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Caso Mascarillas ·
Olivera reconoció que el 2 de abril de 2020 fue al Consejo de Gobierno un proyecto de decreto pero se dejó sobre la mesa para no tocar la estructura competencial
Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 10 de abril 2024, 02:00
El Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres trasladó por escrito al juez que instruyó inicialmente el caso Mascarillas que no se aprobó un decreto específico para dar cobertura legal al Comité de Gestión de la emergencia sanitaria porque eso habría conllevado alterar la estructura de funcionamiento del Ejecutivo autonómico.
En un escrito remitido al juzgado por el entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, se subraya que el Comité de Emergencia, constituido en marzo de 2020, actuaba a modo de grupo de trabajo pero sin concretar un método ni unas funciones específicas.
No fue eso lo que anunció el propio Gobierno en sus comunicados oficiales. En ellas, además de adjuntar fotos de las sesiones, especificó que se había incorporado a Conrado Domínguez en la segunda sesión, a pesar de que por entonces era secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas.
CANARIAS7 ha accedido al escrito firmado por Antonio Olivera y remitido al juzgado en octubre de 2022. Es la respuesta a preguntas enviadas por el juez Francisco Javier García García-Sotoca, que preguntó por el funcionamiento del Comité de Gestión y que instruía el caso hasta que las competencias fueron asumidas por la Fiscalía Europea.
Olivera hace hincapié en que el Comité de Gestión no tenía «capacidad ejecutiva propia» y tan solo «marcaba directrices» y «compartir criterios» sobre cómo hacer frente a la pandemia.
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integran la instrucción realizada en el juzgado de Las Palmas por el caso Mascarillas. Unos documentos que se encontraban bajo secreto y que se multiplicaron cuando la causa se fue a la Fiscalía Europea, actuaciones a la que ha accedido este periódico.
Cabe recordar que en ese Comité Gestión estaban, entre otros, el propio presidente Ángel Víctor Torres; el vicepresidente Román Rodríguez; la consejera de Sanidad Teresa Cruz; el titular de Presidencia, Julio Pérez; y el de Obras Públicas, Sebastián Franquis, además de Olivera; el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, y la que era directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez. Tras ser destituida Teresa Cruz y Blanca Méndez, sus funciones fueron asumidas primero por Julio Pérez y Olivera. Más tarde se incorporaría Blas Trujillo como consejero de Sanidad, con Alberto Pazos como director del SCS entre julio y septiembre de 2020. En ese mes, fue nombrado al frente del SCS Conrado Domínguez.
El juez había preguntado por el funcionamiento del Comité para tratar de dilucidar de dónde salió la decisión de contratar con RR7 la compra de un millón de mascarillas del modelo 1860 de la multinacional 3M, previo pago de 4 millones de euros.
Las respuestas de Olivera y Julio Pérez fueron orientadas a descargar de toda responsabilidad en las contrataciones al Comité de Gestión.
El 2 de abril de 2020, el Consejo de Gobierno se reúne con un orden del día que incluye un proyecto de decreto para dar estructura legal al Comité de Gestión, con el fin, según Olivera, de «colaborar en la adopción de decisiones».
El viceconsejero señaló en su escrito que ese proyecto de decreto quedó sobre la mesa, tras ser advertidos de que su aprobación conllevaba alterar la estructura de funcionamiento del Gobierno. El asunto «nunca más se trató en las deliberaciones» del Consejo de Gobierno, afirma de manera contundente el viceconsejero Olivera en su escrito de octubre de 2022.
«Los comités siguieron funcionando como sesiones de trabajo en las que se identificaban directrices y se compartían criterios», agrega Olivera.
El escrito del que fuera viceconsejero de Presidencia al juez fue acompañado de una certificación del consejero de Presidencia, Julio Pérez, con el orden del día de aquel Consejo de Gobierno de abril de 2022, en el que aparecía ese proyecto de decreto que finalmente no vio la luz.
Esta es una de las cuestiones que previsiblemente serán abordadas en la comisión de investigación aprobada por el Parlamento de Canarias. Queda por constituirse la misma y que los partidos eleven sus propuestas de comparecencias y fijar un calendario de trabajo.
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