Santana alude a «mala praxis» y falta de control en el SCS frente a dinámica de chanchullo

La consejera de Derechos Sociales en la pasada legislatura, Noemí Santana, ha afirmado este viernes que durante la pandemia en su área se impuso la colaboración con la sociedad civil «frente a la dinámica del chanchullo» y ha aludido a mala praxis, porque el SCS debería haber sido más exigente en los controles.

Noemí Santana, actualmente diputada nacional de Podemos por Las Palmas, ha relatado la gestión realizada durante el coronavirus en su comparecencia ante la comisión que en el Parlamento de Canarias investiga la compra de material sanitario durante la pandemia, sobre lo que ha dicho en el Gobierno «nos faltaban certezas» acerca de los controles que se estaban ejerciendo en este ámbito.

Al respecto, la exconsejera ha reiterado en diversas ocasiones, en sus respuestas a los grupos parlamentarios, que desde el inicio Podemos rechazó el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud (SCS), un hecho «que nunca nos gustó y lo dijimos desde el principio».

Preguntada por si coincide con la afirmación que en el Senado realizó la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), de que Domínguez era un mal gestor «y un conseguidor», Noemí Santana ha respondido que «en parte sí» y ha puntualizado que en todo caso, la responsabilidad de este directivo deberá ser dirimida por la Justicia.

El comienzo de la pandemia trajo días complicados y difíciles en los que se despertaron los mejores instintos de la ciudadanía pero también, desgraciadamente, una serie de estafas especulativas «absolutamente nauseabundas» junto a algunas reacciones políticas «de una crueldad desmesurada», ha apuntado Santana en alusión al protocolo de residencias de ancianos en Madrid.

En el caso de la Consejería canaria de Derechos Sociales, en aquellos días se recibían llamadas prácticamente a diario «ofreciendo vendernos material sanitario, pero nosotras no éramos ingenuas y sabíamos perfectamente» que ante aquella situación, se despertaba una oleada de solidaridad sin precedentes «pero también suponía una grieta en la que intentar colarse personas oportunistas o con intereses que no tenían nada que ver con el servicio a la ciudadanía», ha rememorado Santana.

Derechos Sociales se aprovisionó de unas 100.000 unidades de material sanitario gracias a donaciones de particulares y empresas que se complementaron con las entregadas por el SCS mediante las compras que realizó este organismo.

No obstante, la exconsejera ha puntualizado que en su área se impuso la colaboración con la sociedad civil «frente a la dinámica del chanchullo» y eso fue la clave del éxito, pues de esta manera se pudo distribuir más de 5.300 mascarillas quirúrgicas, 160.400 FPP2 y 550 pantallas de protección.

Además se distribuyeron unas 64.000 mascarillas a las islas, en colaboración con los cabildos, y otras 36.000 adicionales para ser repartidas a partes iguales en Tenerife y Gran Canaria.

En respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván, la exconsejera ha indicado que en cualquier momento de la gestión sanitaria se pudo haber cometido errores, algunos dentro de la buena voluntad, pero otros «no fueron errores sino mala praxis a la hora de actuar».

Ha precisado que del material sanitario entregado por Sanidad en su departamento su personal fue encargado de repartirlo, pero no de su compra.

Como consejera de Derechos Sociales participó en reuniones del comité de gestión social pero en ningún momento se habló de empresas en concreto ni se tomaba parte en las decisiones de compra del material porque «entendíamos que el SCS era el que se encargaba de las compras y tenía las competencias para ello».

Ha repetido que en aquellos momentos había personas «que nos llamaban expresamente porque nos querían vender material y les decíamos que no teníamos nada que ver con la compra de material sanitario».

En este tipo de situaciones «siempre surge lo mejor y lo peor de los seres humanos» y por supuesto se pudieron dar casos de mala praxis «que yo con total seguridad sé que en mi equipo no se dieron».

En cuanto a si se podrían haber mejorado los controles en este ámbito, ha respondido Noemí Santana que hay que legislar en ese sentido para que «esas malas praxis tengan más limitada su oportunidad de ponerse en marcha en crisis como ésta».

Tras indagar la diputada de NC-BC Esther González en este asunto, la exconsejera ha dicho que bajo su parecer en el SCS se podría haber sido más exigente en los controles a la hora de comprar suministros porque, aunque entiende que se estaba buscando material sanitario «hasta debajo de las piedras, desde el Gobierno nos faltaban certezas de los controles que se estaban haciendo».

Ha reiterado que a ella no le parece «para nada incompatible» el procedimiento de emergencia en las compras con los controles porque «tenemos que ser garantistas» y contar con toda la fiscalización necesaria para evitar que se produzca una mala praxis.

También ha dicho en respuesta al diputado popular Fernando Enseñat, con el que ha tenido un tenso cruce de consideraciones, que no puede ponerse en el lugar del entonces presidente Ángel Víctor Torres para saber qué le llevó a nombrar a Conrado Domínguez al frente del SCS, pero sí ha recordado que este nombramiento «concitaba cierto agrado en la mayoría parlamentaria salvo Podemos».

Enseñat ha cuestionado asimismo si Santana preguntó en las reuniones del Consejo de Gobierno por las contrataciones de material sanitario, a lo que ella ha respondido que «sí, por supuesto».

«Actué siempre desde la corrección y como servidora pública desde mi responsabilidad en las deliberaciones del Consejo de Gobierno que, por respeto a mis compañeros, voy a mantener en secreto», ha subrayado Santana.

Ha afirmado también que tiene conocimiento de que el SCS abrió procedimientos por la llegada de material sanitario defectuoso y ha señalado que cuando tuvo conocimiento «a través de la prensa» del inicio de actuaciones judiciales por este asunto «claro que tuve conversaciones con mis compañeros en el Consejo de Gobierno, y la mayoría de ellos mostraron su sorpresa ante estos acontecimientos».

También fue la reacción de Ángel Víctor Torres, a quien «encontré totalmente devastado por que esto pudiera estar ocurriendo».

Ha señalado también que como parte del Gobierno solicitó que el Ejecutivo se personase en la causa para esclarecer la verdad «y así se hizo».

Además, en respuesta a la diputada nacionalista Vidina Espino, ha indicado Noemí Santana que en el Consejo de Gobierno se trasladó que se creaba un comité de gestión sanitaria por la premura de los acontecimientos y la necesidad de tomar decisiones inmediatas de manera eficiente para gestionar la pandemia.

Tampoco tuvo una conversación específica sobre si Torres gestionaba personalmente la compra de material, pero sí recuerda que el presidente dijo al principio de la pandemia «estamos moviéndonos» pero no que formara parte en primera persona de las negociaciones. «Nunca nos trasladó nada parecido».

«Entiendo que en aquel momento Antonio Olivera, siendo director accidental del SCS, era más consciente de los movimientos que se estaban haciendo para la adquisición de material», ha relatado la exconsejera de Derechos Sociales.

De su recuerdo tampoco consta que se les comunicase que había un informe de la Intervención General que en 2021 alertaba de la compra por 4 millones de euros de mascarillas que nunca se entregaron.

«Lo que sí recuerdo es que había cierto material sanitario que había llegado defectuoso y se inició el procedimiento para que de alguna manera se resarciera al SCS», ha continuado Santana, quien ha asegurado también que no le causa extrañeza que en aquel momento se utilizasen fondos europeos para la pandemia, lo que también hizo Derechos Sociales.

Además, y contestando a la diputada socialista Nira Fierro, ha indicado que no se usurpó ningún tipo de competencia de la Consejería de Derechos Sociales para comprar material y ha alabado la cooperación recibida por parte del comité de emergencias del Gobierno para el protocolo de atención a los centros sociosanitarios, que incluyó la colaboración de la Policía Canaria.

También la Consejería de Sanidad mostró «una absoluta colaboración» que permitió el cribado y la vacunación de los usuarios de los centros sociosanitarios, ha apuntado la extitular de Derechos Sociales.

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