El convenio de carreteras se firma el sábado con 200 millones menos

El convenio bilateral de carreteras Estado-Canarias ya tiene fecha para la firma: será el sábado 22, solo un día después de que se apruebe en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona el próximo viernes. El anunció lo hizo en el pleno del Senado el titular de Fomento, José Luis Ábalos, quien destacó que se cumple así el compromiso del Gobierno estatal de rubricar el acuerdo antes de que acabe el año, «pese a que si uno escucha y lee lo que se dice en Canarias parece que hace tiempo que incumplimos», señaló.

Pero lejos de despejarse, la negociación del convenio de carreteras sigue complicándose in extremis a pocos días de la firma. El último peldaño en la escalada de confusión lo puso ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar durante su comparecencia en la Cámara Alta que el acuerdo que va a ratificar el Consejo de Ministros el día 21 será de 1.800 millones de euros en lugar de los algo más de 2.000 pactados durante la negociación bilateral.

Ante la demanda de explicaciones por parte de los senadores isleños, Sánchez no aclaró a qué se debe el recorte de última hora y se limitó a afear que se le pongan peros a la inversión prevista. «Si 1.800 millones de euros le parecen poca cosa y le parece que hemos incumplido, pues le qué le voy a hacer», le contestó al senador de CC Pablo Rodríguez, «me temo que cualquier otra cuestión que yo plantee para Canarias le va a parecer insuficiente».

Tras el revuelo generado por el recorte de 200 millones que Sánchez anunció a hechos consumados, fuentes socialistas explicaron que la reducción de la cuantía global no afecta a las inversiones para obra nueva previstas en el nuevo convenio, que se mantiene en 1.200 millones durante ocho años, sino que responde a «discrepancias técnicas» en el acuerdo extrajudicial para la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo.

El escollo está en que el Ministerio de Hacienda interpreta que el alto tribunal obliga al Estado a devolver solo lo que Canarias se gastó para cubrir los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy en las anualidades del anterior convenio durante la crisis, mientras que el Ejecutivo canario entiende que el Estado debe abonar el total de la financiación pactada, aunque no se haya ejecutado en su totalidad.

Los reparos de Hacienda a aceptar la interpretación que hace Canarias de la sentencia se reducen a una cuestión jurídica, según las mismas fuentes socialistas, y no implican en ningún caso que el Gobierno quiera detraer la diferencia de 200 millones, por lo que la negociación se centra ahora en buscar con urgencia una solución alternativa que permita transferir esa cantidad a las islas por otra vía.

La consejería de Obras Públicas mantiene que el acuerdo cerrado era de 2.000 millones de euros y reconoce «diferencias» de última hora con el Gobierno estatal en torno a 200 millones de euros, que esperan puedan quedar solventadas antes de que se apruebe el convenio. De momento no hay valoraciones por parte de su titular, el también vicepresidente canario Pablo Rodríguez, a la espera de conocer el contenido del documento que la comisión de subsecretarios va a trasladar hoy mismo a Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes.

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