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El pasado mes de abril, la consejera de Turismo, Jessica de León, anunció que el Gobierno de Canarias había dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda -la ley del alquiler vacacional- con el objetivo de iniciar la tramitación parlamentaria en septiembre y aprobar el texto a final de año.
Sin embargo, numerosos frentes abiertos desde todos los flancos hacen imposible que se cumplan estos plazos y, a día de hoy, se sigue negociando en busca de un mayor consenso que dé robustez a este documento que, de momento, no contenta ni a municipios turísticos, ni a los empresarios del sector ni a los propios socios de Gobierno.
Los contactos que se están llevando a cabo no están dejando resultados positivos y, entienden algunos interlocutores, que la actitud de la Consejería «no está siendo receptiva» a sus propuestas. Critican que, después de las reuniones que se están manteniendo y las modificaciones al texto inicial, en realidad «no se están moviendo de su posición inicial».
No solo ayuntamientos o propietarios han puesto pegas a este anteproyecto. Un dictamen del Consejo Económico y Social (CES) también advierte del riesgo de reclamaciones e indemnizaciones futuras al vulnerar derechos adquiridos de los propietarios, como la inclusión de un régimen transitorio para continuar con su actividad.
Asuntos como la injerencia de la ley en las competencias municipales o la protección a los pequeños propietarios están en el centro del debate de un anteproyecto que recibió más de 3.000 alegaciones en su fase de información pública y trámite de audiencia.
Aunque la Consejería de Turismo ha sometido el texto a algunas modificaciones después de este proceso, la realidad es que no ha recabado más apoyos y continúa sin fecha para ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
Su tramitación seguirá el procedimiento de urgencia ante la «necesidad de contar de manera inmediata con una regulación que garantice que la actividad turística se desarrolla de acuerdo a las mínimas exigencias de desarrollo sostenible, y no de una manera absolutamente improvisada, espontánea e incluso errática», según ha apuntado la consejera Jessica de León.
Sin duda, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha sido el colectivo que ha mostrado una confrontación más directa con este texto e incluso ha llevado su queja ante Bruselas por las restricciones que, entiende, la nueva normativa impone a quienes desean dedicar sus inmuebles al alquiler turístico y que en casi un 90% son pequeños propietarios, según sus datos.
Por otro lado, la norma establece que el 90% de la edificabilidad residencial en un municipio debe destinarse a domicilio permanente -80% en las islas verdes-, para contribuir a paliar los problemas de acceso a la vivienda.
Y en este punto han encontrado de frente a los alcaldes, especialmente los grandes municipios turísticos -que en el caso de Las Palmas están gobernados por PP y CC o sus aliados, como es el caso de La Oliva, San Bartolomé de Tirajana o Mogán-.
Así, el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal (CC), rechaza que el alquiler turístico sea el gran obstáculo para el acceso a luna casa.
Al menos en los municipios turísticos, dice, el problema es que no se construye vivienda pública desde hace más de 20 años. En su opinión, es un error fijar un porcentaje de alquiler vacacional por ley y debe ser cada municipio, atendiendo a su casuística, el que establezca el porcentaje. Insiste en que, en San Bartolomé, esta modalidad vacacional vacacional no resta vivienda «porque el 80% está en zona turística».
A su juicio, si el Gobierno asume las alegaciones presentadas «será una buena ley» y reclama «cintura política y capacidad de negociación» a la Consejería de Turismo.
Tal como está redactado, el anteproyecto de ley traslada al ámbito municipal competencias que en estos momentos están en manos de los cabildos y del propio Gobierno de Canarias.
Esta es la denuncia que hizo recientemente la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito (PSOE), al asegurar que si el texto se publicara en sus actuales términos supondría «la quiebra de los ayuntamientos».
Detalló que quedaría en sus manos la revisión y actualización de las declaraciones de responsabilidad que ahora tramitan las corporaciones insulares. Ello supondría una importante sobrecarga del trabajo administrativo municipal que podría ser muy complicado de asumir.
Para abordar los distintos puntos de vista sobre este anteproyecto, desde la Fecam está pendiente de una nueva reunión con el Gobierno y además está manteniendo encuentros con los grupos parlamentarios para darles a conocer su posición.
Entre otros asuntos, los alcaldes critican también que se limite la explotación de una vivienda vacacional a una empresa profesional. Entienden los ayuntamientos que muchos propietarios que actualmente tienen contratada una gestión profesional de la vivienda vacacional tendrían que hacerlo de forma particular, lo que afectaría no solo a la gestión en sí del alojamiento sino a la imagen del destino.
El Ejecutivo ha anunciado que dotará a los ayuntamientos de herramientas para planificar y ordenar el uso turístico de vivienda.
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