicos», porque no ha habido apoyo «por parte del Estado». No obstante, remarca que intentan responder «mes a mes», aunque no tienen margen de planificación

A la falta de recursos económicos del Gobierno de Canarias, se suma que, en este caso, la fundación es de nueva creación, por lo que no pueden disponer de un crédito bancario que les ayude a aliviar la presión.

El ayuntamiento de Teror les ha proporcionado algunas facilidades, como la agilización en los trámites para el empadronamiento de estos chicos o la cesión de algunas canchas para que realicen actividades fuera de la finca, rehabilitada y acondicionada por la fundación para atender a estos jóvenes. Sin embargo, el no tener capacidad económica para darles incluso lo más básico, podría acarrear que se vulneraran sus derechos y no se les pudiera dar una acogida digna. «Ya hemos hablado con ellos, les transmitimos tranquilidad», indica Díaz.

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