Estado y Canarias tratarán el jueves el traspaso de los 1.200 menores en asilo, como fija el Supremo

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 2 de abril 2025, 02:00

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En el ecuador del plazo dado por el Tribunal Supremo para que el Gobierno de España asuma a los 1.200 menores migrantes acogidos en la islas y que han solicitado protección internacional, el Estado y Canarias se sentarán mañana para determinar de qué manera se hace este traspaso y cuáles son las mejores opciones para que, por encima de todo, prevalezca los derechos de los menores.

Como indicó ayer el ministro de Política Territorial. Ángel Víctor Torres, en este encuentro «se avanzará» en un acuerdo o convenio entre las dos partes para cumplir con el auto del Supremo.

El plazo para que el Estado asuma la tutela de estos chicos, según dejó claro el auto del TS de finales de marzo, expira el próximo 9 de abril y será este jueves 3 cuando las dos partes se reunan. En el encuentro, previsto en Canarias, estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Además, vía telemática participarán otros ministerios implicados como el de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Supremo determinó en el auto del pasado 26 de marzo que le corresponde al Estado garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a estos menores que ya tienen o han solicitado el asilo y que huyen de conflictos y persecuciones en sus países. Obliga además el Alto Tribunal en su auto que ese trámite que debe hacer el Estado se haga con la colaboración y cooperación de Canarias. Fuentes próximas aseguran que el Gobierno de España no acude al encuentro con una propuesta cerrada sino con el objetivo de negociar con el Ejecutivo regional la mejor manera de dar cumplimiento al auto del TS.

Según señalan estas fuentes, cumplir con lo fijado por el Supremo no se sencillo partiendo de la base de que el Gobierno de España no cuenta con recursos para acoger y atender a estos menores solicitantes de asilo. El mensaje de los distintos ministros que han sido cuestionados en los últimos días sobre el cumplimiento del auto es que desde el Gobierno se está estaba analizando jurídicamente el auto al tiempo que se está buscando la mejor manera de acatarlo.

Desde el Gobierno de España se ha indicado en los últimos días que esos 1.200 chicos entrarían dentro de los más de 4.000 que saldrán de las islas hacia otras regiones en el marco del decreto ley aprobado hace unas semanas y que reforma el artículo 35 de la Ley de Extrajería. Canarias ha rechazado la inclusión de estos menores en asilo dentro del cupo del total de los chicos que se trasladarán de las islas a otras comunidades. Este asuntos será puesto mañana en la mesa de negociación de mañana entre Canarias y el Estado.

Ayer mismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconocía abiertamente que estos 1.200 forman parte del reparto. «Lógicamente tienen una especificidad y así la abordamos. De hecho, cuando decimos que hemos hecho un real decreto que pone en el centro el interés superior de la infancia y que pone en el centro los derechos humanos es, entre otras cosas, porque nos hacemos cargo de estos casi mil niños y niñas que son solicitantes de asilo, es decir, llevamos meses trabajando con esto».

Rego se expresó ayer tras haber participado en la Comisión Interministerial (ver imagen) en la que se analizaron los datos de menores acogidos remitidos a las comunidades autónomas y se acordó celebrar un encuentro con Canarias para cumplir con el auto del Supremo. Los asistentes analizaron los datos que ahora serán depurados y volverán a reunirse el próximo martes 8, dos días antes de que el decreto para la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería se lleve a convalidación en el Congreso de los Diputados el 10 de abril. La ministra confía en que los traslados comiencen en el verano.

La petición de los datos a las comunidades autónomas por parte del Estado era preciso y la misma para cada una de las 17 comunidades autónomas a las que se les solicitó. Sin embargo, a la hora de enviar la información cada una de las regiones entendió lo que quiso y remitió la información al gusto. Hubo quien remitió el total de menores migrantes acogidos durante el pasado año sin más; otras apostaron por informar de los recursos que tenían y otras, ni siquiera facilitaron la información, como fue el caso de Aragón. También las hubo que cumplieron a rajatabla y enviaron con exactitud los datos que se les pedía.

En cualquier caso, la consecuencia es que el Gobierno de España se encuentra con una «asimetría» de datos que tiene que ordenar y «depurar» en los próximos días en los que se pedirán «aclaraciones» a las comunidades, como apuntó ayer la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la Comisión Interministerial celebrada para analizar las cifras.

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En cualquier caso, si no se diese más información el Gobierno tirará de los datos que se pusieron sobre la mesa en diciembre de 2023 «y que están acreditados». Rego se muestra confiada en que la imagen final de los datos no sea muy diferente a lo que se estima y descartó que vaya a haber sorpresas. «Pero queremos ser prudentes hasta tener todas las cifras», manifestó. Al mismo tiempo que se aportan los datos las regiones siguen dando pasos contra el decreto. La última Valencia, que ayer anunció que acudirá al TC al igual que Madrid.

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