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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra su pleno ordinario de marzo.
15:37
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba tras siete horas y media de sesión.
15:35
Importante
El vecino Juan Manuel Rodríguez Hernández denunció la situación de abandono en que se encuentra el barranco del Guiniguada por la acumulación de basura en su cauce. Tras las inundaciones de Valencia, este ciudadano decidió visitar el barranco. «Es un auténtico basurero cuando entra en nuestro municipio», expuso.
Tras recorrer en varias ocasiones el Guiniguada convocó a diferentes personas a un paseo por el barranco. «Como no hubo respuesta institucional decido interponer una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la posible coisión de tres delitos», expuso.
Tras eso, se produjo una reacción. «No es lógico que yo tenga que enfrentarme a los poderes institucionales», se quejó, «la denuncia en la Fiscalía les obliga a actuar, estaremos muy atentos».
La alcaldesa Carolina Darias le agradeció su interésy su compromiso en favor de la ciudad. Le dijo que «hay una planificación prevista para la limpieza ordinaria de los barrancos» pero que las últimas lluvias la alteraron y obligaron a Emalsa intervenir más arriba para evitar incidencias mayores.
Informó de que se están produciendo importantes vertidos en la zona. «Sin perjuicio de que tenemos que mejorar y que ya se ha iniciado la limpieza, ante las reiteradas situaciones de vertidos en esta zona del barranco, hemos solicitado la instalación de cámaras de vigilancia en prevención de los ilícitos penales que se puedan estar produciendo en ese ámbito», expuso.
15:22
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, puso sobre la mesa que el Tribunal de Cuentas realizó un informe con supuestas irregularidades en la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa) en el año 2019, lo que fue desmentido por el concejal Pedro Quevedo.
«Hay irregularidades que se han encontrado en el informe de fiscalización», indicó el edil ultraconservador, quien preguntó si se habían solventado, para lo que no obtuvo respuesta.
El informe apuntó que las tarifas se calcularon sin tomar como referencia el valor de mercado y sin los informes necesarios; que coexisten dos regulaciones diferentes (la fiscal y la de tráfico) de modo que el estacionamiento irregular puede ser sancionado con una tasa o con una multa; la contabilización de los ingresos de las autoliquidaciones las regularizaciones voluntarias como parte del volumen de negocio de Sagulpa sin imputarlos al presupuesto del Ayuntamiento; o diferencias entre los derechos pendientes de cobro y los importes contabilizados.
El Ayuntamiento asegura que no se ha producido un quebranto contable. En su escrito de alegaciones, se especificó que sí se hicieron estudios para fijar la tasa. Y defendió la existencia de la doble regulación, al tiempo que justificó que la diferencia entre los derechos generados y los importes contabilizados fue por falta de integración de los diferentes aplicativos.
En una línea similar se manifestó también Sagulpa.
15:20
Vecinos de La Isleta acudieron al pleno municipal para recordar que siguen a la espera del informe sobre la viabilidad de recuperar la doble vía en la calle José Guerra Navarro, donde están los centros de salud y de mayores del barrio. Los vecinos recuerdan que llevan desde julio esperando por una respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
15:01
El concejal del PP Ignacio García Marina criticó la falta de agentes de la Policía Local durante la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Recogió las denuncias sindicales de que en los primeros actos no se tomaron medidas antiterroristas como requiere el nivel de alerta actual; inquirió sobre los momentos de tensión vividos en la gala infanti; y se hizo eco de la denuncia a una carroza, de la organización de un pasacalles sin presencia policial o de la presencia de un coche circulando en una zona que estaba cerrada al tráfico y por la que estaban las mascaritas.
La respuesta vino del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, quien recordó que la petición de comparecencia se realizó a principios de la fiesta. «El PP deseaba que hubiera incidentes», aseguró, antes de achacarle la «maledicencia» contra el carnaval. «Mienten y no se sonrojan porque la realidad es que el carnaval es seguro», señaló.
Recordó que hubo 200 incidentes en una fiesta que congregó a 800.000 personas y atribuyó al PP un interés por enfangar el carnaval. «El carnaval ha sido un rotundo éxito», sentenció, «a pesar de algunos».
Pero García Marina desmintió que el PP tenga interés en que la fiesta salga mal. «Solo hemos pedido información sobre hechos concretos y usted no ha respondido ninguno», expuso, «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha tenido policías locales».
Para finalizar, Josué Íñiguez insistió en que el PP solo tiene como estrategia dar la imagen de que a la ciudad le va mal. «El objetivo es sembrar dudas con la sospecha injustificada sobre el carnaval, pero la realidad no se deja manipular tan fácilmente», señaló, «es más probable que acierte el código pin de su teléfono que sufrir un incidente en el carnaval».
Luego intervino la alcaldesa, Carolina Darias, quien rechazó la afirmación de que el gobierno era un peligro público. Defendió que los planes de seguridad contemplaron todas las medidas. «Es posible que les guste el carnaval, pero no les gusta que al carnaval les vaya bien», concluyó.
14:44
«¿Cuánto ha costado realmente el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2025?». Esta fue la pregunta que la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, realizó este viernes en el pleno en la comparecencia de la concejala del Carnaval, Inmaculada Medina. El punto de partida de la intervención plenaria fue la diferencia de precio entre lo que reconoció Medina (7,3 millones) y lo que calcula Delgado-Taramona (más de 9 millones de euros).
La responsable de la fiesta detalló que el «carnaval es más que números». Defendió que los procedimientos de contratación se acogieron a la más estricta legalidad. «¿Cuánto ha costado? Poco para lo que supone el carnaval para Las Palmas de Gran Canaria», le dijo.
Medina hilvanó su intervención defendiendo la participación ciudadana y el aumento del patrocinio privado, que cubre lo que pasa del presupeusto de 5,5 millones de euros. Insistió, dando ahora sí importancia a los números, en que fue un carnaval de récord con más de 5.000 participantes, más de 800.000 asistentes y más patrocinadores.
Luego defendió los valores inmateriales de la fiesta y pidió al PP que «no obstaculice el día a día de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria» solicitando datos que son de acceso público.
Para Jimena Delgado-Taramona esta primera intervención no sirvió para despejar ninguna duda. Solicitó los convenios de patrocinio. «Me gustaría creer el dato de 7,3 millones de euros, pero en 2023 dijo usted que costaba 4,8 millones y cuando conseguimos los datos, el importe eran 5,4 millones», denunció, «y los de 2024 todavía no los ha dado».
Pidió explicaciones por el hecho de que se haya licitado más de 8 millones de euros cuando se habla de 7,3 millones. «Reconozca que hay un sobrecoste», le espetó.
En su segunda internvención, Inmaculada Medina le respondió que cuando se tengan las cuentas cerradas, se van a dar. «De mi mala gestión ha surgido un carnaval que ha crecido con más de 800.000 personas y una fiesta con las máximas garantías de seguridad y sin incidencias relevantes», añadió.
Delgado-Taramona aclaró que «en ningún caso estamos atacando el carnaval, que defendemos por encima de todo, y lo que criticamos es su gestión y las decisiones que ha tomado como máxima responable».
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, reconoció que hubo dificultades que fueron superadas y defendió que el carnaval fue de «récord».
13:18
El voto de calidad de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha servido para romper el empate a 14 votos en la votación de dos mociones del PP.
Cuando se produce un empate, se procede a realizar una segunda votación. Y si se mantiene el resultado, el llamado voto de calidad de la alcaldesa dirime el resultado.
11:09
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instará al Gobierno de Canarias o al Parlamento regional a que modifique Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, con el fin de establecer un marco normativo que posibilite la integración de los agentes de movilidad en la Policía Local de la capital.
La propuesta es una de las medidas que el Ayuntamiento quiere poner en marcha para dotar de más efectivos a la Policía Local, propiciando así una mejor respuesta policial, garantizando una mayor disponibilidad de efectivos y reduciendo el número de horas extras a que se tiene que enfrentar la plantilla para poder garantizar el servicio ante la gran cantidad de eventos que se celebra en la ciudad.
Esta propuesta es un complemento a la propuesta de uso de la productividad que ya se planteó durante los carnavales, pero que no fue participada por parte de los agentes debido a la situación de conflicto laboral en que se encuentra la Policía Local.
La propuesta de integración de los agentes de movilidad señala que «Las Palmas de Gran Canaria es hoy una ciudad más segura, amable y comprometida con el bienestar de su ciudadanía. Los últimos datos del Ministerio del Interior, un año más, confirman una reducción significativa en los índices de criminalidad, situándonos como la segunda gran ciudad con menos delitos por cada 1.000 habitantes. Este logro no es fruto del azar, sino del trabajo continuo y constante, basado en la cercanía, la prevención, la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el fortalecimiento de nuestra policía local».
Por eso, se propoone integrar a los agentes de movilidad en la Policía Local, de una forma similar al modo que se ha hecho en Cantabria, donde estos profesionales se incorporaron por promoción interna y mejora de carrera profesional. También se han tomado medidas similares en grandes ciudades, como Madrid.
«Dicha integración no solo responde a criterios funcionalidad operativa, sino que también permitirá reforzar el servicio que la Policía Local presta a la ciudadanía, en un momento en el que la proximidad y la capacidad de respuesta rápida son esenciales para mantener los altos estándares de seguridad que hemos logrado», señala la resolución municipal. «Asimismo, esta medida contribuirá a incrementar la plantilla de la Policía Local, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional y optimizando los recursos municipales», añade el texto impulsado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.
El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, defendió la importancia de incorporar a los agentes de movilidad a la Policía Local para mejorar el servicio que se presta al ciudadano. La propuesta fue hecha por los sindicatos y supondrá la integración de algo más de 30 agentes en la Policía.
Los agentes de movilidad están en la ciudad desde el año 2015, pero hasta 2017 no tuvieron capacidad sancionadora.
Ignacio García Marina (PP) votó a favor de «esta mejora del cuerpo» y recordó que ya se planteó hace ocho años. «Para que se lleve a cabo, los agentes de movilidad tienen que tomar posesión de su cargo como funcionarios de carrera», advirtió, lo que depende de los procesos de estabilización que están atascados en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El concejal de Coalición Canaria, David Suárez, adelantó que hay compromiso del Gobierno autonómico para estudiar la viabilidad de esta propuesta.
La alcaldesa, Carolina Darias, aclaró que se cumple así el compromiso del gobierno acordado con los representantes de la Policía Local y los agentes de movilidad. La propuesta ya está en la Intervención y adelantó que el proceso de estabilización del cuerpo (que contempla 41 agentes) está avanzado.
10:58
Importante
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado sobre la mesa la aprobación definitiva de su primera ordenanza reguladora del servicio de saneamiento y vertidos al alcantarillado, que fija el cobro de una tarifa proporcional al volumen de la actividad contaminante. Hasta ahora, este servicio se venía prestando de forma indirecta por parte de Emalsa y se repercutía a los abonados con la misma cantidad, sin importar si el usuario es un vecino o una empresa.
La decisión fue propuesta por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, para aclarar si la obligación de tener una red de separación (pluviales y residuales) afecta a todos los edificios o solo a los nuevos. Se encargará un informe técnico que aclarará este asunto.
La norma obliga a los edificios a disponer de una red separativa de aguas pluviales y aguas negras «con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento». »
Todos los negocios y edificios tienen dos años para adaptarse a la exigencia de disponer de una red separativa. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que esta obligación solo se impondrá a los inmuebles de nueva construcción.
Las industrias además deberán contar con una tercera tubería para evacuar las aguas que se utilizan en sus procesos fabriles.
La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, defendió la nueva ordenanza por sus mejoras medioambientales y de servicio, destacando que se distinguen cuatro tipos de usuarios, lo que permite articular «una mejor respuesta» adaptada a las circunstancias de cada usuario; que se refuerzan los controles de los vertidos; o que se facilita el tratamiento de las aguas residuales.
En Las Palmas de Gran Canaria el 80% de las redes es unitaria (pluviales y residuales). Y la separación será obligatoria en los lugares en los que existe tuberías diferenciadas, según aclaró Medina. «Es para nuevas edificaciones», insistió.
La oposición reclamó que se aclare que las redes de separación se aplicarán a las nuevas edificaciones. Así, la concejala María Más (PP) considera que debe hacerse diferenciación entre viviendas existentes y las nuevas para evitar problemas a futuro.
Y Vox volvió a reseñar que la norma favorece a Emalsa en detrimento del ciudadano. «Este gobierno no trabaja por la ciudadanía sino por los intereses del fondo de inversión sueco que controla Emalsa», denunció Alberto Rodríguez.
Aquí se fijan también tres tipos de infracciones: las leves, con sanciones entre 20 y 200 euros, que incluyen daños menores a la red o acometidas al alcantarillado sin permiso; las graves, con multas de 201 a 1.000 euros, por el incumplimiento de las condiciones de vertido; y las muy graves, con sanciones de 1.001 a 1.800 euros, por reincidencia en faltas graves o vertidos graves a la red y al medio ambiente. Si estos daños se consideraran muy graves, las multas podrían alcanzar los 15.000 euros.
10:31
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el nuevo reglamento de abastecimiento de agua, una norma que actualiza al actual, por el que se rige el servicio desde 1981, antes incluso de que naciera Emalsa.
El nuevo documento establece tres tipos de infracciones: las leves, que tienen aparejadas multas de hasta 600 euros; las graves, hasta 6.000 euros; y las muy graves, con sanciones por encima de esa cantidad.
¿Qué actuaciones se entienden como infracciones de uno u otro tipo? La norma establece que son leves realizar obras sin autorización que afecten a la red, no adoptar medidas para evitar pérdidas de agua o no permitir la entrada del personal autorizado para realizar las lecturas de los contadores.
Por graves se considera la reiteración de tres faltas leves, los daños en la red de abastecimiento valorados entre 601 y 6.000 euros o no permitir el cambio de un contador en mal estado, entre otros.
Por último, las infracciones muy graves serían, entre otras, la reiteración de tres faltas graves o el daño de las instalaciones municipales.
Además de las multas, se pueden adoptar medidas complementarias como la reparación de daños causados, la interrupción del suministro de agua, y la prohibición de suscribir nuevos contratos.
El reglamento determina las relaciones entre Emalsa y sus abonados, y se incorpora a las determinaciones que impone la Directiva Marco del Agua, en vigor desde finales del año 2000. Otro de sus principales valores es que establecerá una relación proporcional entre la cuantía del recibo y el consumo.
La nueva norma va en paralelo a la nueva estructura tarifaria que está pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Del anterior reglamento mantiene el modo en que se determina el consumo: se fija por la diferencia entre las lecturas del contador entre un periodo de facturación y el siguiente. Si no fuera posible determinarlo, «la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir o no ser representativo, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los dos últimos periodos facturados».
El plazo para pagar la factura es de quince días. De no hacerlo, se puede ejecutar una interrupción del servicio.
Además, se habilitará una tarifa especial, bautizada como tarifa de fuga fortuita, para los casos en los que el consumo sea más del doble de lo habitual como consecuencia de fugas o averías en la red que no sean responsabilidad del cliente. Para reclamarla, la lectura debe exceder de 80 metros cúbicos en el trimestre, cuando la media en la capital es de 14,5 metros cúbicos.
La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, defendió la necesidad de llevar adelante el cambio de reglamento para asegurar la prestación del servicio en el presente y de cara al futuro. «Una vez que la norma esté en vigor, se podrá optimizar los recursos », argumentó.
«Lo que hemos hecho es regular, controlar y supervisar para que todo funcione mejor», prosiguió la edila. «Los tiempos no los marca Emalsa, los marcamos nosotros», apostilló la responsable del servicio de Aguas.
El PP votó en contra del nuevo reglamento porque «favorece a la empresa y no al usuario, al que impone todas las obligaciones». La edila María Más considera «sorprendente» que se haga recaer la responsabilidad del daño de los contadores al usuario y los ciudadanos quedan desprotegidos. «Favorece íntegramente a la empresa privada, que no mira por el interés de los ciudadanos», dijo, «la empresa ha mirado hacia otro lado ante las necesidades de la ciudad».
Vox también entiende que el reglamento favorece a la empresa suministradora y desprotege al titular del suministro, como reseñó Alberto Rodríguez. «No podemos apoyar un reglamento que genera este desequilibrio con una empresa cuyo capital mayoritario es privado», indicó. El edil entiende que es «una humillación» para los ciudadanos.
«Con esta aprobación definitiva, porque no se presentaron estrictamente a este reglamento alegaciones, y esta corrección material de algunos errores, damos un impulso importante en materia de abastecimiento a la ciudad, en seguir modernizando y en dar un impulso normativo», expuso la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias.
La regidora dice que es un impulso en la dirección que completa el cambio de estatutos ya impulsado para definir el papel del Ayuntamiento y de la parte privada en el seno de Emalsa.
10:02
Importante
El Ayuntamiento ha decidido en el pleno de este viernes iniciar el expediente para determinar la forma de gestión más eficiente y sostenible para la asunción de las competencias que el municipio ostenta en materia de limpieza viaria y recogida de residuos.
El órgano especial de administración del servicio municipal de Limpieza se constituyó el 31 de mayo de 1985 y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que habría que cambiarlo para que el servicio pueda adaptarse a las nuevas normas y a las diferentes necesidades de la ciudad.
«Lo cierto es que, aunque esta fórmula jurídica pudo tener su razón de ser en el pasado, en la actualidad»
se han abierto nuevas opciones que, manteniendo el modelo de gestión directa, es necesario analizar
y valorar con el fin ampliar y reforzar la capacidad del Ayuntamiento para mejorar la higiene urbana en
toda la ciudad, haciendo de ella no sólo una ciudad más limpia sino una ciudad mejor cuidada«, detalla la propuesta municipal.»
El Ayuntamiento defiende que el servicio se prestará de forma directa en alguna de las cuatro opciones que están incluidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En concreto, las cuatro alternativas que están sobre la mesa son la gestión directa por parte del Ayuntamiento, la creación de un organismo autónomo local, la fundación de una entidad pública empresarial local y la apuesta por una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, al estilo de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa).
Las dos últimas solo podrán escogerse «cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes» que las dos primeras, «para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión».
Un organismo autónomo local está adscrito al Ayuntamiento pero tiene autonomía en la gestión del servicio público y se rige por el derecho administrativo.
Una entidad pública empresarial local tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y disfruta de una mayor autonomía en la gestión de la actividad económica, aunque sigue bajo la supervisión de la administración local. En este caso, se rige por normas empresariales y sus trabajadores pueden tener un estatuto diferente al de los empleados públicos.
Por su parte, una sociedad mercantil local tiene capital básicamente público que opera con normas de derecho privado. En este caso, el principal objetivo que tiene es obtener beneficios económicos aunque siempre mirando el interés público.
El concejal de Limpieza, Héctor Javier Alemán, argumentó que se trata de mejorar el servicio y las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad desde la gestión directa, pero con fórmulas que deben ser eficaces. «Todos los trabajadores y trabajadoras seguirán siendo públicos», aclaró.
Respecto a las cuatro fórmulas que se barajan, insistió en que todas están vinculadas a la gestión directa, «que seguimos reforzando».
Pero el Partido Popular considera que, aunque sea necesario un cambio de modelo jurídico y de gestión «para defender a los trabajadores», se hace necesario que la parte social sea parte activa en la definición del nuevo servicio. El concejal Ignacio Guerra reclamó «el control absoluto» del Ayuntamiento y que se cumpla a rajatabla la confección de una memoria que justifique la solución adoptada al final del proceso.
Recordó que la limpieza en la ciudad sigue con sectores privatizados, algo que va a consagrar los nuevos contratos. Aseguró que el concejal ha demostrado «su incapacidad» con una «gestión pésima»
Para Vox, la gestión directa es residual «y la política que han llevado hasta la fecha es un abandono progresivo, cuando no un desmantelamiento» del servicio de Limpieza. El edil Alberto Rodríguez echa en falta detalles del procedimiento y la toma de decisiones. «Están pidiendo un cheque en blanco con una propuesta vacía de contenido», reseñó. «Ustedes están haciendo buena la anterior gestión de Augusto Hidalgo y si no saben qué hacer para mantener limpia la ciudad, cesen al actual responsable», añadió, «los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria no tienen por qué soportar por más tiempo la incompetencia del concejal de Limpieza».
El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, trasladó la preocupación de los trabajadores por este asunto y su queja por el hecho de que no se haya escuchado su voz en esta iniciativa. «Están tratando de modificar las condiciones laborales de los trabajadores sin contar con ellas», dijo el edil, quien defendió la gestión directa por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como la «única opción adecuada».
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, cerró el debate antes de la votación. Defendió que el concejal de Limpieza se ha reunido con los tres comités de empresa para trasladarles el inicio del procedimiento y que el estudio será valorado por todos. «Vamos a ver el camino a seguir», expuso, «cuando tengamos información al respecto, lo comunicaremos, y tomaremos la decisión más eficaz y eficiente, con máxima transparencia para un servicio público que es fundamental la ciudad».
La regidora argumentó que esto es «un impulso a la gestión directa, como lo estamos haciendo con la gestión indirecta». Aseguró que es «mentira» decir que se van a cambiar las condiciones laborales de los trabajadores.
La propuesta fue aprobada por todos los partidos con la excepción de Vox, que se abstuvo.j
Los sindicatos de Limpieza han asegurado que los cambios de modelo que quiere imponer el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria incumplen la legalidad .
09:31
El Ayuntamiento de Las Palmas ha aprobado sumarse al al convenio de cooperación entre la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la delegación de competencias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local.
La propuesta trata de agilizar la incorporación de policías al cuerpo de la capital. Hay que tener en cuenta que el último proceso selectivo tardó casi cuatro años en incorporar a 45 agentes, algo que se materializó en febrero pasado.
Con ellos, el número de policías que tiene Las Palmas de Gran Canaria es de 550. Aun quedan vacantes un 20% de las plazas.
Sin embargo, este año se jubilan 25 policías locales y hay unos 50 que realizan labores administrativas.
La concejala de Recursos Humanos, Esther Lidia Martín, indicó que la próxima oferta de empleo público, que rondará los 45 agentes, se podrá acoger a este nuevo sistema.
Ignacio García Marina (PP) considera que la situación en recursos humanos es «para llorar» y habló de «caos» y «nefasta gestión». El edil recordó la imposibilidad de sacar adelante los procesos selectivos y lo contrastó con la celeridad de este expediente «cuando son lentos con los procesos de estabilización de los empleados públicos».
«¿Sus problemas tienen que ver con que les deben dinero a los miembros de los tribunales de las oposiciones?», preguntó, algo que fue negado por la edila de Recursos Humanos. Ignacio García cree que con el convenio se reconoce la incapacidad del gobierno local para sacar adelante procesos selectivos. «Lo que es bochornoso es que una ciudad como ésta tenga que acogerse a este convenio», expuso, «Las Palmas de Gran Canaria debe tener capacidad para sacar adelante los procesos selectivos de la Policía Local porque este convenio está pensado para municipios más pequeños».
Opinó que el cese de la directora general de Recursos Humanos supone que «ustedes se enmiendan la plana a sí mismos» y pidió cubrir el 100% de las plazas de la Policía Local.
El portavoz de CC, David Suárez, hizo hincapié en que el acuerdo se firmó hace meses y preguntó por qué se ha tardado tanto en traerlo a pleno. Aprovechó para referirse al cese de la directora general de Recursos Humanos como un ejemplo de la mala gestión del área.
La edila Martín defendió que la firma de la adenda con la Comunidad Autónoma es por eficacia y eficiencia, «tal y como han hecho más de medio centenar de municipios de Canarias», además de que supondrá un ahorro para las arcas municipales. En su intervención final, la responsable de Recursos Humanos recordó que Santa Cruz de Tenerife firmó el mismo acuerdo hace diez días y adelantó que se podrá sacar las convocatorias en el menor tiempo posible, lo que permitirá concentrar los esfuerzos del Ayuntamiento en otros asuntos.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, considera que la suscripción del acuerdo «nos permitirá avanzar» y dijo no entender que se hable de ayuntamientos grandes y pequeños. «Hay un mecanismo que nos permite liberar recursos para otros asuntos», expuso.
La propuesta fue apoyada por el gobierno y contó con la abstención de la oposición.
09:11
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado conocimiento de la memoria del Tribunal Económico Administrativo. El órgano que tiene como fin la resolución de reclamaciones económico-administrativas relacionadas con impuestos, así como revisar los proyectos de ordenanzas fiscales, registró 160 reclamaciones en 2024, la mayoría relacionadas con la plusvalía y los embargos de cuentas.
El pasado año, el TEAM resolvió 168 reclamaciones (algunas de años anteriores), lo que supone ocho más que en 2023.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, indicó que el tribunal ha estimado el 55% de las reclamaciones, sobre todos las relacionadas con el impuesto de plusvalía.
El portavoz de CC, David Suárez, expuso que «todavía quedan muchos asuntos pendientes de resolver», mientras que el edil Alberto Rodríguez Almeida (Vox) entiende que ha habido mala gestión para dotar las plazas para que el tribunal pueda ejercer su labor en condiciones. Y lamentó que no se hubiera actuado de oficio después de la sentencia que declaró inconstitucional su método de cálculo.
Para Ignacio Guerra, del PP, el alto número de reclamaciones estimadas demuestra que «algo está fallando en la administración» .
08:58
Importante
El Pleno ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones de Las Palmas de Gran Canaria de 2025, que consagra 40,34 millones de euros a diversos proyectos de índole sociolaboral, así como a rehabilitación de viviendas y fomento del transporte público.
La propuesta supone una reducción de 334.000 euros respecto a la política de subvenciones de 2024 y en ella se incluye como partida principal el uso de más de 10 millones de euros para pagar la tasa de depuración que hay que pagar a Emalsa por el tratamiento de aguas residuales.
El concejal de Hacienda defendió que el plan forja una alianza entre el Ayuntamiento y las organizaciones privadas para asistir a las personas que necesitan ayuda. Francisco Hernández Spínola dijo que el plan estratégico dota de un horizonte presupuestario estable a las entidades, lo que beneficiará a sectores sociales, culturales, deportivos, vivienda y movilidad.
Defendió que crecen los proyectos sociales un 14% respecto al año anterior. Y aseguró que casi el 84% de las subvenciones se otorgarán por concurrencia competitiva o convocatoria pública, mientras que los convenios son solo 6,5 millones de euros.
«En 2024 modificamos el procedimiento de abono de modo que el 80% de la subvención se entrega al principio y el 20% se traspasa cuando se ha comprobado que se ha cumplido el fin que fue subvencionado», expuso.
Spínola defendió el modo de asignación de las subvenciones y el aumento del gasto social. «Los que voten que no, están diciéndole no a las entidades sociales», expuso.
Desde la perspectiva del PP, Ignacio García Marina lamentó que se haya perdido el primer trimestre del año, lo que perjudica la labor de las entidades, que se tienen que endeudar para superar el retraso. «Esta ciudad vive la mayor crisis social de la historia y el plan de subvenciones es continuista», argumentó.
Considera que en materia de ayudas al alquiler se ha congelado 1,5 millones de euros y que se rechazan más de 800 solicitudes. Además, criticó los retrasos en los proyectos de vivienda. Y recordó que la orden del cachorro canario no tendrá subvención pese a que se aprobó su concesión en pleno.
En el aspecto social, defendió que no suben las aportaciones para las entidades humanitarias como Cáritas o Cruz Roja. Y lamentó que se hubieran «cargado el IBI social y la ficha del Housing First».
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, considera «incoherente» que se mantenga tantas líneas de actuación a través de concesiones directas. De acuerdo a sus datos, de las 64 fichas del plan solo 2 están en régimen de concurrencia competitiva, que debería ser el sistema general. En concreto, son las de adaptación de taxis como vehículos adaptados y las subvenciones de ONG. «Todas las demás son nominativas», criticó. En volumen, de los 40,3 millones de euros, menos de dos millones están en concurrencia competitiva. El 95% se está dando de manera directa. Por eso, Vox votó en contra.
Desde CC, David Suárez mostró su preocupación por la tardanza en traer el plan al pleno y las dificultades que esto supone para las entidades. «Esto, al final, nos perjudica a todos».
08:33
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha zanjado la guerra abierta por Vox contra el PP en materia de representatividad y, por tanto, del número de concejales de cada partido que tiene derecho a acceder al régimen retributivo en dedicación parcial, que está dotado con 50.490 euros anuales. Los votos a favor de PSOE y Vox han terminado por quitar esta consideración a María Más (PP) y entregársela a Carmen Rosa Expósito (Vox) tras rechazar el recurso del Partido Popular.
Este enfrentamiento se remonta al acuerdo plenario de junio de 2023, cuando se decidió que los concejales con dedicación exclusiva fueran los 15 de los tres partidos del gobierno, uno del PP (Ignacio Guerra), uno de Vox (Rafael de Juan Miñón) y otro de Coalición Canaria (David Suárez). En cuanto a la dedicación parcial, se decidió que fueran cuatro, todos del Partido Popular.
Aquel pleno fue recurrido por Vox, organización a la que los tribunales dieron la razón en septiembre de 2024 al declarar nula la convocatoria de la sesión plenaria.
En octubre, el Ayuntamiento acató la sentencia al anular la convocatoria urgente, pero no modificó ninguno de sus acuerdos porque entendía que la anulación solo alcanzaba a la convocatoria.
Vox insistía en exigir una representación más acorde a sus resultados electorales (4 concejales), de ahí que finalmente el gobierno municipal, en un momento en que las relaciones con el PP se habían enturbiado por la denuncia ante la Fiscalía de la gestión de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, encargara un informe a la Secretaría General del Pleno. El dictamen fue que las condiciones presupuestarias no permitían aumentar el número de concejales con dedicación parcial -pese a que sí existe la posibilidad de aumentar en dos los de dedicación exclusiva, que cobran más- y que no existía justificación para que los cuatro con dedicación parcial estuvieran todos en las filas del PP.
En base al posicionamiento de la Secretaría, el Ayuntamiento ha desechado este viernes el recurso del PP por entender que «el acuerdo adoptado no incurre en ninguna infracción del ordenamiento jurídico determinante de nulidad de pleno o»
anulabilidad«. La consecuencia de ello es que se quita una dedicación parcial al PP -se queda con tres- y se le reconoce una a Vox.»
Esto provocó un recurso del PP, que considera que la decisión constituye una «ilegalidad» que se ha tomado como una «represalia» para mermar su capacidad de fiscalización del grupo de gobierno, algo que la Secretaría General del Pleno ha rechazado en un nuevo informe.
La propuesta fue sometida a votación y rechazada por el gobierno local y Vox.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, discrepó de la valoración de nulidad que hizo el PP. El edil detalló que el rechazo al recurso tiene su fundamentación en el informe jurídico de la Secretaría, del que dijo que era «sólido».
«No se acredita que haya perjuicios de imposible reparación», expuso Spínola, «lamento y rechazo el contenido ofensivo y ultrajante del recurso contra la secretaria del pleno, atacando su imparcialidad». Pidió al PP que se disculpara en pleno.
Desde Vox, Alberto Rodríguez Almeida negó que se hubiera pactado nada con el PSOE. Y defendió su decisión de denunciar por «la injusticia» que representaba el reparto de las dedicaciones parciales de acuerdo con su representatividad. «El PP y el gobierno cometieron una grave injusticia contra Vox durante casi dos años y ahora el PP reclama una solución urgente», les echó en cara, «no vamos a tolerar que los concejales del PP insulten a los votantes de Vox, con mentiras y faltas de respeto no iremos a ningún lado».
Esto provocó la respuesta de la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, quien manifestó que se reserva el derecho a acudir a los tribunales. «Esa decisión es meramente política porque castiga al partido que ejerece la oposición y beneficia al que le apoye», expuso, «si es una represalia, los ciudadanos deben saberlo, es una estrategia planificada por el gobierno».
En esa estrategia del «voraz apetito destructor de la oposición» sitúa también el cambio de reglamento de las comisiones. «Nos vemos obligados a acudir a la justicia para defender los derechos de nuestros concejales», advirtió.
En su segundo turno de intervención, Spínola pidió al PP «una oposición constructiva» y le acusó de «despreciar la democracia por no respetar los acuerdos de la mayoría». Aseguró que el PP solo acude a los tribunales para «enfangar la política municipal».
Luego Rodríguez Almeida arremetió contra Jimena Delgado-Taramona. «El que pacta con el PSOE es el PP y se atreve a decir que ustedes son la oposición», dijo, «ha perdido la oportunidad de rectificar sus patentes mentiras y las descalificaciones a funcionarios». Y advirtió que «en estas circunstancias, no cuenten con nosotros».
La portavoz del PP defendió sus denuncias ante la Fiscalía mientras que Spínola le acusó de querer victimizarse. «Tienen medios para realizar la labor de oposición, es la realidad, otra cosa es su discurso, solo están aquí para provocar alboroto».
El debate lo cerró la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendiendo la legalidad de todos los acuerdos plenarios. Entendió que era una decisión sensible y la posibilidad de la discrepancia, «pero no podemos seguir permitiendo las faltas de consideración y respeto a los empleados públicos». El trato del PP a la secretaría en su recurso «es inadmisible y se les ha ido la mano».
«Este gobierno, con un informe jurídico riguroso, ha actuado en consecuencia», prosiguió, «siendo una decisión que no es agradable».
CC se abstuvo y el recurso de reposición fue desestimado con los votos de PSOE, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos y Vox.
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