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El ministro Ángel Víctor Torres (c) dirigiéndose a la reunión. EFE/ALBERTO VALDÉS

El Estado asumirá por asilo a 1.008 menores, pero su salida de Canarias se estudiará «caso a caso»

El Gobierno regional y el estatal se coordinan para cumplir el auto del TS. Ahora estudiarán cómo pasan a la red de protección estatal y resolver el hacinamiento

Viernes, 4 de abril 2025, 02:00

De positiva calificó este jueves la primera reunión entre el Gobierno regional y representantes estatales el presidente canario, Fernando Clavijo, pero solo es un primer paso para que 1.008 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo político pasen a la red de protección nacional y eso se hará valorando «caso a caso».

Así lo explicó el jefe del Ejecutivo canario que celebró que las administraciones se coordinen «para proteger el interés superior del menor» y alabó el «magnífico de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en la petición de esta medida cautelar positiva que creo que ha representado un antes y un después en toda esta discusión sobre el acogimiento de los menores y la necesidad de que la Administración General del Estado se implicase en primera persona en su atendimiento».

En esta primera cita Canarias ha «comunicado» tanto al Tribunal Supremo como a todos los ministerios afectados, la relación de los 1.008 menores que han solicitado asilo. De ellos más de la mitad con el expediente ya culminado.

Acabar con el hacinamiento

A partir de ahí, señaló Clavijo, «ha quedado claro tiene que haber una serie de reuniones de carácter más técnico» que van a «acelerar» para «de aquí al día 9 de abril, fecha en el que termina el plazo para el cumplimiento del auto, podamos coordinarnos en cómo esos menores pasan a la red de protección estatal». Pero también, recordó, «para resolver el problema de hacinamiento, obviamente tienen que salir de la comunidad autónoma».

En todo caso, tanto el presidente canario como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconocen que hay que analizar «caso a caso».

Fernando Clavijo expuso que «es un proceso técnico porque hablamos de menores. Se tiene que evaluar caso a caso, edades, circunstancia, pero yo creo que en esa voluntad en el interés superior del menor, lo razonable es que nos coordinemos para poder resolver también el grave problema de hacinamiento y la salida de esos menores. El ministro lo ha entendido. No va a ser de un día para otro», pero el día 9 el Gobierno del Estado debe «asumir el asilo» de esos menores. Aún así, insistió, «la salida de esos menores se tiene que hacer caso a caso. No es lo mismo la realidad de un menor a lo mejor de ocho, de nueve años, que está con una familia canaria y que está escolarizado que la de un menor de 17 años que está pronta a cumplir 18 y que además, por ser susceptible de asilo político y de proceso internacional, sale con un permiso de trabajo».

Imagen tomada durante la reuinón. EFE/Alberto Valdés

Con todo, el presidente canario abundó en que una de las circunstancias que estaban generándole «un quebranto» en los derechos de los menores, «y lo dice el Supremo, es el hacinamiento. Con lo cual tenemos que resolver el problema del hacinamiento y el hacinamiento se resuelve con llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser atendidos».

La respuesta es el Real Decreto ley

Precisamente a eso se refirió el ministro Torres señalando antes del auto del TS, el Gobierno de España «aprobó en el Consejo de Ministros un Real Decreto ley que lo que hace es dar respuesta al hacinamiento de los territorios frontera». Esta norma, que se presenta para su convalidación en el Congreso el próximo 10 de abril, «da respuesta no a 1.000, sino a 4.000 que están en Canarias para que dejen de estar hacinados y estén en las mejores condiciones posibles en una propuesta que lo que pretende también es su distribución en el conjunto del territorio español, con criterios objetivos, claros, absolutamente transparente, donde ninguna comunidad es señalada frente a otra».

Para Torres, este decreto es «la solución estructural y definitiva» que evitará que los menores migrantes no acompañados se encuentren en centros hacinados.

Y reiteró que el caso de los menores que han pedido asilo y que debe asumir el Estado analizarán «quienes tienen arraigo en la Comunidad Autónoma de Canarias» para saber «si esos menores deben estar o no aquí o ir a otros lugares del territorio español dentro del sistema nacional de acogida».

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