Acosta quiere evitar la crispación en la investigación aunque «algunos vendrán con la escopeta cargada»

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de mayo 2024, 13:26 | Actualizado 18:33h.

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Con el objetivo de depurar las posibles responsabilidades políticas en la gestión de la compra de material sanitario por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia y con la intención de que no se traslade a este foro la crispación de las Cortes, este lunes arrancó la comisión de investigación en el Parlamento canario.

Este equipo de trabajo, apoyado de manera unánime por el pleno de la Cámara, fue solicitado por CC y PP a finales de febrero para detectar las supuestas irregularidades que costaron a las arcas canarias unos 45 millones, tal como expusieron en la presentación de la iniciativa.

La comisión estará presidida por el diputado de AHI, Raúl Acosta (Grupo Mixto), a quien acompañarán Gustavo Santana (PSOE) como vicepresidente y Luz Reverón (PP) como secretaria. NC votó en blanco y la diputada de Vox se votó a sí misma.

Acosta reconoce que «habrá momentos de tensión y alto voltaje» en las sesiones de la comisión, sobre todo cuando comparezcan los responsables políticos más relevantes de la anterior legislatura -el PP ya ha anunciado que pedirá la presencia del ministro y expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres-, porque «ahí los grupos querrán sacar el mayor rédito político».

En esos casos, tirará de mano izquierda para mantener la serenidad en el debate, poner el foco en saber lo que ocurrió y en disponer medidas para evitar que pase de nuevo. «Lo demás es ruido y no debe desviarnos de lo importante».

En este sentido, muestra su preocupación por que la crispación que preside el debate en Madrid se traslade al Parlamento de Canarias. «Cada grupo tiene su estrategia y algunos ya vendrán con las pistolas cargadas».

El presidente considera que saber qué ocurrió es «un derecho de la ciudadanía, independientemente de donde estén ahora las personas que ocupaban esos cargos la legislatura pasada». Por eso, entiende como una obligación «ir al fondo y después adoptar medidas correctoras».

Para Acosta, uno de los riesgos que tiene la comisión es que algunas comparecenciaspierdan peso por el derecho de no contestar que tienen los comparecientes, pero justifica esta posible actitud en que «todo lo que digan va a poder ser utilizado en un procedimiento judicial», y recuerda que ya hay diligencias previas abiertas y algún compareciente «tendrá la cautela debidas en base a su derecho de defensa».

En cambio, cuenta la comisión con la parte documental que pedirán los grupos, y que espera que arrojen claridad sobre las gestiones que se realizaron durante la crisis sanitaria.

Entre esta documentación, se pedirá un nuevo informe a la Audiencia de Cuentas, así como información que pudiera haber sustanciado el primer informe que no se llegó a debatir.

Además, se reclamarán, «probablemente», todos los expedientes vinculados a las contrataciones que se realizaron, incluida información mercantil que incluya fecha de constitución de sociedades, quienes son sus administradores o quienes estaban detrás de las personas jurídicas que operaban con el Servicio Canario de Salud.

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Reitera el diputado herreño que la comisión de investigación «no va a hacer un juicio paralelo por mucho que algunos se empeñen», sino que su interés es señalar si se produjeron irregularidades en la contratación «porque eso debe tener repercusiones políticas», además de que es preciso poner medidas para que «en situaciones similares, por muy excepcionales que sean, no se den contrataciones irregulares e ilegales».