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La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia se realizará a puerta abierta, lo que vendrá a añadir más tensión tanto a los comparecientes como a los integrantes y a la dinámica de este grupo de trabajo. Excepto casos excepcionales, señala la institución, las sesiones serán públicas y, con toda probabilidad se iniciarán antes de que acabe el mes de abril.
Los grupos esperan que este viernes queden aprobadas las normas de funcionamiento después de ser sometidas a un proceso de corrección y alegaciones por parte de las diferentes formaciones políticas. A partir de entonces, se podrá constituir la comisión que será, como muy tarde, en diez días.
Sin duda, la comparecencia más esperada es la del expresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El líder popular, Manuel Domínguez, ya ha anunciado que su partido lo llamará porque considera que debe comparecer «físicamente» en la comisión. Tanto Torres como el PSOE han mostrado en todo momento su predisposición a colaborar en la investigación parlamentaria porque, tal como han reiterado hasta ahora, «no tenemos nada que esconder». Además, se han manifestado como los más interesados en que «se investigue a fondo (las posibles irregularidades ) y, si hay algún implicado, que asuma las consecuencias».
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La comisión de investigación contará con 17 miembros y estará conformada por seis representantes del Partido Socialista (PSOE), cuatro de Coalición Canaria (CC) y tres del Partido Popular (PP), además de uno por cada una de las formaciones restantes. Con esta composición, los grupos del pacto CC y PP se aseguran tener la mayoría, mientras que los socialistas han optado por no incluir en la comisión a ninguna de las personas que tuvieron responsabilidades durante el Pacto de las Flores.
De entrada, existe un acuerdo previo para que el parlamentario del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AH), presida la comisión atendiendo a su «talante tranquilo y razonable», además de su condición de abogado de profesión, según distintos portavoces.
Lo cierto es que va a necesitar tirar de carácter para evitar que el ruido y la crispación se instalen en esta comisión de investigación, sobre todo por parte del Partido Popular, que tratará de llevar al Parlamento de Canarias la guerra particular contra el PSOE que tiene abierta en el Congreso de los Diputados.
Los proponentes quieren poner «luz y taquígrafos» para que se conozca qué ocurrió en la gestión de la compra de material sanitario ante el «supuesto cúmulo de irregularidades» detectado. Sin embargo los populares van más allá y han intentado convertir esta comisión de investigación en el 'caso Torres', tal como lo llamó la portavoz, Luz Reverón, en el momento de registrar la iniciativa en la Cámara autonómica.
Tanto ella como el diputado nacionalista, José Alberto Díaz Estébanez, indicaron en aquel momento que la situación se deriva de su manera de gobernar, «sin rigor ni transparencia», que han costado a las arcas públicas cerca de 45 millones de euros.
La primera tarea de la comisión será establecer un calendario de trabajo y definir las comparecencias que cada grupo proponga. El plazo fijado en las normas de funcionamiento es de seis meses con una ampliación de cuatro meses, un tiempo «ajustado» según algunas formaciones, que ya prevén que las sesiones tendrán que ser en algunos casos de mañana y tarde para ajustarse a la agenda de los comparecientes y cumplir las previsiones. Además, la asistencia de las personas citadas -que tienen la obligación de asistir- se desarrollará mediante la fórmula de pregunta-respuesta, frente a una propuesta de que fuera, como es habitual en una comisión normal, con intervenciones pautadas sin posibilidad de 'repreguntar'.
La comisión, aprobada por el Parlamento a propuesta de CC y PP pretende esclarecer las responsabilidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Según el acuerdo del pleno, esta investigación se circunscribe a la adquisición por parte del Servicio Canario de Salud (SCS). Sin embargo, los partidos del pacto eliminaron esta última referencia, lo que ha motivado la protesta del PSOE y NC al entender que la Junta de Portavoces no puede modificar un acuerdo del pleno. En este sentido, los portavoces de estos grupos, Sebastián Franquis y Luis Campos, muestran su sorpresa por este cambio y se preguntan «cuál es la intención», sobre todo porque «cualquier grupo puede llamar a quien quiera del anterior Gobierno o a quien considere, sea del SCS o no».
Las investigaciones más polémicas en el Parlamento de Canarias
El caso Tindaya Sin duda, la comisión más mediática y una de las que tuvo mayor repercusión política fue la de Tindaya. Creada en abril del año 2000, este equipo de trabajo parlamentario buscaba encontrar respuestas al destino de los muchos millones pagados para desarrollar el proyecto de Eduardo Chillida en la montaña majorera de Tindaya y que, después de pasados los años, seguían sin mover una piedra. La votación en el pleno del Parlamento del dictamen que exigía responsabilidades a todo el Gobierno de Manuel Hermoso entre 1995 y 1999 supuso la división del voto del Partido Popular y a punto estuvo de acabar con el Ejecutivo liderado por Román Rodríguez, entonces en las filas de CC.
El caso eólico La crispación llegó al insulto político y personal en la comisión del caso eólico, en la que se investigaba el amaño en el concurso de asignación de potencia eólica convocado en 2004 por el entonces consejero de Industria, Luis Soria, hermano del máximo dirigente del PP en aquel momento, José Manuel Soria. El dictamen cargó todas las presuntas irregularidades sobre el exdirector de Industria Celso Perdomo (PP), aunque también aludía a las posibles responsabilidades del exconsejero socialista José Francisco Henriquez.
El caso Amorós La investigación sobre las «supuestas irregularidades» cometidas por el exdirector general del Tesoro, Alberto Amorós, entre 1997 y 2002 tuvo su origen en un informe realizado por la Audiencia de Cuentas. La comisión se cerró con un documento de conclusiones -con el voto en contra del PSOE- que no detectaba hechos delictivos y que se limitó a dar a la administración consejos para mejorar los convenios de contratación con terceros.
Caso Icfem La gestión de los fondos públicos destinados a impartir formación a desempleados del archipiélago -con un resultado de diez millones de dinero público desaparecido- era el objeto de esta investigación, que en su vertiente judicial llevó al banquillo a un consejero y cinco directores generales que resultaron absueltos.
Tebeto, sin caso No fue Tindaya la única montaña majorera que se vio envuelta en el más agrio debate político. El Parlamento regional rechazó en 2009 la creación de una comisión de investigación sobre los hechos y actuaciones de las administraciones públicas de Canarias relativos a la concesión de explotación minera a favor de la empresa Canteras Cabo Verde S.A. en las Montañetas de Tebeto. Los grupos parlamentarios de CC y PP rechazaron la iniciativa porque el PSOE no aceptó que Paquita Luengo formara parte de la comisión.
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