Las cuatro falsedades de Conrado Domínguez, una por cada millón de dinero público perdido

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de abril 2024 | Actualizado 10/04/2024 17:56h.

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El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, tuvo claro desde la confesión de Rayco González, propietario de RR7 United y adjudicatario del contrato de cuatro millones por cubrebocas 3M, que el proceder del que fuera exdirector del Servicio Canario de Salud fue «altamente corrupto», según su informe de noviembre de 2022 incorporado a la causa del caso Mascarillas.

Ródenas apunta, al menos, a cuatro falsedades manifestadas por Domínguez tanto en su declaración inicial en la Fiscalía como posteriormente ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Según el fiscal que llevaba la causa antes de que fuese derivada a la Fiscalía Europea, el alto cargo investigado presuntamente sí negoció directamente con Rayco González, no era una oferta cerrada, participó en la subida de 100.000 euros del precio inicial del acuerdo y justificó los dos pagos anticipados de dos millones de euros cada uno sin ninguna garantía de que la mercancía iba a llegar a los hospitales canarios.

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Todo ello, determina esta parte, «para lograr un beneficio económico que remunere a un amigo», Oswaldo Lastras, en una operación «desleal en la correcta gestión del manejo de los fondos públicos», expuso en el escrito incorporado a la causa en el que pidió la detención tanto de Domínguez como de su amigo Lastras. Un proceder presuntamente corrupto que violaba los principios de transparencia, competencia y legalidad que deben regir la contratación pública.

Para Anticorrupción, esas cuatro supuestas mentiras que atribuye a Conrado Domínguez se centran en la referida adjudicación del acuerdo por cuatro millones de euros por un millón de mascarillas con RR7 y la relación que mantuvo con el responsable de la mercantil y el resto de intermediarios durante el proceso de contratación, con el presunto apoyo interno de la investigada Ana María Pérez, responsable de Recursos Económicos del SCS.

«Con Rayco nunca he hablado y Samuel Machín sí me llamó, entiendo que Oswaldo le daría mi teléfono en relación con la oferta que habían presentado y analizar el modelo de mascarillas». De esta forma, Conrado Domínguez afirmó no haber tenido contacto ni haber negociado directamente con el propietario de la empresa adjudicataria RR7.

Todo ello, contradiciendo las evidencias recabadas por los investigadores durante la instrucción de comunicaciones directas y negociaciones sobre precios y condiciones del contrato pagado íntegramente por el SCS.

«No negocié nada, me mandaron una oferta de un modelo de mascarilla a un precio y unas condiciones. No negocié con ellos si más, menos, arriba o abajo» El fiscal Ródenas señala que esta afirmación era falsa, basándose en las pruebas que indican que sí hubo una negociación directa que resultó en el aumento del precio por unidad de las mascarillas hasta llegar a un monto total de cuatro millones de euros. Esto supondría, para Anticorrupción, una presunta una manipulación deliberada del contrato en beneficio de los comisionistas, en concreto, de Oswaldo Lastras, al que califica como el «amigo personal» de Domínguez.

Apunta el informe que Conrado Domínguez defendió en sus comparecencias por este caso Mascarillas la necesidad de realizar los dos completos por anticipado a RR7 como una condición del contrato, algo que el fiscal señala como una supuesta manipulación y falta de justificación real.

Se ampara en las prácticas estándar de contratación de la Administración pública y las evidencias de la ausencia de cualquier razonamiento legítimo o documentación aportada por RR7 que respaldara dichos pagos ejecutados sin contrato alguno ni garantías de éxito.

Por último, el exdirector del SCS sugirió que el precio del contrato estaba establecido por parte de RR7 y que él no tuvo un papel activo en determinar ese costo. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que existen mensajes que demuestran su participación activa en la negociación del precio, que finalmente se infló en 100.000 euros para incluir las comisiones supuestamente ilícitas que iban a parar a manos de Lastras.

Ródenas, contundente: «No había ningún tipo de control»

El informe del fiscal Javier Ródenas contiene afirmaciones que resumen de forma contundente la gravedad de la supuesta actuación delictiva de los investigados del caso Mascarillas y la naturaleza de las imputaciones.

«Existe una sólida base indiciaria, objetivada en el flujo de comunicaciones intercambiadas entre los investigados»: Esta frase subraya el hallazgo de una evidencia basada en las comunicaciones entre los implicados, lo que sugiere un supuesto concierto de acciones entre Conrado Domínguez y el resto de esta trama para manipular el contrato de suministro de mascarillas en beneficio propio.

«Se pactó la fijación de un precio muy elevado al tipo de mascarilla FFP2 contratada desde el propio SCS en expedientes ya tramitados y ello vendría motivado por la existencia de un concierto de voluntades de los investigados para permitir el cobro de comisiones con cargo a los fondos públicos»: Con esta afirmación, el fiscal destaca la presunta manipulación deliberada del proceso de contratación para inflar en 100.000 euros los precios y beneficiar a su amigo Oswaldo Lastras.

.«Aceptar inflar el precio de un contrato público de suministro como medio para lograr un beneficio económico que remunere a un amigo es un comportamiento altamente corrupto»: Critica abiertamente la naturaleza supuestamente corrupta de las acciones de Rodríguez, donde benefició a un amigo destacando la falta de ética y legalidad en sus acciones.

«El fiscal no puede identificarse con la línea de razonamiento defensivo de que en la pandemia sufrida se permitiera todo y sin ningún tipo de control en la adjudicación de contratos públicos de suministro»: Ródenas rechaza cualquier justificación de las acciones basada en la emergencia de la pandemia, subrayando que la crisis no exime de cumplir con la ley y los principios de buena administración.

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«Es precisamente, este juego de equilibrios lo que decanta, a juicio del Ministerio Fiscal, la clara necesidad de recabar elementos de cargo mediante el sacrificio de los derechos fundamentales de los investigados»: Aquí justificó la petición de detener a Conrado Domínguez y a Oswaldo Lastras.